Sonia Ibeth Medina Razo
Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sonia Ibeth Medina Razo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de diez de junio de este año, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Documentos: La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la promovente del amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA***EL PROVEÍDO DICTADA EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Agréguese el escrito signado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de once de mayo pasado; en esas condiciones, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 1 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte promovente reclama: - El proveído de once de febrero de dos mil veintidós emitido en el juicio oral ordinario ****, del índice del Juzgado Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual se impuso a la parte demandada (aquí quejosa) multa por la cantidad de **** y se le apercibió que de no cubrirla de manera voluntaria, se procedería a hacer el cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución; y, de incurrir nuevamente en la conducta por la que se hizo acreedora a la multa, se daría vista al ministerio público por el delito de desobediencia a un mandato judicial. - El auto de cinco de abril de dos mil veintidós, emitido en el citado juicio, en el que en virtud de que la quejosa no cubrió de manera voluntaria el pago de la referida multa, se ordenó hacer el cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución y ante la reiteración de su actuar se dio vista al Ministerio Publico por el delito de desobediencia a una orden judicial. De lo anterior, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario, pues dicho numeral refiere: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. En el caso, el numeral 232, concatenado con el diverso 245, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, establecen: "Capítulo Primero Revocación ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Art. 245.- Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. Por su parte, los artículos 891, 233, 234 y 235 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, disponen lo siguiente: "CAPÍTULO ÚNICO Recursos Artículo 891. Las resoluciones que se emitan dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de este Código, con excepción de las reglas especiales previstas en el presente Capítulo. Artículo 892.- Los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables en el presente Capítulo, serán irrecurribles. Capítulo Primero Revocación ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTÍCULO 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. ARTÍCULO 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día. ARTÍCULO 235. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." Del contendido de los dispositivos que se han mencionado, se desprende que las determinaciones emitidas por el juzgador en el procedimiento oral pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, siempre y cuando no decidan un incidente o alguna determinación dispuesta por el citado Código, en cuyo caso serán apelables. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en los autos de once de febrero y cinco de abril de dos mil veintidós, emitidos en el juicio oral ordinario ****, del índice del Juzgado Familiar de Salamanca, Guanajuato, mediante los cuales, por el primero, se le impuso una multa y se le apercibió que de no cubrirla de manera voluntaria, se procedería a hacer el cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución y de incurrir nuevamente en la conducta por la que se hizo acreedora a la multa, se daría vista al ministerio público por el delito de desobediencia a un mandato judicial; y el por el segundo de los proveídos, se hicieron efectivos dichos apercibimientos. Sobre esa base, se tiene que los actos en estudio pueden ser impugnados a través del recurso de revocación, al ser una resolución que no se dictó en una audiencia y que no decide un incidente o alguna determinación susceptible de apelación dispuesta por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, respecto de los actos que ante esta instancia se reclaman, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa, siendo parte en el juicio, no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los artículos antes transcritos. Esto, pues con dicho medio de impugnación se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto revocar o modificar los proveídos que se considere lesionan el interés de la quejosa. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por lo anterior, es incuestionable que la parte solicitante de la protección constitucional, al ser parte en el juicio natural, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: (.) Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, pues es parte procesal en el juicio de origen. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es claro que la parte promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado el medio ordinario previsto en el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, al quedar acreditada la causal de improcedencia respecto del acto en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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