Sonia Hernández Muñiz
Expediente 1369/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1369/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sonia Hernández Muñiz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el nueve de noviembre del año en curso, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta firmado por la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, a través del cual se adjunta el diverso remitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 1067/2023-IV, de su índice, promovido por **********, por carecer de competencia legal para conocer del mismo, por las razones que expone. Comuníquese al citado juzgado federal que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto y acúsese recibo. 2. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Por lo que, vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juzgado Séptimo de lo Civil con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1369/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 3. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 4. Consideraciones previas. Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Así como la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Acto reclamado. En el caso en estudio, del contenido íntegro de la demanda de amparo se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: La ilegalidad de los citatorio, exhortos, cédula de notificación, instructivo, emplazamiento, que supuestamente se hayan realizado a la ahora quejosa y como consecuencia de ello todo lo actuado con posterioridad. 5. Causal de improcedencia advertida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo1 , al no haberse promovido el juicio de amparo dentro de los plazos que para tal fin establece la ley de la materia. Del primer párrafo del artículo señalado, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se consienten tácitamente los actos reclamados, entendiéndose por tales aquellos en contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo2 establece que por regla general el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo las excepciones que ahí enumera. Por otro lado, el artículo 18 de la Ley de Amparo3 , precisa tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. En el contexto indicado, a fin de que el término de quince días para interponer la demanda de amparo, comience a contar conforme al supuesto referido en el inciso a), es decir, a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. Por ende, es dable afirmar que en estos casos, no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Luego, la teleología de la causal de improcedencia que se analiza es preservar la seguridad jurídica por cuanto a los actos de autoridad, que si no se reclaman por la vía constitucional en los citados plazos perentorios, adquieren plena firmeza y obligatoriedad. Por ello, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afecta sus garantías, el gobernado deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; tal conducta omisiva, a criterio del legislador, debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada -que sustancialmente contiene la misma prevención que los artículos 17 y 18 en estudio, determinó que era clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. De esta manera, precisó que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los Tribunales Federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. En consecuencia concluyó, que el inicio del plazo para la presentación del juicio de amparo contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Ilustrado lo anterior, a efecto de evidenciar la improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados, tomando en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, realizadas por la parte quejosa en su capítulo de antecedentes: 1. El veintidós de abril de dos mil ocho, celebró un contrato de apertura de crédito con la parte actora del juicio natural, desde ese momento adquirió la posesión del inmueble ubicado en: **********. 2. El cuatro de junio de dos mil veintitrés, acudió a realizar la limpieza del inmueble antes citado y al llegar a la puerta de entrada principal se percató que se encuentra fijado un documento, mismo que refiere que el inmueble de su propiedad fue adjudicado por remate judicial y se encuentra en proceso de escritura a favor del banco o cualquiera de sus cesionarios administradores de ese crédito. 3. El nueve de junio de dos mil veintitrés, se comunicó al número telefónico que indicaba el documento, a lo que el licenciado de nombre ********** le contestó que el inmueble ubicado en **********, debía desalojarlo, ya que había una sentencia en su contra, con motivo de la demanda que se tramita ante el Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente **********. 4. El doce de junio de dos mil veintitrés, ingreso un escrito ante el Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, donde autorizó a diversos profesionistas, solicitó copias certificadas de todo lo actuado, con el fin de verificar el estatus en el que se encuentra el expediente de origen y si tiene la calidad de demandada. 5. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, acudió a las instalaciones del Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, a fin de imponerse de los autos, sin embargo, personal del juzgado le indicó que no era posible visualizarlo dado que se encontraba con el Notario. En las relatadas condiciones, se arriba a la conclusión de que la parte quejosa se ostentó sabedora de los actos por esta vía reclama desde el cuatro de junio de dos mil veintitrés, fecha en que encontró el documento que refería que el inmueble de su propiedad había sido adjudicado por remate judicial y que se encuentra en proceso de escritura a favor del banco o cualquiera de sus cesionarios administradores de ese crédito; además que el nueve de junio de dos mil veintitrés, al comunicarse con el licenciado ********** le contestó que el inmueble ubicado en **********, debía desalojarlo, ya que había una sentencia en su contra, con motivo de la demanda que se tramita ante el Juzgado Décimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente **********, por lo cual, es conducente establecer que desde aquélla data, se encontraba en aptitud de hacer valer los medios de defensa pertinentes, en concreto de promover el juicio constitucional. En ese contexto, debe tomarse la fecha indicada, cuatro de junio de dos mil veintitrés, como referencia para computar el plazo para la oportuna presentación de la demanda de amparo. Entonces, el plazo aludido transcurrió del cinco al veintitrés de junio de dos mil veintitrés, excluyéndose los sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, es inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días que establece la Ley de Amparo, para que instaurar la acción constitucional. Bajo esa óptica, es dable advertir que la quejosa reclama un acto consentido tácitamente, toda vez que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días contemplado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, su presentación deviene extemporánea. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 30/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a fojas 286, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. 6. Desechamiento. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por **********. 7. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario ********** 8. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR.4 . 9. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a **********, ********** y **********, quienes, una vez que inscriban en el registro correspondiente sus cédulas profesionales o proporcionen el número de la misma para realizar su cotejo en el sistema correspondiente, que los faculte para ejercer su profesión, se les reconocerá las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 11. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental5 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica
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