Sonia Anahí Ramírez Cruz
Expediente 1191/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz
- Sonia Anahí Ramírez Cruz
Actuaciones
- Principal
... oca del Río, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de enero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese, y háganse las anotaciones correspondientes.....
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentada por********************por propio derecho y en representación del menor ********************, contra actos y autoridades precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número ********************/2022-2, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO A fin de proveer lo conducente, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, es importante señalar que nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Es importante señalar que el hecho de que el auto inicial no constituya formalmente una resolución de fondo, no implica que no pueda contener una decisión atinente al momento procesal en que se ubica (sobre el curso que debe darse a la demanda); y, en ese tenor, el hecho de que la evidente e insuperable ausencia de un interés jurídico requiera de un estudio cuidadoso o minucioso, no implica que no pueda realizarse en ese auto inicial, sobre todo cuando se configura con facilidad o claridad la materia del asunto y completitud en los elementos que revelan la situación concreta. Así, se considera que tratándose del interés jurídico en casos específicos subsiste la posibilidad de que, de contar con los factores aptos y suficientes para determinar la potencial afectación a la esfera jurídica del amparista, el juez de distrito puede emitir una determinación que decida sobre su ausencia definitiva e insuperable, se insiste, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable en términos del artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Así se colige, de lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2016, que en lo conducente dice: "En efecto, la práctica judicial impide soslayar que existen casos en los que el mero análisis de la demanda y de sus anexos permite advertir que el acto reclamado no perjudica la situación del particular, o bien, la afectación que le causa le otorga sólo un interés simple y no uno jurídico o legítimo, en virtud de que es claro que no existe daño a un derecho subjetivo del que sea titular el amparista o, en su defecto, una situación objetiva particular que le permita exigir del poder público que ajuste su actuación a derecho, pero no por su calidad de ciudadano, sino porque, cumpliéndose con la ley, conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto; supuesto en el cual resulta ocioso abrir una dilación procesal que, independientemente de los elementos que se alleguen al sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia del promovente. Esto es, con base en la apreciación de la situación a partir de la cual se aduzca el perjuicio que genera el acto de autoridad, el juzgador de amparo debe distinguir entre la existencia de la titularidad de un interés jurídico o legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria); sobre lo cual pueden configurarse diversos escenarios, a saber: Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue, aprecie indefectiblemente que su situación frente al acto de autoridad conlleva un mero interés simple y, por ende, carezca de la titularidad de un interés jurídico o legítimo, podrá determinarse que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho". De lo anterior, derivó la jurisprudencia 57/2017, emitida por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, tomo II, junio 2017, Décima Época, materia común, con número de registro digital 2014433, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En el caso, del libelo constitucional de cuenta se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La eliminación de la ubicación (Código postal) del procesos de licitación pública nacional número LA-050GYR014-E688-2022 correspondiente a la 'Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único' para el Órgano de la Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027" Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de agravio personal y directo y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, Para justificar lo anterior, procede traer a contexto los mencionados artículos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona que estará legitimada para instar la acción constitucional. Nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Del mismo modo, apoya lo anterior, la jurisprudencia 51/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la publicación del 8 de marzo de 2019, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019456, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis no es de origen) En consecuencia, para la comprobación de un interés jurídico o legítimo para la procedencia del juicio de amparo, se requiere como elemento esencial en su constitución, la existencia de un agravio personal, real y actual; por lo cual, cuando este no exista o no se encuentre probado, se actualizará una causa de improcedencia. En ese orden, como se adelantó, en el caso concreto,********************por propio derecho y en representación del menor ********************, promovió juicio de amparo señalando como acto reclamado la eliminación de la ubicación (Código postal) del proceso de licitación pública nacional número LA-050GYR014-E688-2022 correspondiente a la "Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único" para el Órgano de la Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027. De igual manera, entre las manifestaciones que la parte quejosa vierte en su demanda de amparo, señala lo siguiente: 1.********************por propio derecho y en representación del menor ********************, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser derechohabiente del servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que su menor hijo ha asistido en forma constante y por necesidad, a la guardería denominada U-0662, la cual se encuentra ubicada en avenida 2 de abril, número 842 de la colonia Ignacio Zaragoza, en Veracruz, Veracruz, con código postal 91910. 2. Al acudir a las instalaciones de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, le proporcionaron una copia del acta del fallo emitido en la licitación pública nacional electrónica número LA-050GYR014-E688-2022 de diecinueve de diciembre del año en curso, de la cual se advierte que se llevó cabo un proceso de licitación que tenía por objeto la contratación del servicio de guardería esquema vecinal comunitario único, para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027; y le informaron que ya no contratarán ninguna guardería en la zona a la que su menor hijo acudía, ya que la guardería es contratada de acuerdo al código postal, y el código postal que corresponde a la estancia infantil a la que acude el menor de edad en comento, ya no fue incluida en esa licitación. 3. Refiere que si se cierra la guardería donde actualmente recibe el servicio como beneficiara del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no tendrá el servicio de guardería en dicha zona y se verá en la necesidad de trasladarse a lugares más lejanos causando un mayor riesgo a su integridad física y su hijo, así como de las demás madres que tendrán que llevar a sus hijos a una guardería distinta, además de que les representará mayor erogación por el uso de transporte. Por otro lado, de la documental anexada por la quejosa a su demanda de amparo, consistente en la copia de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR014-E688-2022, que refiere le entregaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que: a) El proceso de licitación tuvo por objeto la contratación del servicio de guarderías "Esquema Vecinal Comunitario Único", para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social Régimen Ordinario Multianual 2023-2027, y se publicó la convocatoria en el Sistema Compranet; b) El veintitrés de noviembre se inició el evento de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria, la cual se tuvo por concluida el veinticuatro de noviembre pasado; c) El uno de los cursantes, se llevó a cabo el evento de presentación y apertura de proposiciones, la cual se realizó a través de medios remotos de comunicación electrónica mediante el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (CompraNet), recibiéndose a los participantes, entre ellos a "Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, S.C."; d) Posteriormente en el desarrollo del evento se dejó constancia que la licitante en comento presentó oferta para el código postal 91910, mismo que no fue convocado en dicho evento, por lo que dicha propuesta no sería considerada; y, e) El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR014-E688-2022, fue declarada desierta en virtud de que la proposiciones presentadas no reunían los requisitos establecidos en la convocatoria. De lo anterior se desprenden tres aspectos importantes: 1) la licitación con la que se relaciona el acto reclamado tenía por objeto la contratación del servicio de guarderías "Esquema Vecinal Comunitario Único", para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social Régimen Ordinario Multianual 2023-2027; 2) fue declarada desierta; y 3) la parte licitante para el código postal 91910 de cuya exclusión de dicho proceso se duele la quejosa, sobre el cual la licitante fue "Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, S.C.". Es decir, por un lado, la persona afectada con la exclusión que ahora reclama la quejosa, se trata de una persona distinta a ella, pues corresponde a una persona jurídica cuya oferta no fue tomada en consideración. Por otro lado, se tiene que el proceso de licitación no generó algún cambio en la esfera jurídica de la quejosa, porque no se constituyó ni eliminó algún derecho u obligación en su favor; pues ni siquiera se aprobó alguna de las propuestas presentadas, ya que se declaró desierta, lo que se traduce en que el resultado que dio el proceso de licitación, fue el mismo que si no se hubiera realizado. Y ante ello, existe la posibilidad de que se emita una nueva convocatoria a un proceso de licitación con el objeto de contratar el mencionado servicio de Guardería esquema vecinal comunitario único, para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, no se observa que en la referida acta se contenga alguna orden de cancelación del servicio de guardería que dice recibir la quejosa, ni que se hubiera suprimido ese derecho de su esfera jurídica; ni refiere la quejosa que haya recibido constancia o notificación alguna de la que se advierta la negativa de tener acceso a la prestación del servicio de guardería por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, sumado a que las manifestaciones de la quejosa atinentes a que si se cierra la guardería donde actualmente recibe el servicio como beneficiara del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no tendrá el servicio de guardería en dicha zona y se verá en la necesidad de trasladarse a lugares más lejanos causando un mayor riesgo a su integridad física y su hijo, lo cual le representará mayor erogación por el uso de transporte, se tratan de actos futuros de realización incierta. Aunado a lo expuesto, este juzgador considera que no se demuestra el interés legítimo de la parte quejosa, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse -en caso de concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona, pues la quejosa no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato; sino que su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos, lo que limita su pretensión a un interés simple derivado de su condición de gobernado. Es decir, sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad, sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y lo coloque en un punto diferenciado (cualificado, actual, real y jurídicamente relevante) de la situación general. Por ello, el interés que ostenta el peticionario es simple o jurídicamente irrelevante, porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para el interesado; y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. De igual forma, es importante destacar que de conformidad con el artículo 134, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la licitación pública es el presupuesto necesario para que los particulares presten al Estado servicios de cualquier naturaleza, con la finalidad de asegurar que el ente público contrate bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo cual ocurre a través de una convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes. Por ello, solo son quienes participen en esas licitaciones los eventuales afectados con las determinaciones que ahí se adopten. Por tanto, si la parte peticionaria de amparo reclama la eliminación de la ubicación (Código postal) del proceso de licitación pública nacional número LA-050GYR014-E688-2022 correspondiente a la "Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único" para el Órgano de la Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027, es evidente que únicamente cuenta con un interés simple; no así el legítimo o el jurídico. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 38/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además, es importante señalar que con independencia de que la parte quejosa afirme que es derechohabiente del servicio de guardería a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que de la falta de inclusión del código postal 91910, en el proceso de licitación no se sigue que automáticamente se les deje de prestar dicho servicio; incluso, la quejosa afirma que éste se le proporcionaría en un lugar diferente, de ahí que, se insiste, en el caso el amparo es improcedente contra el acto reclamado en los términos en que fue planteado. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Por tanto, se hace patente que el referido acto reclamado no causa agravio real, actual ni directo a la aquí quejosa, en virtud de que no contiene una determinación que hubiese generado cambios en su esfera jurídica, lo cual constituye un requisito indispensable para accionar la vía constitucional. De ahí que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, por haberlo solicitado expresamente la ocursante. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese y personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Ivette Caballero Rodriguez, Secretaria con quien actúa y da fe.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B Boca del Río, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda presentada por********************por propio derecho y en representación del menor ********************, contra actos y autoridades precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número ********************/2022-2, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO A fin de proveer lo conducente, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, es importante señalar que nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Es importante señalar que el hecho de que el auto inicial no constituya formalmente una resolución de fondo, no implica que no pueda contener una decisión atinente al momento procesal en que se ubica (sobre el curso que debe darse a la demanda); y, en ese tenor, el hecho de que la evidente e insuperable ausencia de un interés jurídico requiera de un estudio cuidadoso o minucioso, no implica que no pueda realizarse en ese auto inicial, sobre todo cuando se configura con facilidad o claridad la materia del asunto y completitud en los elementos que revelan la situación concreta. Así, se considera que tratándose del interés jurídico en casos específicos subsiste la posibilidad de que, de contar con los factores aptos y suficientes para determinar la potencial afectación a la esfera jurídica del amparista, el juez de distrito puede emitir una determinación que decida sobre su ausencia definitiva e insuperable, se insiste, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable en términos del artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Así se colige, de lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 331/2016, que en lo conducente dice: "En efecto, la práctica judicial impide soslayar que existen casos en los que el mero análisis de la demanda y de sus anexos permite advertir que el acto reclamado no perjudica la situación del particular, o bien, la afectación que le causa le otorga sólo un interés simple y no uno jurídico o legítimo, en virtud de que es claro que no existe daño a un derecho subjetivo del que sea titular el amparista o, en su defecto, una situación objetiva particular que le permita exigir del poder público que ajuste su actuación a derecho, pero no por su calidad de ciudadano, sino porque, cumpliéndose con la ley, conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto; supuesto en el cual resulta ocioso abrir una dilación procesal que, independientemente de los elementos que se alleguen al sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia del promovente. Esto es, con base en la apreciación de la situación a partir de la cual se aduzca el perjuicio que genera el acto de autoridad, el juzgador de amparo debe distinguir entre la existencia de la titularidad de un interés jurídico o legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria); sobre lo cual pueden configurarse diversos escenarios, a saber: Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue, aprecie indefectiblemente que su situación frente al acto de autoridad conlleva un mero interés simple y, por ende, carezca de la titularidad de un interés jurídico o legítimo, podrá determinarse que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho". De lo anterior, derivó la jurisprudencia 57/2017, emitida por la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, tomo II, junio 2017, Décima Época, materia común, con número de registro digital 2014433, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En el caso, del libelo constitucional de cuenta se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La eliminación de la ubicación (Código postal) del procesos de licitación pública nacional número LA-050GYR014-E688-2022 correspondiente a la 'Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único' para el Órgano de la Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027" Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de agravio personal y directo y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, Para justificar lo anterior, procede traer a contexto los mencionados artículos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que en el juicio de amparo la parte quejosa es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona que estará legitimada para instar la acción constitucional. Nuestro Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Por su relación, se cita la tesis número 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve, libro XXII, Tomo 1, registro 2004008, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Del mismo modo, apoya lo anterior, la jurisprudencia 51/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la publicación del 8 de marzo de 2019, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019456, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis no es de origen) En consecuencia, para la comprobación de un interés jurídico o legítimo para la procedencia del juicio de amparo, se requiere como elemento esencial en su constitución, la existencia de un agravio personal, real y actual; por lo cual, cuando este no exista o no se encuentre probado, se actualizará una causa de improcedencia. En ese orden, como se adelantó, en el caso concreto,********************por propio derecho y en representación del menor ********************, promovió juicio de amparo señalando como acto reclamado la eliminación de la ubicación (Código postal) del proceso de licitación pública nacional número LA-050GYR014-E688-2022 correspondiente a la "Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único" para el Órgano de la Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027. De igual manera, entre las manifestaciones que la parte quejosa vierte en su demanda de amparo, señala lo siguiente: 1.********************por propio derecho y en representación del menor ********************, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser derechohabiente del servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que su menor hijo ha asistido en forma constante y por necesidad, a la guardería denominada U-0662, la cual se encuentra ubicada en avenida 2 de abril, número 842 de la colonia Ignacio Zaragoza, en Veracruz, Veracruz, con código postal 91910. 2. Al acudir a las instalaciones de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, le proporcionaron una copia del acta del fallo emitido en la licitación pública nacional electrónica número LA-050GYR014-E688-2022 de diecinueve de diciembre del año en curso, de la cual se advierte que se llevó cabo un proceso de licitación que tenía por objeto la contratación del servicio de guardería esquema vecinal comunitario único, para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027; y le informaron que ya no contratarán ninguna guardería en la zona a la que su menor hijo acudía, ya que la guardería es contratada de acuerdo al código postal, y el código postal que corresponde a la estancia infantil a la que acude el menor de edad en comento, ya no fue incluida en esa licitación. 3. Refiere que si se cierra la guardería donde actualmente recibe el servicio como beneficiara del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no tendrá el servicio de guardería en dicha zona y se verá en la necesidad de trasladarse a lugares más lejanos causando un mayor riesgo a su integridad física y su hijo, así como de las demás madres que tendrán que llevar a sus hijos a una guardería distinta, además de que les representará mayor erogación por el uso de transporte. Por otro lado, de la documental anexada por la quejosa a su demanda de amparo, consistente en la copia de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR014-E688-2022, que refiere le entregaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que: a) El proceso de licitación tuvo por objeto la contratación del servicio de guarderías "Esquema Vecinal Comunitario Único", para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social Régimen Ordinario Multianual 2023-2027, y se publicó la convocatoria en el Sistema Compranet; b) El veintitrés de noviembre se inició el evento de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria, la cual se tuvo por concluida el veinticuatro de noviembre pasado; c) El uno de los cursantes, se llevó a cabo el evento de presentación y apertura de proposiciones, la cual se realizó a través de medios remotos de comunicación electrónica mediante el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (CompraNet), recibiéndose a los participantes, entre ellos a "Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, S.C."; d) Posteriormente en el desarrollo del evento se dejó constancia que la licitante en comento presentó oferta para el código postal 91910, mismo que no fue convocado en dicho evento, por lo que dicha propuesta no sería considerada; y, e) El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-050GYR014-E688-2022, fue declarada desierta en virtud de que la proposiciones presentadas no reunían los requisitos establecidos en la convocatoria. De lo anterior se desprenden tres aspectos importantes: 1) la licitación con la que se relaciona el acto reclamado tenía por objeto la contratación del servicio de guarderías "Esquema Vecinal Comunitario Único", para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social Régimen Ordinario Multianual 2023-2027; 2) fue declarada desierta; y 3) la parte licitante para el código postal 91910 de cuya exclusión de dicho proceso se duele la quejosa, sobre el cual la licitante fue "Papalotl Enlace Educativo de Desarrollo Infantil, S.C.". Es decir, por un lado, la persona afectada con la exclusión que ahora reclama la quejosa, se trata de una persona distinta a ella, pues corresponde a una persona jurídica cuya oferta no fue tomada en consideración. Por otro lado, se tiene que el proceso de licitación no generó algún cambio en la esfera jurídica de la quejosa, porque no se constituyó ni eliminó algún derecho u obligación en su favor; pues ni siquiera se aprobó alguna de las propuestas presentadas, ya que se declaró desierta, lo que se traduce en que el resultado que dio el proceso de licitación, fue el mismo que si no se hubiera realizado. Y ante ello, existe la posibilidad de que se emita una nueva convocatoria a un proceso de licitación con el objeto de contratar el mencionado servicio de Guardería esquema vecinal comunitario único, para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, no se observa que en la referida acta se contenga alguna orden de cancelación del servicio de guardería que dice recibir la quejosa, ni que se hubiera suprimido ese derecho de su esfera jurídica; ni refiere la quejosa que haya recibido constancia o notificación alguna de la que se advierta la negativa de tener acceso a la prestación del servicio de guardería por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, sumado a que las manifestaciones de la quejosa atinentes a que si se cierra la guardería donde actualmente recibe el servicio como beneficiara del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no tendrá el servicio de guardería en dicha zona y se verá en la necesidad de trasladarse a lugares más lejanos causando un mayor riesgo a su integridad física y su hijo, lo cual le representará mayor erogación por el uso de transporte, se tratan de actos futuros de realización incierta. Aunado a lo expuesto, este juzgador considera que no se demuestra el interés legítimo de la parte quejosa, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse -en caso de concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona, pues la quejosa no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato; sino que su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos, lo que limita su pretensión a un interés simple derivado de su condición de gobernado. Es decir, sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad, sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y lo coloque en un punto diferenciado (cualificado, actual, real y jurídicamente relevante) de la situación general. Por ello, el interés que ostenta el peticionario es simple o jurídicamente irrelevante, porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para el interesado; y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. De igual forma, es importante destacar que de conformidad con el artículo 134, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la licitación pública es el presupuesto necesario para que los particulares presten al Estado servicios de cualquier naturaleza, con la finalidad de asegurar que el ente público contrate bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo cual ocurre a través de una convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes. Por ello, solo son quienes participen en esas licitaciones los eventuales afectados con las determinaciones que ahí se adopten. Por tanto, si la parte peticionaria de amparo reclama la eliminación de la ubicación (Código postal) del proceso de licitación pública nacional número LA-050GYR014-E688-2022 correspondiente a la "Contratación del Servicio de Guarderías Esquema Vecinal Comunitario Único" para el Órgano de la Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, régimen ordinario multianual 2023-2027, es evidente que únicamente cuenta con un interés simple; no así el legítimo o el jurídico. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 38/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además, es importante señalar que con independencia de que la parte quejosa afirme que es derechohabiente del servicio de guardería a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que de la falta de inclusión del código postal 91910, en el proceso de licitación no se sigue que automáticamente se les deje de prestar dicho servicio; incluso, la quejosa afirma que éste se le proporcionaría en un lugar diferente, de ahí que, se insiste, en el caso el amparo es improcedente contra el acto reclamado en los términos en que fue planteado. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Por tanto, se hace patente que el referido acto reclamado no causa agravio real, actual ni directo a la aquí quejosa, en virtud de que no contiene una determinación que hubiese generado cambios en su esfera jurídica, lo cual constituye un requisito indispensable para accionar la vía constitucional. De ahí que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, por haberlo solicitado expresamente la ocursante. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese y personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Ivette Caballero Rodriguez, Secretaria con quien actúa y da fe.
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