SOFÍA YUNUET GALLEGOS LUGO y Otros.

Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
310/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Sofía Yunuet Gallegos Lugo
  • SOFÍA YUNUET GALLEGOS LUGO y Otros.
  • JESÚS JAVIER VENTURA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por Rafael Aguilar Hernández, Andrés Emmanuel López Reyna y María Fernanda Torres Zulaica, autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual hacen del conocimiento a este órgano jurisdiccional que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dejaron de fungir como abogados de los aquí quejosos, por lo que solicitan se les deje de tener con tal carácter en este asunto. Acuerdo. Como lo solicitan, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se les deja de tener con el carácter de autorizados de los aquí quejosos por los motivos que refieren. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por medio del cual solicita se autorice la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Autoriza consulta del expediente electrónico. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la representación social para consultar el expediente electrónico a través del usuario "DOLORESGUAJARDO". Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Asimismo, el Actuario Judicial que tenga a su cargo este asunto, deberá proceder en los siguientes términos: En el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ingrese al apartado de "Actuaria", luego "Lista de Síntesis de Acuerdos" y después "Captura de Síntesis", y en el cuadro de número de expediente teclear el juicio de amparo en que se actúa. En la página que aparece deberá seleccionar el botón correspondiente a la fila denominada "Detalle", respecto de todos los acuerdos dictados previamente al presente proveído en el cual se autorizó el acceso al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. En la página emergente que aparezca, en el apartado de "partes" seleccionará a la representante especial citada y, en el rubro titulado "Tipo de Notificación" deberá seleccionar "Notificación por lista", y luego apretar el botón "Guardar", solo respecto de los acuerdos que no se le haya notificado por medio de lista o por oficio. El Actuario Judicial deberá levantar el acta circunstanciada correspondiente en la que haga constar el cumplimiento de lo anterior, y el Secretario encargado del trámite de este asunto deberá constatar lo anterior. Notifíquese por medio de lista; y cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí: a) Que, en audiencia, el juez de control responsable deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el seis de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la probable responsabilidad de ********************. b) Emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos. En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable, a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informe de la responsable. En atención a lo anterior, mediante oficio firmado por la Gestora de la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, recibido en este juzgado el trece de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de la que se desprende que la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral: - Autorizó la salida alterna de la suspensión condicional del proceso, la cual se decretó por el término de seis meses, en la que los imputados cumplirán con las siguientes condiciones: (i) residir en su domicilio particular, (ii) no acercarse a las víctimas y ofendida, así como a sus domicilio y locales comerciales en que se ubican sus negocios, (iii) presentación periódica de manera mensual, y (iv) se realizó el pago de la reparación del daño a las víctimas y ofendida. - Se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva que tenían impuesta los imputados. Audiencia a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, toda vez que su contenido se equipara al de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a. /J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, del rubro y textos siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 153 del tomo VI, común, apéndice 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, quinta época, con el número de registro 394182, del sumario siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Derivado de lo anterior, la responsable se declaró imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos materia de la causa penal ********************, ya que ha cambiado la situación jurídica de los aquí quejosos ********************, dentro del proceso penal citado, génesis del acto reclamado. 3. Determinación sobre el cumplimiento. Atendiendo al contenido de la documental precisada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declarara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, Lo anterior se considera así, pues los efectos del amparo consistieron en que el juez responsable (i) deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el seis de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la probable responsabilidad de ********************, y (ii) emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos. Sin embargo, dada la situación jurídica actual de los quejosos, a quienes se les concedió la suspensión provisional del proceso, resulta que ha quedado sin materia el cumplimiento a la ejecutoria, ya que con motivo de la determinación contenida en la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, ha cambiado la situación jurídica de éstos, sin que el juez de control responsable se encuentre legalmente posibilitado para hacer un pronunciamiento en los términos que se ordenó en la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo afectaría la nueva situación jurídica creada por la aludida determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que impera en la causa penal ********************, del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y terceros interesados; por medio de lista; y por oficios que se remitan a las autoridades responsables, diverso tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE:Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí: a) Que, en audiencia, el juez de control responsable deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el seis de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la probable responsabilidad de ********************. b) Emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos. En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable, a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informe de la responsable. En atención a lo anterior, mediante oficio firmado por la Gestora de la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, recibido en este juzgado el trece de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de la que se desprende que la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral: - Autorizó la salida alterna de la suspensión condicional del proceso, la cual se decretó por el término de seis meses, en la que los imputados cumplirán con las siguientes condiciones: (i) residir en su domicilio particular, (ii) no acercarse a las víctimas y ofendida, así como a sus domicilio y locales comerciales en que se ubican sus negocios, (iii) presentación periódica de manera mensual, y (iv) se realizó el pago de la reparación del daño a las víctimas y ofendida. - Se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva que tenían impuesta los imputados. Audiencia a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, toda vez que su contenido se equipara al de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a. /J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, del rubro y textos siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 153 del tomo VI, común, apéndice 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, quinta época, con el número de registro 394182, del sumario siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Derivado de lo anterior, la responsable se declaró imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos materia de la causa penal ********************, ya que ha cambiado la situación jurídica de los aquí quejosos ********************, dentro del proceso penal citado, génesis del acto reclamado. 3. Determinación sobre el cumplimiento. Atendiendo al contenido de la documental precisada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declarara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, Lo anterior se considera así, pues los efectos del amparo consistieron en que el juez responsable (i) deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el seis de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la probable responsabilidad de ********************, y (ii) emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos. Sin embargo, dada la situación jurídica actual de los quejosos, a quienes se les concedió la suspensión provisional del proceso, resulta que ha quedado sin materia el cumplimiento a la ejecutoria, ya que con motivo de la determinación contenida en la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, ha cambiado la situación jurídica de éstos, sin que el juez de control responsable se encuentre legalmente posibilitado para hacer un pronunciamiento en los términos que se ordenó en la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo afectaría la nueva situación jurídica creada por la aludida determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que impera en la causa penal ********************, del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y terceros interesados; por medio de lista; y por oficios que se remitan a las autoridades responsables, diverso tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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