Sofia Guadalupe Morales Murguia
Expediente 1232/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sofia Guadalupe Morales Murguia
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio remitido por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, con anexo, a través del cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe de cuenta y con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad responsable designando como delegados a los profesionistas que ahí menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su oficio de cuenta.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, y su anexo; ahora, en atención a su contenido, téngasele rindiendo su informe previo a la indicada autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo y con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable el que señala en el informe de cuenta, de acuerdo con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, como delegados para tales efectos a las personas que indica, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. De igual manera, como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 1, 14, 34 y 39 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se habilite para que pueda ingresar y consultar los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, con las claves de usuarios "********************" y "********************", que corresponden a los delegados que menciona en su oficio de cuenta. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar a los usuarios "********************" y "********************", para que pueda ingresar y consultar el expediente electrónico del expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los tres oficios, signados respectivamente por la Directora, Subdirectora Médica, y por la Jefa de Enseñanza, Investigación y Capacitación, todas del Hospital General de Tarimoya, con sede en la ciudad de Veracruz, y con tres anexos que acompañan, mediante los cuales informan gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, se puede advertir que las autoridades obligadas realizaron lo siguiente, en el ámbito de sus atribuciones: Se emiten los oficios ********************y********************(no así el diverso HGT/DG/SM/JEIyC/447/2023 que refiere la autoridad), con la finalidad de dejar sin efectos la minuta de reunión de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en lo que respecta a la quejosa ********************. Se deja insubsistente en lo que respecta a la quejosa ********************, el oficio ********************, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se envió la minuta de acta y se pone a disposición de la Subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación, la baja del internado de pregrado del estudiante del Hospital General de Tarimoya. Por indicaciones de la Subdirección de Enseñanza vía correo electrónico, se informó a la quejosa que deberá presentarse en el domicilio y horario establecido de acuerdo a lo señalado en el punto 4 del oficio********************de 14 de noviembre del año en curso, para efecto de que realice los tramites subsecuentes de obtención de constancia de término del programa nacional de internado medico de pregrado, el cual será otorgado en uso de las atribuciones por la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz Se emitió el oficio ********************, de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, relacionado con la carta de no adeudo internado de pregrado a favor de ********************. Se emitió el oficio ********************de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, a favor de la quejosa antes citado del cual se advierte la conclusión de su internado medico de pregrado. Por tanto, se tiene a las autoridades obligadas informando, las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Sin embargo, es importante puntualizar que las oficiantes destacaron que por cuanto hace al efecto jurídico número uno del capítulo de "Efectos de la sentencia de amparo", del fallo aquí dictado, en el que se ordenó lo siguiente: "I. Dejar insubsistente la baja de la quejosa ********************, al Programa Nacional de Internado Médico de Pregrado."; esto está a cargo de la Subdirección de Atención Médica, pues es quien debe de dejar insubsistente el oficio ******************** de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, al ser la autoridad que lo emitió. Ahora bien, dado que las personas juzgadoras que emiten las sentencias son los principales operadores jurídicos encargados de velar por su exacto cumplimiento como una cuestión de orden público, para cumplir con dicha finalidad deben desplegar todas las facultades encomendadas por la Ley de Amparo. Toda vez que en este asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, cuyos efectos son los siguientes: "Séptimo. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales de la parte quejosa, precisadas en la última parte del considerando que antecede, como ya se apuntó, se traducen en la concesión del amparo solicitado. Por tanto, a fin de restituir a la quejosa ******************** en el goce de sus derechos, las autoridades responsables Directora de Atención Médica, de Servicios de Salud de Veracruz; Director General del Hospital General de Tarimoya Veracruz; Jefa de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Hospital General de Tarimoya, Veracruz y Subdirectora Médica del Hospital General de Tarimoya, Veracruz, deberán: I. Dejar insubsistente la baja de la quejosa ********************, al Programa Nacional de Internado Médico de Pregrado, II. En este aspecto, se precisa que ello conlleva dejar sin efectos por cuanto hace a la quejosa ******************** la minuta de la reunión de veinte de diciembre de dos mil veintiuno; III. En vía de consecuencia, dejar insubsistente por cuanto hace a la quejosa ******************** el oficio HGT/DG/SM/JEIyC/377/2021, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, documento con el que se envía la minuta del acta y se pone a disposición de la Subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación, la baja del internado de pregrado a la quejosa del Hospital General Tarimoya; y, el oficio ********************, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Director de Atención Médica, dirigido al Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, por el cual se comunica esa baja. IV. Implementar las acciones tendentes a integrar a la quejosa al Programa de Internado médico que se encuentre vigente al causar ejecutoria la presente determinación, con la finalidad de que esté en condiciones de concluir los requisitos necesarios para la continuación del trámite académico respecto del cual se encontraba inscrita en el programa nacional del que fue dada de baja. Por lo cual, las autoridades respectivas deberán tomar en consideración las similitudes y diferencias -en caso de que estas existan- entre el programa de dos mil veintiuno y el que impere al momento del cumplimiento al fallo amparador, y realizar los ajustes correspondientes con la finalidad de que las funciones que realice la quejosa con base en el programa actual no sean mayores y sean acordes con los requisitos que deben cumplirse para la concretización de los trámites académicos que la peticionaria del amparo aspiraba a realizar con la culminación del programa del cual fue dada de baja derecho vulnerado en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que en el caso consiste en continuar y tener la posibilidad de concluir el internado, pero sin que esta decisión jurisdiccional pueda abarcar a la acreditación del programa, pues ello es propio del ámbito académico, facultades y autonomía de las responsables. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, se vincula a la diversa autoridad ********************Director de Atención Médica de la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación de la Secretaría de Salud de Veracruz, y se le requiere para que en el plazo de tres días, -para el efecto deberá anexarse al oficio correspondiente copia de la sentencia y ejecutoria de amparo-,contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, esto es: Deje insubsistente el oficio ********************, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del término que se les señala, con fundamento en el artículo 258 de la actual Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual hoy equivale a ********************; misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a ********************, y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de cada una, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Es importante destacar que al ser autoridad vinculada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintBoca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el titular de la Unidad Jurídica Delegacional con sede en Xalapa, Veracruz y un anexo, por medio del cual informó que por comunicado 1.4.3.6047/2023, la Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones le remitió el talón de pago correspondiente a la nómina del mes de noviembre, del quejoso, de la que relata se aprecia la cantidad de $200,705.82 (doscientos mil setecientos cinco pesos 82/100), por concepto de compatibilidad de pensión y, remite constancias para acreditarlo. No obstante, señaló que si bien por resolución administrativa 1.4.3.5028/2023, se determinó la suma total por los descuentos a la pensión del quejoso ascendía a $230,705.79 (doscientos treinta mil setecientos cinco pesos 79/100 moneda nacional), lo cierto es que la diferencia que existe entre lo establecido y lo transferido a la parte quejosa es por $29,999.97 (veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 moneda nacional), misma que le será pagada al quejoso en la nómina de diciembre, la cual resalta será depositada el treinta de noviembre del año en curso. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Sin embargo, es importante destacar que si bien la autoridad responsable informó sobre el pago realizado al aquí quejoso por concepto de los descuentos a su pensión, 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ 2 a su cuenta de nómina y que el remanente le será depositado en la misma vía; a la fecha no obran constancias suficientes para considerar que haya dado cabal cumplimiento a los efectos jurídicos trazados en la ejecutoria de amparo. Por tanto, requiérase nuevamente, vía telegráfica y ordinaria, a la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, para que dentro del término de cinco días, siguientes a que surta sus efectos la notificación del presente auto, informe de inmediato las gestiones efectuadas para el debido cumplimiento de la ejecutoria aquí dictada; remitiendo para ello, de manera íntegra y legible, las constancias con las cuales lo acredite, o informe la imposibilidad que tenga para ello, esto es: ? Remita el talón de pago correspondiente a la nómina del mes de diciembre del quejoso Salvador Hernández Martínez. Toda vez que del comprobante de pago que remitió la autoridad obligada, no se advierte que al quejoso, se le está depositando la pensión de viudez correspondiente: ? Remita las constancias o el desglose correspondiente de las cantidades a percibir por parte del quejoso de las pensiones de viudez y jubilación, a que tiene derecho. Es importante destacar que al tratarse de la autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo. 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ Juicio de amparo 97/2022 3 En el entendido, que de no dar cumplimiento al requerimiento que aquí se le ha formulado, en la fecha que se señala, o bien, manifieste su imposibilidad legal para ello, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa a cada una, de cien unidades de medida y actualización, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos setenta y cuatro centavos), y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad obligada, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable.
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