Soledad Ramos Perez

Expediente 652/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
652/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Soledad Ramos Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 652/2020-II. En ocho de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con el estado procesal que guarda el incidente, y copia del acuerdo dictado en esta fecha en el juicio principal. Conste. Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la copia de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el proveído por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el juicio del cual deriva el presente incidente, y se ordenó el archivo del mismo. Lo cual constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a valorar el destino de este incidente formado por duplicado. Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, porque fueron otorgadas tanto la suspensión provisional como la definitiva. De ahí que transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse únicamente las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, si existieran, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Resguardo del incidente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que el cuaderno original de este incidente deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del cuaderno original. Sin embargo, con fundamento en el artículo 20 del mismo acuerdo general, el duplicado del incidente deberá resguardarse sólo durante seis meses. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente incidente como asunto concluido. Inexistencia de documentos y garantías. La revisión efectuada a las actuaciones de este incidente, permitió visualizar que no se tienen documentos originales ni garantías para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este incidente no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa. Carátula del incidente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del incidente. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes. Revisión del incidente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el incidente físico coincida con el incidente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 652/2020-II. Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, y tanto la quejosa como las demás partes no interpusieron el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme (causó estado) porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acontecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se concedió el amparo en la sentencia de la audiencia constitucional. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido acuerdo general, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo de presente expediente como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello después de realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Devolución de anexos. Se ordena devolver al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Estado de Puebla, las siguientes constancias: ? Copia certificada de la causa penal Sin que sea necesario solicitar acuse de recibo por tratarse de copias. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta notificar de manera personal a las demás partes, porque ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, los terceros interesados o la quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Por último, se ordena glosar copia de este proveído al cuaderno incidental derivado del presente juicio, para acordar lo conducente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 652/2020-II Puebla, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedido a algunas partes, en auto de dieciocho de febrero del presente año, para manifestarse respecto de los actos efectuados por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, sede Tehuacán, Puebla, para cumplir la ejecutoria de protección. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1 si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso, para la quejosa, haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que, en realidad, sólo se materializa hasta su fiel ejecución3. En ese sentido, resalta que en la audiencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual se otorgó el amparo a la quejosa *. Luego, el veintitrés de diciembre del dos mil veinte, la sentencia causo ejecutoria y se requirió al juez responsable, que procediera con el cumplimiento de la protección. Por ende, quedó obligado a cumplir los efectos siguientes: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de dieciocho de abril de dos mil veinte, emitida en la causa penal *, únicamente respecto de la quejosa * 2. Emita una nueva determinación respecto de la solicitud de la fiscalía, donde reiterará lo relativo a la existencia de los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos con la agravante de ser cometidos en contra de un servidor público, y daño en propiedad ajena doloso; 3. Al abordar el estudio relativo a la probabilidad de que la quejosa haya cometido o participado en esos hechos, deberá precisar la intervención que de manera concreta se le atribuye y si la misma se encuentra justificada, debiendo fundar y motivar su decisión; 4. En caso afirmativo, con libertad de jurisdicción, deberá analizar si el Agente del Ministerio Púbico justificó la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión solicitada." Así, mediante oficio JOPTEH/0180/2021, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, remitió copia certificada de la determinación dictada el quince de enero del año en curso, dentro de la carpeta judicial , con la cual consideró haber cumplido los términos de la protección. Así, en proveído de diecinueve de enero siguiente, se otorgó una vista de tres días a las partes, para manifestarse como a su interés conviniera de la actuación realizada por la autoridad responsable. Sin embargo, en proveído de diez de febrero último pasado se determinó que la sentencia no se encontraba cumplida a cabalidad, porque había incurrido en un defecto al dejar insubsistente una resolución diversa a la señalada como acto reclamado en este juicio (la orden de aprehensión de dieciocho de abril de dos mil veinte), por lo que subsistía la trasgresión a los derechos fundamentales de la quejosa -precisada en la sentencia-. En consecuencia, por segunda ocasión se requirió al juez responsable para que atendiera de manera puntal los efectos de la concesión de amparo. De esta manera, mediante oficio JOPTEH/877/2021, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución emitida dieciséis de febrero del año en curso, emitida en la referida causa penal, con la cual consideró haber cumplido cabalmente los términos de la protección. En proveído de dieciocho de febrero siguiente, de nuevo se otorgó una vista de tres días a las partes, para manifestarse como a su interés conviniera de la actuación realizada por la autoridad responsable Ahora, las copias remitidas por el juez responsable tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un servidor público con facultades legales para autenticar documentos. De modo que pueden ser utilizadas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, se procede a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. De entrada, se advierte que el juez responsable, en la nueva resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de quince de enero del mismo año, con la que intento dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, dejó sin efecto la orden de aprehensión de dieciocho de abril de dos mil veinte, únicamente respecto de la aquí quejosa *, dentro de la causa penal de origen * Luego, efectuó un análisis de los datos de prueba aportados por la representación para enseguida, como se indicó en la sentencia de amparo, reiterar lo relativo a la existencia de los hechos con apariencia de delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos con la agravante de ser cometidos en contra de un servidor público, y daño en propiedad ajena doloso. Enseguida, procedió a analizar lo relativo a la probabilidad de que la quejosa Soledad Ramos Pérez haya cometido o participado en esos hechos, estableciendo que dicha intervención se encontraba justificada al tenor del artículo 21, fracción III, del Código Penal del Estado de Puebla, porque de los datos de prueba aportados por la fiscalía se advertía que, por acuerdo previo, prestó auxilio o cooperación a los autores materiales, con posterioridad a que éstos ejecutaran las conductas ilícitas. Después, analizó la necesidad de cautela como requisito indispensable para el libramiento de una orden de aprehensión. Sobre este rubro, sostuvo que el cúmulo de información proporcionada por la fiscalía, justifica las razones por las cuales solicitó dicho medio de conducción de la indiciada, específicamente por existir riesgo de sustracción y peligro en el desarrollo de la investigación, exponiendo las razones que la llevaron a dicha conclusión. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Lo anterior, pues ha dado a conocer a la quejosa el grado de participación que se le atribuye en los hechos materia de la causa; además, porque ha establecido los motivos por los cuales existe necesidad de cautela y que hacen necesario el librar una orden de aprehensión en su contra como medio de conducción a proceso; restituyéndola así en su derecho fundamental de seguridad jurídica. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina por cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Ahora, el autorizado en términos amplios de la quejosa (en escrito presentado el veintiséis de febrero del año en curso) refirió que, a su parecer, existe un defecto en el cumplimiento de la sentencia, porque en la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable no establece la participación de la quejosa en el hecho ilícito porque no describe las acciones, palabras o circunstancias concretas que hagan presumible su participación. Sin embargo, es importante indicar a la parte quejosa que los efectos de la protección se limitaron a que el juez responsable debía precisara la intervención que se le atribuye y si la misma, a su consideración, se encontraba justificad, debiendo fundar y motivar su decisión; así como señalar si el Agente del Ministerio Púbico justificó la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión solicitada; por lo que de estar inconforme con los razonamientos vertidos por el juez responsable, ello deberá ser materia de análisis en un nuevo juicio de amparo, y no en esta determinación de cumplimiento de sentencia. Pero a fin de respetar el derecho de las partes a inconformarse con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que es su derecho recurrir esta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. De hecho, tendrán un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de este acuerdo. Asimismo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) Se concedió el amparo a la parte quejosa en sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; b) El veintitrés de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió al juez responsable su cumplimiento; c) El Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, cumplió la protección constitucional, en resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; d) El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de este juzgado el oficio donde el juez responsable informó dicho cumplimiento; y e) En la presente fecha, -cuatro de marzo de dos mil veintiuno-, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, de forma personal al quejoso, a las terceras interesadas (por lista) y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y por oficio a la fiscal tercera interesada así como a la autoridad responsable; y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 652/2020-II. En uno de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con un escrito; recibido vía interconexión el día hábil anterior a la fecha, y registrado con el folio 2417. Conste. Puebla, Puebla, uno de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el escrito con firma electrónica -evidencia criptográfica- de Francisco Javier Sánchez Reyes, autorizado en términos amplios de la quejosa *. En éste, realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la sentencia por parte del juez responsable. Tales manifestaciones quedan recibidas de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y serán consideradas al momento de resolver si la ejecutoria ha sido cumplida. Notifíquese.

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