Sonia Velásquez Estrada

Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
11/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Sonia Velásquez Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE; Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Precisado lo anterior, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ******; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 11/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, si bien la demanda de que se trata fue promovida por persona diversa a la quejosa, aduciendo realizarlo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; no resulta procedente en este momento requerir la ratificación de la demanda, toda vez que la misma promovente manifestó que la quejosa se encuentra internada en un hospital asignado para el tratamiento del virus Covid-19, lo que impide el acceso a personal ajeno al mismo, con el objeto de evitar la propagación del virus. No obstante, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, se ordena proveer lo conducente, sin perjuicio de que una vez que las circunstancias lo permitan o la quejosa se encuentre en mejor estado de salud, se ordene la práctica de la diligencia correspondiente. Establecido lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo, resulta oportuno tener en cuenta que los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.] De los artículos en cita se tiene presente que, si este juzgado al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe ordenar prevenir a la parte quejosa para que sea subsanada, para luego determinar lo que en derecho corresponda. En este sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado: ".la negativa a autorizar medios alternativos en contra del COVID-19, en este caso particular, la prohibición por parte de la SECRETARÍA DE SALUD y la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), del uso del tratamiento conocido como DIÓXIDO DE CLORO por parte del Hospital SEDNA, en el cual se está atendiendo la quejosa"; no obstante lo anterior, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la promovente señaló: No obstante a nuestras peticiones para el uso del Medicamento alternativo, como el uso de Dióxido de Cloro en la C. SONIA VELÁZQUEZ ESTRADA, como tratamiento alternativo al COVID-19. No se nos ha autorizado por parte del personal del Hospital SEDENA. Lo anterior genera incertidumbre en la precisión de los actos reclamados y las autoridades responsables a quienes se les atribuyen. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1. Manifieste si el acto reclamado que señala como destacado se traduce en la negativa al uso del DIÓXIDO DE CLORO como tratamiento alternativo en la quejosa; o en su caso, en la prohibición general que de dicha sustancia se ha impuesto para el tratamiento del Covid-19; en cuyo caso, deberá precisar las autoridades responsables a quienes se lo atribuye, particularizando su calidad de ordenadora y/o ejecutora. 2. Toda vez que en una parte de la demanda señala que la quejosa Sonia Velázquez Estrada se encuentra internada en el "Hospital Sedna", pero en el capítulo antes reseñado mencionó al personal del "Hospital Sedena", precise con claridad en dónde se encuentra y quiénes le negaron el tratamiento; asimismo, si es su deseo señalar a dichas personas como autoridades responsables, o en su caso, al titular de dicho nosocomio, debiendo particularizarlos. 3. Precise si el tratamiento que solicita le sea aplicado a la quejosa, fue prescrito por algún médico especialista y porqué consideró que el mismo resultaría eficaz para tratar la condición de la quejosa. 4. Manifieste bajo protesta de decir verdad si la quejosa conoce del tratamiento propuesto por la promovente y si le han sido informados los efectos negativos o positivos del mismo en la actualidad en el interior del hospital en el que se encuentra. 5. De igual manera, precise bajo protesta de decir verdad si previo al ingreso al hospital en el que se encuentra, la propia quejosa manifestó su deseo y aceptación en la aplicación del tratamiento con dióxido de cloro, debiendo exhibir, en su caso, prueba de ello. De ser el caso, bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar la narración de los hechos que constituyan los antecedentes de dicho acto, de acuerdo con el artículo 108, fracción V. Apercibida que de no cumplir con dicho requerimiento, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por la promovente del amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011,2 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN Por otra parte, en virtud de la naturaleza del acto reclamado, procede pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Del precepto legal transcrito se conoce que, procede la suspensión de oficio y de plano, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y,b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De la lectura de la demanda se aprecia que la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "La negativa a autorizar medios alternativos en contra del COVID-19, en este caso particular, la prohibición por parte de la SECRETARÍA DE SALUD y la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), del uso del tratamiento conocido como DIÓXIDO DE CLORO por parte del 'Hospital SEDNA', en el cual se está atendiendo la quejosa." Asimismo, solicitó la suspensión de plano del acto reclamado "a efecto de la prohibición (sic) de uso del medicamento alternativo conocido como Dióxido de Cloro, por parte de la SECRETARÍA DE SALUD y la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)". En ese sentido de lo transcrito se puede advertir que la promovente alega que la negativa a suministrar a la quejosa el tratamiento médico alternativo que refiere, podría poner en peligro la vida y salud de la misma. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el EstadoMexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".3 En ese contexto, toda vez que este órgano jurisdiccional no conoce la voluntad de la quejosa, y en su caso, si tiene conocimiento de la promoción de la demanda que se provee, tampoco puede tener la certeza de que sea ésta quien solicita el suministro de la sustancia denominada DIÓXIDO DE CLORO y, con ello, si está consciente de los efectos que produce; por ello, lo procedente es negar la suspensión de plano en los términos en que fue solicitada por la quejosa respecto de los actos reclamados. Aunado a ello, la promovente manifiesta que la quejosa ***** actualmente se encuentra internada en el Hospital SEDNA, lo que refiere se advierte de la copia simple de la hoja de admisión de doce de enero del presente año, por un cuadro de COVID-19, por lo que es evidente que médicos especialistas la están tratando respecto de dicha enfermedad. En ese sentido, esta resolutora no tiene conocimientos en Medicina, ni es perito en la materia, para ordenar sea suministrado algún tratamiento a cualquier paciente, y ante el desconocimiento de si el mismo puede o no ser adecuado, de ordenarse su aplicación se sobrepondría a la decisión científica del personal médico del nosocomio en el que se encuentra internada la quejosa, contraviniendo el tratamiento médico que actualmente recibe. Además, la viabilidad del tratamiento está sujeto a prueba y la misma está directamente relacionada con el fondo del juicio, por lo que no podría concederse la suspensión para que sea aplicado, cuando ello implicaría vulnerar la materia del fondo del juicio; máxime, si tampoco se tiene conocimiento de que alguna autoridad sanitaria o de salud haya autorizado el suministro del dióxido de cloro como tratamiento médico efectivo para contrarrestar el virus Sars-Cov2 Covid-19; o bien que exista un estudio pormenorizado emitido por alguna institución médica, académica o científica que avale que la decisión tomada por el personal médico contraríe la salud de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis4 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados. Caso contrario de lo que sucede en la negativa total de atención médica, pues en ese supuesto sí se dejaría totalmente indefenso su derecho a la salud; lo que en el presente asunto no se actualiza; por lo que la negativa de la suspensión, oafectaría el estado en el que actualmente se encuentra, a saber, con tratamiento médico en la institución hospitalaria que refiere. De igual forma, es de destacarse que la naturaleza del acto que reclama es negativa, pues esta implica el no actuar de manera favorable respecto de una solicitud presentada por el gobernado, de manera que no podría concederse la medida suspensional. Resulta aplicable a las anteriores consideraciones, en lo conducente, la la tesis II.3o.C.2 K,5 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que expresa: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos restitutorios de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Sin que lo anterior, implique de manera alguna que la quejosa quien se encuentra internada deje de recibir el tratamiento que actualmente se le suministra por médicos especialistas para contrarrestar la enfermedad o padecimiento que tiene, al ser portadora del virus Sars-Cov2 (Covid-19).

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