Sonia Patricia Tuyub Nuñez

Expediente 844/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
844/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Sonia Patricia Tuyub Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio firmado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa que mediante diverso *** de veintiuno de octubre de dos mil veinte, esa Dirección otorgó la suficiencia presupuestal número *** a favor del quejoso. Ahora, del contenido del diverso juicio de amparo *** del índice de este Juzgado, se desprende que mediante diverso proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, informando el procedimiento interno que esa Fiscalía lleva actualmente para efectuar el pago de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, siendo estas las siguientes: (.) En atención a lo anterior, y toda vez que la información que obra en los diversos juicio de amparo tramitados ante esta juzgadora constituyen un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , se advierte que el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, conforme a lo informado por la autoridad en comento, respecto del pago de la cantidad que debe entregarse a la quejosa, se encuentra en la ETAPA TRES, y en la cual la Dirección de Finanzas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debe elaborar la Cuenta por Pagar a nombre de la parte quejosa. Lo anterior, en virtud del contenido del oficio de cuenta, a través del cual el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mediante el contenido del oficio *** de veintiuno de octubre de dos mil veinte, autorizó la suficiencia presupuestal para pagar al accionante de amparo. Al respecto, esta juzgadora considera que el acto que debe llevar a cabo el Director de Finanzas no implica la realización de gestiones de exagerada dificultad y remitir a esta jueza las constancias que lo acrediten. Por lo tanto, se considera que un plazo de VEINTE DÍAS debería ser suficiente para demostrar el cumplimiento de la etapa de que se trata, lo cual es necesario para dar celeridad al procedimiento de ejecución del fallo protector, mandatorio en términos del séptimo párrafo del artículo 17 constitucional. REQUERIMIENTOS Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director de Finanzas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de VEINTE DÍAS, remita a esta juzgadora las constancias con las que acredite haber elaborado la Cuenta por Pagar a nombre del quejoso ***; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. De igual forma, requiérase al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que dentro del mismo plazo le ORDENE y conmine a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles deben otorgarse como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta juzgadora. Lo anterior, a reserva de que esta juzgadora fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito firmado criptográficamente por el apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual en atención al proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, amplía su escrito de demanda. Ahora, de la lectura del escrito de ampliación de demanda de amparo, se advierte que la promovente no ajustó su escrito cumpliendo con cada uno de los requisitos que exige el artículo 108, de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión o no de la demanda, con fundamento en los artículos 110 y 114, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1. Ajuste su escrito de ampliación de demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA. EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes. En el entendido que deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad" los antecedentes del acto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. 2. Exhiba una copia del escrito por el que ajuste su ampliación de demanda de amparo por cada autoridad que señale y para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Apercibida, que de no cumplir con dichos requerimientos, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentado el escrito de ampliación de demanda. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

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