Sonia Rodríguez Alarcon
Expediente 1293/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sonia Rodríguez Alarcon
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Sonia Rodríguez Alarcón, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de SAHARA LUCIA PRECIADO IBARRA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.a9 23/12/22 11:56:49 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1293/2022. Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible en virtud de que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. SAHARA LUCIA PRECIADO IBARRA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f2.a9 23/12/22 11:56:49 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1293/2022. Amparo indirecto 1293/2022 Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo presentada por Sonia Rodríguez Alarcón, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese con el consecutivo 1293/2022, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar al expediente electrónico los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Asimismo, previo a pronunciarse respecto a la demanda de amparo es menester precisar que resulta un hecho notorio1 para el suscrito que dentro del juicio de amparo 551/2021, promovido por Sonia Rodríguez Alarcón, que se tramitó en este órgano jurisdiccional, la misma peticionaria de amparo que nos ocupa, reclamó a las autoridades responsables, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: DEL JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LOS CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama el auto emitido en el expediente 999/2009 de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el boletín judicial número 59 correspondiente al día 27 de mayo de 2021 y que surtió efectos el día 25 de mayo de 2021, mediante el cual ordena en su parte conducente: "Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. A su expediente 999/2009, el escrito del apoderado de la parte actora y vistas las piezas de autos, en particular las constancias que integran el exhorto visible a fojas 97 a 126 del glose, del que se advierte que la codemandada SONIA RODRÍGUEZ ALARCÓN no realizo de manera voluntaria la entrega y desocupación del inmueble adjudicado, por lo que como lo solicita el ocursante; se hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en el sentido de procederse al lanzamiento a su costa del inmueble adjudicado, consistente en: 'EL INMUEBLE NÚMERO VEINTIDÓS, DE LA CALLE VALLE DE OAXACA Y TERRENO QUE OCUPA, O SEA, EL LOTE NÚMERO SESENTA Y CINCO, DE LA MANZANA NÚMERO CIENTO SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL VALLE, POBLADO DE SAN JUAN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO', cuyas características obran en autos. Y toda vez que el inmueble materia del presente juicio, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, a fin de que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva dar cumplimiento al presente proveído, para lo cual se faculta a la autoridad exhortada para que acuerde todo tipo de promociones tendientes a diligenciar el mismo, así como para que gire oficios de estilo, autorice personas, expida copias simples o certificadas, habilite días y horas inhábiles, así como de considerarlo necesario y bajo su más estricta y absoluta 1 Jurisprudencia 12, con número de registro 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 295: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." responsabilidad autorice el rompimiento de cerraduras y uso de fuerza pública, otorgando plenitud de jurisdicción para cumplimentar el presente, concediéndose para tal efecto el termino de TREINTA DÍAS a la autoridad exhortada, tiempo que se estima más que suficiente paro la diligenciación del mismo. Así mismo en términos de la cláusula cuarta del convenios de colaboración entre la Institución y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el supuesto de que el Juez Exhortado resulte incompetente por razón de territorio o cuantía, emita los proveídos necesarios a fin de remitir la comunicación procesal al Órgano Jurisdiccional competente.' A LAS RESTANTES AUTORIDADES RESPONSABLES, les reclamo la ejecución material de las ordenes giradas por la primera autoridad responsable, consistentes en diligenciar y hacer los trámites y gestiones necesarias para dar cumplimiento al exhorto, toda vez que dicho exhorto es dirigido de al JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. Lo anterior es así, porque las autoridades señaladas como responsables tienen su competencia por razón de territorio en el MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO y NO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO." (SIC) SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por admitida la demanda en sus términos, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; se emplazó y apersonó al tercero interesado; se requirieron los informes con justificación y se dio vista a las partes con ellos, por lo que mediante escrito presentado el diez de septiembre del presente año, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, haciéndolo en los siguientes términos: "IV. ACTOS RECLAMADOS: DEL JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se reclama también el acuerdo emitido en el expediente 999/2009 de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, publicado en el boletín judicial número 75 correspondiente al día 14 de junio de 2021 y que surtió efectos el día 16 de junio de 2021, el cual ordenó en su parte conducente dice: "Ciudad de México, cuatro de junio de dos mil veintiuno. A su expediente 999/2009, el escrito del apoderado de la parte actora, y visas las piezas de autos, como lo solicita se precisa el auto que antecede, en el sentido de que el exhorto ordenado deberá ir dirigido al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, y no como quedo asentado, debiendo el presente formar parte integral del mismo para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.' A LAS RESTANTES AUTORIDADES RESPONSABLES, les reclamo la ejecución material de las ordenes giradas por la primera autoridad responsable, consistentes en diligenciar y hacer los trámites y gestiones necesarias para dar cumplimiento al exhorto, toda vez que el inmueble donde se debe efectuar el lanzamiento se encuentra ubicado en: el número 22, de la calle Valle de Oaxaca y terreno que ocupa, a sea, el lote número 65, de la manzana número 106, del fraccionamiento Vista del Valle, Pablado de San Juan Totoltpec, MUNICIPIO DE SAP BARTOLO NAUCALPAN, Estado de México, es decir en un municipio diverso y que por razón de territorio, no tienen jurisdicción las autoridades competentes en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México." (sic) Asimismo, del sumario de mérito se desprenden los siguientes antecedentes: 1. La Institución Bancaria Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, demandó, entre otro, a Sonia Rodríguez Alarcón, vía especial hipotecaria diversas prestaciones, ante el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, el cual se radicó con el juicio 999/2009. 2. Con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia interlocutoria aprobando el remate en primera almoneda a favor de Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. 3. La aquí quejosa señala que es parte dentro del juicio 999/2009, radicado ante el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en donde se dictó auto de mandamiento en forma donde ordenó poner en posesión de dicho adjudicatario el inmueble materia de remate precisado en la sentencia interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, y en caso de no hacerlo se proceda al lanzamiento de la codemandada (aquí quejosa). De lo anterior se evidencia que en el presente juicio el acto reclamado se encuentra en período de ejecución de sentencia, dado que la quejosa aduce que es parte dentro del juicio hipotecario 999/2009, donde fue ordenado el lanzamiento del inmueble ubicado con la casa marcada con el número veintidós, de la calle Valle de Oaxaca, lote sesenta y cinco, de la manzana ciento seis, del fraccionamiento Vista del Valle, Poblado de San Juan Totoltepec, Municipio de San Bartolo Naucalpan, Estado de México. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en el caso la quejosa promueve la presente instancia constitucional en contra de los actos reclamados, esencialmente los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. La INDEBIDA ejecución material de las órdenes giradas por el C.JUEZ DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, consistentes en diligenciar y hacer los trámites y gestiones necesarias al EXHORTO girado por dicha autoridad tendientes al LANZAMIENTO DE LA SUSCRITA que se pretende realizar en el INMUEBLE NÚMERO VEINTIDÓS, DE LA CALLE VALLE DE OAXACA Y TERRERNO QUE OCUPA, O SEA EL LOTE NÚMERO SESENTA Y CINCO DE LA MANZANA NÚMERO CIENTO SEIS, DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL VALLE, POBLADO DE SAN JUAN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO . Atendiendo a lo anterior, este juzgado de distrito advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, y 113, de la Ley de Amparo. El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (...)" Asimismo, es de destacarse que, por regla general, en los actos de ejecución de sentencia únicamente procede el amparo indirecto cuando: a) Se trate de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva. b) Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la resolución ejecutoriada. c) Se ordene el archivo definitivo del expediente del juicio de origen. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior, fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, por constituir ésta el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, se estima que los actos atribuidos a las autoridades responsables consistentes esencialmente en preparar y lograr diligenciación del exhorto ordenado por el Juez Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial y no se ubican en alguna de las hipótesis antes aludidas, para la procedencia del juicio de amparo, pues no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia definitiva dictada por el juez de origen, asimismo, tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma, ni mucho menos se ordenó el archivo definitivo del expediente 999/2009. Aunado, a que el acto reclamado no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o haya declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por lo que, el acto que reclama la quejosa no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Máxime, que los mencionados párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal que, como se dijo, pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página 1331, Materia Civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión última resolución en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Sonia Rodríguez Alarcón. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario Ezequiel26, se le autoriza para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, así como para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica en su libelo para los efectos que señala, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Por lo que, se comisiona al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que proceda a habilitar el acceso al expediente electrónico; asimismo, la sección de Actuaría, deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa a través del usuario mencionado con anterioridad. Exhortación a las partes para la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Integración del expediente físico. En observancia al citado acuerdo en relación con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Vista a las partes y consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que a fin de imponerse de las constancias de los presentes autos podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea o bien acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para que les sea proporcionado un equipo de cómputo y puedan ingresar al referido sistema, en el entendido de que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Asimismo, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.2 Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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