Sofía Vargas Cárdenas
Expediente 179/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sofía Vargas Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ****; .... archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido,
- Principal
CONSTANCIA.- Como está ordenado en ocho de marzo de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis, que señala: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve la menor **************, designando como su representante a su madre ************, contra actos que reclama del Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Pénjamo, Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, párrafo octavo, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 179/2016-II, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 último párrafo de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. (.)" En ese tenor, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades responsable LA POSIBLE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, en la causa penal ***********, de la que se deriva la carpeta de ejecución **** en donde la autoridad ejecutora requiere a mi señora madre ***********, para que me entregué a la suscrita con mi señor padre *****, esto en virtud de que a mi madre se le procesó y se le sentenció por el delito de Ejercicio Arbitrario del Propio Derecho." Ahora, al analizar el contenido integral del libelo constitucional se aprecia que el acto reclamado consiste en la ejecución de la sentencia emitida dentro de la causa penal ***********, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal, con sede en Pénjamo, Guanajuato, consistente en la entrega de la menor --------------------, a su padre ----------------. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del año en curso, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las características y naturaleza del acto reclamado, se estima que es de aquellos en los que necesariamente se requiere una ejecución material para que se concrete, es decir, la entrega de la menor *******, a su padre **********, misma que radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, junto con su madre **************, pues así lo manifestó en el punto número ocho, del capítulo de hechos de su demanda de amparo; lugar donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por tanto, resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en Turno, de dicha localidad. Ello es así, pues del escrito de demanda, hasta el momento, no se advierte que el acto reclamado tenga principio de ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal; en consecuencia, atendiendo a la primera de las reglas establecidas por el numeral 37 de la Ley de Amparo reformada, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en Turno, con sede en Zapopan, pues dentro de su jurisdicción debe tener ejecución el acto que aquí se reclama. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en consideración con lo dispuesto por el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en Turno, con sede en Zapopan. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y sus copias, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Tomando en consideración que la quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se les tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, por no contar con cédula profesional de licenciado en derecho inscrita en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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