Sonia Durán Góngora
Expediente 868/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sonia Durán Góngora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio del Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el cual acusa recibo del duplicado del proceso penal 139/2006, de su índice. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes.
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que la quejosa omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA CAUSADO ESTADO. Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, se ordena devolver el duplicado del proceso + al Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y se requiere el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) . En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por último, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental a fin de acordar lo procedente.
- Incidental
Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión. Lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo que también se ordena el archivo de este cuaderno. Asimismo, se desprende que no existe billete de depósito, ni garantía alguna exhibida por la quejosa cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción porque se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Lo que acontecerá, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio del Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde y remite constancias el duplicado del proceso penal +++ para sustentarlo. Con el duplicado del proceso penal +++, y con fundamento en los artículos 63 y 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno auxiliar I. Por otro lado, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que se encuentra pendiente por resolver un conflicto competencial, pues en el propio acto reclamado se ordenó remitir las constancias al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Así también, de la certificación de cuenta se desprende la existencia de un sello de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, para conocer del conflicto competencial; constancias establecidas en la certificación de las cuales se ordena obtener copia autorizada por obrar en el incidente emanado de este asunto y agregarlas a continuación de la presente determinación. Atento a lo anterior, se advierte sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XIX de la ley de amparo. El cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Tal fracción establece una regla de carácter general, consistente en que tratándose de actos contra los cuales a la fecha de la promoción del amparo se encuentre pendiente resolverse algún recurso que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto que se combate, resulta improcedente el juicio de amparo. En ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa ++, reclama la determinación de diecisiete de agosto del año en curso, dictada por el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro del proceso penal +++ en el cual se declaró incompetente para conocer del incidente de reducción de la pena por pago de reparación del daño y en consecuencia ordenó turnar los autos al Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y le correspondió conocer de dicho conflicto competencial a la Primera Sala en Materia Penal adscrita al mencionado tribunal (foja 360 y 361 del duplicado del proceso de origen). Dado lo anterior, en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado, se advierte se encuentra pendiente de resolver dicho conflicto competencial por parte de la sala antes mencionada. En ese contexto, este juzgador encuentra un impedimento para entrar al estudio del acto reclamado en cuestión, pues se advierte que dicha determinación, de ninguna forma se puede integrar como un acto autónomo, dado que éste dependerá de lo que se resuelva en el mencionado conflicto competencial. No se pasa por alto el hecho de que el mencionado conflicto no lo haya promovido de manera directa la aquí parte quejosa, sin embargo resulta imposible el estudio de acto reclamado, porque el mismo se encuentra sub judice a lo que se resuelva en el conflicto competencial de mérito; y por ende esa determinación de incompetencia no es definitiva. Por tanto, se advierte la improcedencia del presente juicio a partir de la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la ley de amparo, pues cuando se resuelva dicho conflicto competencial del conocimiento de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, habrá de resultar en una determinación de competencia distinta al acto reclamado. En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia invocada de manera manifiesta e indudable, pues ya se cuenta con las constancias suficientes para constatar que existe un conflicto competencial y de éste conoce la Primera Sala en Materia Penal en el Estado de Puebla, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo 868/2018-IV, promovido por +++, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a. /J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. "(.) De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como lo establecido en la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de localización son los que a continuación se transcriben: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. (P./J. 17/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Agosto de 2015, materia común, visible en la página 5.)" En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional
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