Sonia Catalina Dueñez Silva
Expediente 768/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/10/2019
Partes del expediente
- Sonia Catalina Dueñez Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, especialmente con el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el siete de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 786/2019-VIII. Conste.. Secretaria expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1209/2019 y anexo, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Sin que se estime necesario ponerlo a la vista de las partes, pues del análisis integral de la presente contienda, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, como se expondrá a continuación. En efecto, del estado que guardan los autos, especialmente la demanda inicial (fojas 2 a 4), se aprecia que la causa de pedir de Sonia Catalina Duéñez Silva, esencialmente lo constituyó la omisión de la junta señalada como responsable de substanciar el juicio natural en los términos establecidos por la ley, así como del auto de calificación de pruebas ofertadas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; con la consecuente dilación en el trámite de dicho juicio de origen. Asimismo, se patentiza que la responsable Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de su oficio de cuenta, adjuntó copia certificada del acuerdo de diez de los corrientes, en el que proveyó respecto a la petición reclamada por la parte quejosa, dentro del expediente laboral 320/E06/2018, fijando fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes; cuya omisión aquí se combate. En este orden de ideas, se estima pertinente puntualizar que conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, el sobreseimiento en la contienda constitucional, se debe decretar, cuando sobrevenga una causa de improcedencia durante el juicio; asimismo, el diverso 61, fracción XXI, de la citada legislación, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurre el anterior requisito, resultará improcedente y por tanto deberá sobreseerse en la contienda respectiva. Bajo esa óptica, de las constancias remitidas por la responsable a través de su oficio de cuenta, se obtiene que cesó la omisión reclamada, pues la junta obrera por acuerdo de diez de septiembre de este año, ordenó el desahogo de las pruebas admitidas en el procedimiento de origen (fojas 23 a 29). Las documentales que envió la autoridad en comento, revisten valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al arábigo 2º, de la Ley de Amparo; al respecto, se estima pertinente citar la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En ese orden de ideas, atento al contenido de las constancias allegadas por la responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha legislación. En efecto, como se anticipó, la causa de pedir de la parte quejosa en este juicio de garantías, en lo conducente se hace consistir en la omisión de substanciar el juicio natural en los términos establecidos por la ley, así como del auto de calificación de pruebas ofertadas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo 320/E06/2018, pues como lo señaló la agraviada en su ocurso biinstancial, en torno a las pruebas que ofreció como parte actora, no existía acuerdo para su celebración al respecto (foja 2 a 4). Bajo esa perspectiva, tomando en consideración que las causales de improcedencia son de estudio prioritario y oficioso, en cualquier momento del juicio, se estima que opera la prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto reseñado, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que a través de su oficio de cuenta, la responsable acompañó copia certificada del acuerdo de diez de los corrientes, emitido dentro del expediente laboral 320/E06/2018, del que se advierte que se fijó fecha y hora para la celebración de las probanzas admitidas, que requerían perfeccionamiento (fojas 23 a 29); cuya omisión de proveer se reclamó en esta contienda constitucional. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la omisión reprochada ha cesado, pues la responsable ordenó el desahogo de las pruebas admitidas en el expediente natural; desapareciendo así la abstención de pronunciarse en torno a su planteamiento, que motivó la causa de pedir en este amparo. Ello es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es el no examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J.9/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal; con registro electrónico 196820 y consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con el símbolo de búsqueda 193758 y publicada en la foja 38, del tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego entonces, como se dijo y ahora se reitera, concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la misma legislación, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, promovido por Sonia Catalina Duéñez Silva, contra los actos que reclama a la autoridad señalada como responsable. Por otra parte, cabe mencionar que no constituye óbice para las consideraciones aquí plasmadas, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Robustece lo expuesto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con símbolo de búsqueda 184572 y visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." A mayor abundamiento, no pasa desapercibido a lo expuesto, que la impetrante haya reclamado la garantía plasmada en el artículo 17 Constitucional y que la autoridad de origen no remitió la constancia de notificación personal del auto de diez de septiembre del año en curso, con el que cesó la omisión reclamada; pues la causa de pedir emana de procedimiento en forma de juicio promovido por la quejosa como parte actora y la autoridad señalada como responsable ya emitió un pronunciamiento; los actos reclamados no se refiere propiamente al derecho de petición o su notificación de manera autónoma o aislada. Máxime que como se dijo, la dependencia obrera ya acordó las pruebas ofertadas por la agraviada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; por lo que esperar hasta el estudio del fondo en esta contienda constitucional, carecería de efectos prácticos para el fin buscado de la impetrante del amparo, que como actora busca agilizar el trámite en el juicio laboral de origen. En sus aspectos estrictamente sustanciales, se invoca la jurisprudencia 7/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2008884 y publicada en la página 480, del libro 17, abril de 2015, tomo I, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." También, se cita la tesis del Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro electrónico 176744 y visible en la foja 845, del tomo XXII, noviembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Por los motivos expuestos, déjese sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos del uno de octubre de dos mil diecinueve. También apoya lo anterior, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Pena del Segundo Circuito, con registro electrónico 173878 y consultable en la página 991, del tomo XXIV, noviembre de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." Háganse las anotaciones estadísticas pertinentes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con lo establecido por el numeral 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico a la persona moral tercero interesada Decofinmex, S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal,el auto doce de septiembre de dos mil diecinueve, por medio de lista, toda vez que no se presentó ante este órgano jurisdiccional a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial 331/2019, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través de la cual hace diversas manifestaciones y solicita que el presente juicio de garantías se resuelva conforme a derecho; de igual forma, pide copia certificada de la sentencia que recaiga en el mismo; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, misma que será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto. Asimismo, como se solicita, una vez que se dicte la resolución respectiva, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, expídasele copia certificada de la misma, previa constancia de recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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