Sofía Pérez Hernández
Expediente 454/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/06/2021
Partes del expediente
- Sofía Pérez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que las partes: quejosa Sofía Pérez Hernández y tercero interesada Starkey de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, no se inconformaron en contra del auto de trece de abril de dos mil veintiuno, por el que se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector en el asunto que nos ocupa; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202, de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho auto. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, quedó firme el auto por el que se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector; por tanto, se ordena su archivo, debiendo hacerse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: a) Mediante resolución emitida el nueve de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Sofía Pérez Hernández, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, para el efecto de que emitiera de inmediato el acuerdo que correspondiera en relación con las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral de origen. b) Resolución que causó ejecutoria por auto de once de diciembre de dos mil veinte, y como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. c) Luego, el veintinueve de enero del año en curso, se levantó la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanudó el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. d) Ahora bien, mediante el oficio 556/2021, suscrito por la Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informó que dentro del expediente administrativo laboral 00974/E06/2019, de su índice, el diez de noviembre de dos mil veinte, compareció la actora aquí quejosa Sofía Pérez Hernández, a desistirse en su perjuicio de la demanda, por así convenir a sus intereses, ordenándose el archivo del juicio laboral en comento, remitiendo las constancias respectivas en que sustenta su dicho. Por su parte, la impetrante de garantías y la parte tercera interesada, no hicieron manifestación alguna en cuanto a la vista que se les dio en proveído de dieciocho de marzo del presente año, tal como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió o no, con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable procediera a emitir de inmediato el acuerdo correspondiente en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio administrativo laboral 00974/E06/2019. Ahora bien, se advierte que mediante el oficio 556/2021, recibido en este tribunal el once de marzo del año en curso, la autoridad responsable citada con anterioridad, informó que dentro del expediente administrativo laboral 00974/E06/2019, mediante comparecencia de diez de noviembre de dos mil veinte, la actora aquí quejosa Sofía Pérez Hernández, se desistió en su perjuicio de la demanda por así convenir a sus intereses, y ante tal circunstancia se ordenó el archivo del mencionado asunto como asunto totalmente concluido. Luego, es evidente que al haberse desistido en su perjuicio la actora dentro del expediente laboral en comento, la autoridad vinculada como responsable en el presente asunto, ya no podrá restituirla en el goce sus garantías. Ante lo cual, conforme a la ejecutoria de mérito y acorde a los numerales 192 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 90/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Materia Común, junio de 2007, Novena Época, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Igualmente, sirve de apoyo por las consideraciones que en ella se contienen, la tesis CCII/89, de la otrra Tercera Sala del alto Tribunal, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 237, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SIN MATERIA SI EN AUTOS CONSTA QUE LA PROPIA DEL ACTO RECLAMADO POR EL QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DEJÓ DE EXISTIR.-Si el amparo se le concedió a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsable (sic) resuelvan en breve término su petición en relación con un derecho que tiene y durante la tramitación del incidente de inejecución de sentencia se acredita que se le privó de ese derecho por una autoridad distinta, resulta obvio que las autoridades responsables ya no pueden cumplir con la sentencia desde el momento en que dejó de existir la materia del acto reclamado y, por ende, queda sin materia el incidente de inejecución." En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, con apoyo en los artículos 201, fracción II y 202, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa y al tercero interesado Starkey de México, por conducto de su apoderado legal, el proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 556/2021 con anexo, enviado por la Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo emitido dentro del juicio de garantías en que se actúa, adjuntando la constancia en que sustenta su dicho; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el libelo de cuenta. Ahora bien, con lo anterior dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el término de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia, que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional procederá a analizar de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada Starkey de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de Maribel Escalante Rico, en su carácter de apoderada legal. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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