Sonia Rubi Chiquil Kumul
Expediente 162/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Sonia Rubi Chiquil Kumul y Otros.
- Miguel Ángel Pat Llanes y Otros.
- Sonia Rubi Chiquil Kumul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa, que es la única legitimada al efecto, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 72 a 76), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer tal medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el veintiocho de abril de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintisiete de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de abril del año en curso (fojas 62 y 63), toda vez que remite copia certificada de las notificaciones de veintiuno del citado mes y año, a través de la cual se notifica a la parte quejosa, el acuerdo de quince de marzo del presente año, que fuera dictado en el juicio de origen. En ese contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete (fojas 62 y 63) se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, a través del cual rindió informe justificado, en el sentido de que no era cierta la omisión que se le reclamaba, toda vez que por acuerdo de quince de marzo del año en curso, proveyó el escrito del quejoso que fuera presentado el dos de febrero de esta anualidad, circunstancia que acreditó con copia certificada del libelo y proveído en mención (fojas 58 a 61). Asimismo, de las constancias que anexó al oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable notificó al quejoso el proveído de quince de marzo del año en curso. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "PRIMERO.- Para acreditar de manera fehaciente la personalidad de APODERADO GENERAL DE LOS SEÑORES SONIA RUBI CHIQUIL KUMUL Y MIGUEL ANGEL PAT LLANES, con que comparezco en el presente Juicio de Amparo Indirecto, ajunto al presente memorial, la copia certificada de la escritura numero 539 volumen 19 expedida de fecha 18 de noviembre de 2016 por el Lic. Norberto López García, Titular de la Notaría Publica número 36 del Estado de Tabasco, y la copia certificada del acta numero 948 Tomo L, Volumen D, Folio 101/103 expedido en fecha 18 de noviembre de 2016 por el Mtro. Carlos Alfredo Evia Salazar, Titular de la Notaría Publica número 16 del Estado de Yucatán, siendo que ambas fueron debidamente certificadas ante la fe pública del Titular de la Notaría Publica número 16 del Estado de Yucatán, Mtro. Carlos Alfredo Evia Salazar. SEGUNDO.- Se precisa que el acto reclamado de la presente demanda de amparo, consiste la inexplicable omisión del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, señalada como autoridad responsable de dictar acuerdo que provea la solicitudes de EMBARGO O ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA: BANCO HSBC, BANCO BBVA BANCOMER, BANCO BANAMEX, BANCO IBC, que aparentemente tiene la empresa de HIDROPONÍA MAYA S.A. DE C.V. demandada en el juicio de origen DI-141/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, y también la solicitud para que se pida un informe justificado a la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA DE VALORES, a fin de que rinda el informe respectivo acerca de las cuentas bancarias, que se tenga registrado de la empresa Hidroponía Maya S. A de C. V,. y de resultar positiva la información rendida, se aseguren las cuentas bancarias necesarias para garantizar de manera suficiente el pago de las prestaciones a que fue condenada en la sentencia de laudo número 060/2014-J, en el expediente laboral DI-141/2012. Del análisis de la copia certificada del acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete (foja 61) enviada por la autoridad responsable en el oficio a través del cual rindió su informe justificado, se advierte que dio contestación al escrito que presentó la parte quejosa el dos de febrero de dos mil diecisiete, en el que determinó lo siguiente: [Supresión de imagen por datos sensibles] De la imagen anterior se advierte que el Presidente de la Junta responsable, el quince de marzo de dos mil diecisiete, dio contestación al libelo que presentó la parte quejosa el dos de febrero de dos mil diecisiete, en el sentido de que se le previno para que señalará el nombre completo y correcto de las Instituciones bancarias a las que hizo referencia, para posteriormente, en caso de ser necesario, hacer lo propio respecto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mismo acuerdo que se le notificó el veintiuno de los corrientes, tal y como se acredita de las constancias que se remitieron al oficio de cuenta. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que dio contestación al escrito presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete, en segundo lugar, al haber realizado su notificación a la parte quejosa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para el día de hoy de la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de alegatos con numero de oficio 93/2017 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual, en ejercicio de la intervención que legalmente le corresponde, de acuerdo a lo previsto por los numerales 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto, sin perjuicio de ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia. Como lo solicita el citado Agente, una vez que se dicte resolución en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica y hágase entrega de la mismas cuando las labores de este juzgado así lo permitan, previa razón de recibo que se deje en autos.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por virtud del cual se le tiene rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, aportando como medio de convicción de su parte, en copia certificada lo siguiente: ***. Constancias que se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza, las cuales serán relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Luego, atento al estado procesal que guardan los presentes autos, debe decirse que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo dictado el quince de marzo de esta anualidad, proveyó los escritos presentados el dos de febrero de dos mil diecisiete. Asimismo, de dicha constancia se desprende que se ordenó que el acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, fuera notificado de manera personal a la parte aquí quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, para que en el término de tres días, remita a este órgano jurisdiccional la constancia de notificación que se realizó a la parte quejosa, del acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior se impone de esa manera, ya que este órgano jurisdiccional observa la posible actualización de una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo.
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