Sonia Rubi Chiquil Kumul y Otros.

Expediente 186/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
186/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Sonia Rubi Chiquil Kumul y Otros.
  • Sonia Rubi Chiquil Kumul
  • Miguel Ángel Pat Llanes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ***, en su carácter de autorizado en términos amplios de los quejosos, en atención a su contenido y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse a su costa copia certificada por duplicado de todo lo actuado en el juicio en que se actúa y hágasele debida entrega de las mismas, cuando las labores de este Juzgado Federal así lo permitan. Asimismo, se autoriza para recibirlas a la persona que indica en el escrito de cuenta, previa identificación y constancia de recibo que obre en autos. Finalmente, en virtud que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, en su oportunidad devuélvase al archivo.

  2. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis (fojas 28 a 32), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de tres de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y remite copia certificada de las siguientes constancias: Proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, escrito de cinco de febrero de dos mil dieciséis, y auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, mismos que obran en el expediente laboral DI-141/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por los quejosos Sonia Rubí Chiquil Kumul y Miguel Ángel Pat Llanes contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV. ACTO U OMISION QUE SE RECLAME.- Lo hago consistir en la inexplicable omisión o negativa de la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, señalada como autoridad responsable de dictar el acuerdo respectivo que provea al escrito presentado por nuestro apoderado en fecha 10 de febrero de 2016, donde le solicita al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, como su facultad exclusiva de requerir de pago y/o embargo de las prestaciones condenadas a la parte demanda en ejecución del laudo número 060/2014-J de fecha 26 de septiembre de 2014, en el Juicio Reclamatorio Laboral DI-141/2012, mismo que consta en autos del citado expediente laboral, tendiente a cumplimentar la etapa de ejecución, que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 946, para poder cobrar el monto de las prestaciones que nos corresponden y que fueron dictadas a nuestro favor en dicha sentencia definitiva, mismo juicio laboral que promoviéramos los ahora quejosos Sonia Rubí Chiquil Kumul y Miguel Ángel Pat Llanes, en contra de la persona moral Hidroponia Maya Sociedad Anónima de Capital Variable, así como en contra de los ciudadanos Otto Ventura Osorio, Director General, Gilmer Andes Arroyo Sánchez, Director de Administración, Sergio Vicente Chab Acosta, Subdirector de Recursos Materiales y Moisés Rodríguez Hernández, Coordinador General Programa de Papaya Maradol, todos y cada (sic) con dichos puestos pertenecientes a la Empresa Hidroponia Maya Sociedad Anónima de Capital Variable, y que cursa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, bajo el expediente número DI-141/2012, y siendo que dicho acuerdo acerca de la petición de ejecución de laudo, y el implícito despacho del requerimiento de pago y/o embargo de las prestaciones condenadas, ya debió haberse dictado y ejecutado por la autoridad señalada como responsable en estricto cumplimiento de lo ordenado en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, como medida necesaria, pronta y expedita, además de haber transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, y de que en nuestro perjuicio, ya han transcurrido en exceso casi ocho meses de haberse dictado la sentencia definitiva en forma de laudo de fecha 26 de septiembre de 2014, y de haberse notificado en igual tiempo esta sentencia a la parte demandada en el juicio laboral, sin que este haya procedido al pago de las prestaciones condenadas, es por tales razones, que ahora nos vemos obligados a presentar esta demanda de amparo ante la evidente omisión de la autoridad señalada como responsable. Dicha omisión o negativa de la autoridad señalada como responsable de dictar el acuerdo respectivo que provea al escrito presentado por nuestro apoderado en fecha 10 de febrero del año 2016 y su implícita ejecución del laudo número 060/2014-J de fecha 26 de septiembre de 2014, en el Juicio Reclamatorio Laboral DI-141/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, tendiente a cumplimentar la etapa de ejecución, que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 946, para poder cobrar el monto de las prestaciones condenadas que nos corresponden y que fueron dictadas a nuestro favor en dicha sentencia definitiva, aun habiéndoselo solicitado expresamente mediante el citado escrito presentado en fecha 10 de febrero del año 2016 y que consta en autos del expediente laboral DI- 141/2012, es y resulta totalmente incomprensible y constituye una franca y total violación a nuestros derechos fundamentales, garantizados por los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda, se observa que los promoventes se duelen de la omisión de acordar el escrito presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio reclamatorio laboral DI-141/2012. Por tal motivo, en auto de siete de abril de dos mil dieciséis (fojas 14 a 17), se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que no era cierto el acto que le imputaron los quejosos, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, tal como se advierte de la papeleta de turno, en tanto que la contestación del escrito presentado por el apoderado legal de los aquí quejosos el diez de febrero de dos mil dieciséis, se realizó hasta el veintisiete de abril del año en curso, se colige que la omisión de la que se duelen los quejosos sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable en su escrito de cuenta, consistente en el proveído de veintisiete de abril del año en curso, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por los aquí quejosos, acuerdo en el que determinó lo siguiente: "CUENTA: En fecha Veintisiete del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis, la Presidente de esta Honorable Junta de Conciliación y Arbitraje, da cuenta con el escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Autoridad Laboral, a las 02:22 p.m. del día Diez de Febrero de dos mil Dieciséis.- CONSTE.- El Secretario General de Acuerdos.- - - - - - - - - - - Chetumal Quintana Roo, a Veintisiete del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUTO: V I S T O el escrito con el que se da cuenta, suscrito por el CARLOS ARMANDO PERAZA MOGUEL, y en cuanto a su contenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL PRESIDENTE ACUERDA: en cuanto a lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, con fundamento en el artículo 950 de la Ley Federal del trabajo proceda el C. Actuario de la adscripción a requerir el pago y/o embargo a la demandada HIDROPONIA MAYA S.A. DE C.V., las cantidades consignadas en el auto de fecha Cuatro de Diciembre del año dos Mil Quince, en su domicilio ubicado en carretera Felipe Carrillo Puerto- Mérida kilometro 4, sin número Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda.- NOTIFIQUESE Y PROVEASE SU FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO. Así lo acordó el Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, ante el secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. -----------------" En esa tesitura, al haberse proveído el escrito de cinco de febrero del año en curso, presentado por el apoderado legal de los aquí quejosos ante la autoridad el diez del mismo mes y año, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señalaron los aquí quejosos Sonia Rubí Chiquil Kumul y Miguel Ángel Pat Llanes. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por el apoderado legal de los quejosos el diez de febrero de dos mil dieciséis, en el expediente laboral número DI-141/2012 de su índice, y le fue notificada a la parte quejosa mediante lista de estrados el veintinueve de abril del año en curso, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber proveído dicho escrito las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegaron por esta vía los hoy quejosos. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de nueve de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de tres de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado, y remite copia certificada de las siguientes constancias: Proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, escrito de cinco de febrero de dos mil dieciséis, y auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, mismos que obran en el expediente laboral DI-141/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por los quejosos Sonia Rubí Chiquil Kumul y Miguel Ángel Pat Llanes contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, a quien le atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV. ACTO U OMISION QUE SE RECLAME.- Lo hago consistir en la inexplicable omisión o negativa de la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, señalada como autoridad responsable de dictar el acuerdo respectivo que provea al escrito presentado por nuestro apoderado en fecha 10 de febrero de 2016, donde le solicita al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, como su facultad exclusiva de requerir de pago y/o embargo de las prestaciones condenadas a la parte demanda en ejecución del laudo número 060/2014-J de fecha 26 de septiembre de 2014, en el Juicio Reclamatorio Laboral DI-141/2012, mismo que consta en autos del citado expediente laboral, tendiente a cumplimentar la etapa de ejecución, que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 946, para poder cobrar el monto de las prestaciones que nos corresponden y que fueron dictadas a nuestro favor en dicha sentencia definitiva, mismo juicio laboral que promoviéramos los ahora quejosos Sonia Rubí Chiquil Kumul y Miguel Ángel Pat Llanes, en contra de la persona moral Hidroponia Maya Sociedad Anónima de Capital Variable, así como en contra de los ciudadanos Otto Ventura Osorio, Director General, Gilmer Andes Arroyo Sánchez, Director de Administración, Sergio Vicente Chab Acosta, Subdirector de Recursos Materiales y Moisés Rodríguez Hernández, Coordinador General Programa de Papaya Maradol, todos y cada (sic) con dichos puestos pertenecientes a la Empresa Hidroponia Maya Sociedad Anónima de Capital Variable, y que cursa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, bajo el expediente número DI-141/2012, y siendo que dicho acuerdo acerca de la petición de ejecución de laudo, y el implícito despacho del requerimiento de pago y/o embargo de las prestaciones condenadas, ya debió haberse dictado y ejecutado por la autoridad señalada como responsable en estricto cumplimiento de lo ordenado en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, como medida necesaria, pronta y expedita, además de haber transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, y de que en nuestro perjuicio, ya han transcurrido en exceso casi ocho meses de haberse dictado la sentencia definitiva en forma de laudo de fecha 26 de septiembre de 2014, y de haberse notificado en igual tiempo esta sentencia a la parte demandada en el juicio laboral, sin que este haya procedido al pago de las prestaciones condenadas, es por tales razones, que ahora nos vemos obligados a presentar esta demanda de amparo ante la evidente omisión de la autoridad señalada como responsable. Dicha omisión o negativa de la autoridad señalada como responsable de dictar el acuerdo respectivo que provea al escrito presentado por nuestro apoderado en fecha 10 de febrero del año 2016 y su implícita ejecución del laudo número 060/2014-J de fecha 26 de septiembre de 2014, en el Juicio Reclamatorio Laboral DI-141/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, tendiente a cumplimentar la etapa de ejecución, que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 946, para poder cobrar el monto de las prestaciones condenadas que nos corresponden y que fueron dictadas a nuestro favor en dicha sentencia definitiva, aun habiéndoselo solicitado expresamente mediante el citado escrito presentado en fecha 10 de febrero del año 2016 y que consta en autos del expediente laboral DI- 141/2012, es y resulta totalmente incomprensible y constituye una franca y total violación a nuestros derechos fundamentales, garantizados por los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda, se observa que los promoventes se duelen de la omisión de acordar el escrito presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio reclamatorio laboral DI-141/2012. Por tal motivo, en auto de siete de abril de dos mil dieciséis (fojas 14 a 17), se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que no era cierto el acto que le imputaron los quejosos, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, tal como se advierte de la papeleta de turno, en tanto que la contestación del escrito presentado por el apoderado legal de los aquí quejosos el diez de febrero de dos mil dieciséis, se realizó hasta el veintisiete de abril del año en curso, se colige que la omisión de la que se duelen los quejosos sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable en su escrito de cuenta, consistente en el proveído de veintisiete de abril del año en curso, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por los aquí quejosos, acuerdo en el que determinó lo siguiente: "CUENTA: En fecha Veintisiete del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis, la Presidente de esta Honorable Junta de Conciliación y Arbitraje, da cuenta con el escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Autoridad Laboral, a las 02:22 p.m. del día Diez de Febrero de dos mil Dieciséis.- CONSTE.- El Secretario General de Acuerdos.- - - - - - - - - - - Chetumal Quintana Roo, a Veintisiete del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AUTO: V I S T O el escrito con el que se da cuenta, suscrito por el CARLOS ARMANDO PERAZA MOGUEL, y en cuanto a su contenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL PRESIDENTE ACUERDA: en cuanto a lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, con fundamento en el artículo 950 de la Ley Federal del trabajo proceda el C. Actuario de la adscripción a requerir el pago y/o embargo a la demandada HIDROPONIA MAYA S.A. DE C.V., las cantidades consignadas en el auto de fecha Cuatro de Diciembre del año dos Mil Quince, en su domicilio ubicado en carretera Felipe Carrillo Puerto- Mérida kilometro 4, sin número Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda.- NOTIFIQUESE Y PROVEASE SU FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO. Así lo acordó el Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, ante el secretario que autoriza y da fe.- DOY FE. -----------------" En esa tesitura, al haberse proveído el escrito de cinco de febrero del año en curso, presentado por el apoderado legal de los aquí quejosos ante la autoridad el diez del mismo mes y año, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señalaron los aquí quejosos Sonia Rubí Chiquil Kumul y Miguel Ángel Pat Llanes. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por el apoderado legal de los quejosos el diez de febrero de dos mil dieciséis, en el expediente laboral número DI-141/2012 de su índice, y le fue notificada a la parte quejosa mediante lista de estrados el veintinueve de abril del año en curso, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber proveído dicho escrito las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegaron por esta vía los hoy quejosos. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis.

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