Sofia Nohemi Rodríguez Silva
Expediente 338/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Felipe Rodríguez González
- LUIS FELIPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y Otros.
- Sofia Nohemi Rodríguez Silva
- Haidee Nahomi Rodríguez Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el treinta de abril del año que transcurre, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el treinta de abril del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, tomando en consideración que en autos obran documentos susceptibles de devolución exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esas documentales y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir al depurar el expediente. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el treinta de abril del año que transcurre, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el treinta de abril del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, tomando en consideración que en autos obran documentos susceptibles de devolución exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esas documentales y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir al depurar el expediente. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que remitió como complemento a su informe justificado.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término concedido a la tercera interesada Haidee Sofía Silva Fernández, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de trece de abril del año en curso, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción III, de Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. En otro orden, visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa en su escrito de demanda reclamó de la Juez Quinto de lo Familiar en el Estado, (i) el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la controversia familiar 322/2018, a través del cual se requirió al aquí quejoso por la entrega inmediata de sus menores hijas Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, a su madre Haidee Sofía Silva Fernández, y (ii) el apercibimiento de arresto de doce horas en caso de no hacerlo. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; situación que acontece en el presente caso. Lo anterior es así, en razón de que de las constancias remitidas por la Juez Quinto de lo Familiar en el Estado, relativas a la controversia familiar 322/2018, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo a Haidee Sofía Silva Fernández, por derecho propio y en representación de sus menores Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, demandando en procedimiento de controversia familiar por la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva de dichas infantes, y por diversas prestaciones, a Luis Felipe Rodríguez González, entre otros. En tal determinación la Juez responsable admitió dicho controvertido, ordenando el emplazamiento de los demandados, a quienes otorgó un plazo de nueve días para contestar su demanda, con el apercibimiento de no hacerlo se les tendría presuntamente confesos. De igual manera les requirió a éstos la entrega de las niñas Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se harían acreedores a un arresto de doce horas. Asimismo, dicha autoridad reservó proveer respecto de la custodia provisional de las aludidas infantes, hasta en tanto constara el emplazamiento de los demandados, con el fin de salvaguardar su derecho de audiencia previo a la determinación correspondiente. Por otra parte, el diecisiete de abril del año en curso, se dictó un auto en el cual la Juez responsable tomando en consideración que las menores Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, fueron reintegradas al domicilio en el que habitan con su madre Haidee Sofía Silva Fernández, entre otros factores, determinó conceder la guardia y custodia provisionales de las referidas menores a su madre, sin que dicha determinación implique la pérdida de la patria potestad que sobre las mismas conserva el aquí quejoso, ni tampoco la pérdida de su derecho de convivencia y visita. Entonces, si el diecisiete de abril del año en curso, la Juez responsable, otorgó a Haidee Sofía Silva Fernández, la guardia y custodia provisional de las menores Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto del requerimiento de entrega contenido en el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, puesto que se había reservado el pronunciamiento respecto de la custodia provisional de las menores de edad, hasta en tanto se encuentran emplazados los demandados, y al haber acontecido en ejecución de éste último proveído, la autoridad responsable emitió la ulterior determinación en la cual proveyó respecto a quién recaía el cuidado provisional de las aludidas infantes, quedando substituido de ese modo el auto mediante el cual se requirió su entrega. De ahí que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el auto reclamado, por no poder decidirse en tal procedimiento sobre la orden de entrega de las menores de edad, sin afectar la nueva situación jurídica que impera en el controvertido de origen, respecto de la guarda y custodia provisional de dichas infantes, decretado en acuerdo de diecisiete de abril del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En otro contexto, respecto del diverso acto reclamado consistente en el apercibimiento de arresto de doce horas, realizado en contra del aquí quejoso en proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio de controversia familiar 322/2018, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia. Es así porque, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales fueron previamente valoradas, se advierte que mediante proveído de tres de abril del año en curso, se ordenó el arresto por el término de doce horas en contra del aquí quejoso, el cual se ejecutó a las dieciséis horas del siete de abril del presente año, y terminó a las cuatro horas del ocho de abril del mismo año. Sobre tales bases resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de la determinación reclamada -apercibimiento de arresto- de la Juez Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considera violentado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea detenido con motivo del diverso acuerdo en el cual se le hizo efectiva tal medida de apremio aquí reclamada en su carácter de apercibimiento, y ésta no sea ejecutada, y se le devuelva el tiempo que permaneció detenido en las instalaciones de la Policía Ministerial. Ello, en virtud de que de las constancias remitidas por la Juez responsable, las cuales se reseñaron con antelación, se aprecia que el arresto referido se cumplimentó a las dieciséis horas del siete de abril del presente año, y terminó a las cuatro horas del ocho de abril del mismo año Luego, es inconcuso que tal orden ya ejecutada quedó irreversiblemente consumada, dado que su finalidad se agotó, máxime que los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle la libertad de que fue privado el aquí quejoso con la consumación del referido acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo las causas de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del nueve de mayo del año en curso, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término concedido a la tercera interesada Haidee Sofía Silva Fernández, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de trece de abril del año en curso, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción III, de Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. En otro orden, visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa en su escrito de demanda reclamó de la Juez Quinto de lo Familiar en el Estado, (i) el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la controversia familiar 322/2018, a través del cual se requirió al aquí quejoso por la entrega inmediata de sus menores hijas Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, a su madre Haidee Sofía Silva Fernández, y (ii) el apercibimiento de arresto de doce horas en caso de no hacerlo. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]. Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; situación que acontece en el presente caso. Lo anterior es así, en razón de que de las constancias remitidas por la Juez Quinto de lo Familiar en el Estado, relativas a la controversia familiar 322/2018, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable tuvo a Haidee Sofía Silva Fernández, por derecho propio y en representación de sus menores Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, demandando en procedimiento de controversia familiar por la guarda y custodia provisional y en su momento la definitiva de dichas infantes, y por diversas prestaciones, a Luis Felipe Rodríguez González, entre otros. En tal determinación la Juez responsable admitió dicho controvertido, ordenando el emplazamiento de los demandados, a quienes otorgó un plazo de nueve días para contestar su demanda, con el apercibimiento de no hacerlo se les tendría presuntamente confesos. De igual manera les requirió a éstos la entrega de las niñas Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se harían acreedores a un arresto de doce horas. Asimismo, dicha autoridad reservó proveer respecto de la custodia provisional de las aludidas infantes, hasta en tanto constara el emplazamiento de los demandados, con el fin de salvaguardar su derecho de audiencia previo a la determinación correspondiente. Por otra parte, el diecisiete de abril del año en curso, se dictó un auto en el cual la Juez responsable tomando en consideración que las menores Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, fueron reintegradas al domicilio en el que habitan con su madre Haidee Sofía Silva Fernández, entre otros factores, determinó conceder la guardia y custodia provisionales de las referidas menores a su madre, sin que dicha determinación implique la pérdida de la patria potestad que sobre las mismas conserva el aquí quejoso, ni tampoco la pérdida de su derecho de convivencia y visita. Entonces, si el diecisiete de abril del año en curso, la Juez responsable, otorgó a Haidee Sofía Silva Fernández, la guardia y custodia provisional de las menores Sofía Nohemi y Haidee Nahomi, ambas de apellidos Rodríguez Silva, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto del requerimiento de entrega contenido en el auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, puesto que se había reservado el pronunciamiento respecto de la custodia provisional de las menores de edad, hasta en tanto se encuentran emplazados los demandados, y al haber acontecido en ejecución de éste último proveído, la autoridad responsable emitió la ulterior determinación en la cual proveyó respecto a quién recaía el cuidado provisional de las aludidas infantes, quedando substituido de ese modo el auto mediante el cual se requirió su entrega. De ahí que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el auto reclamado, por no poder decidirse en tal procedimiento sobre la orden de entrega de las menores de edad, sin afectar la nueva situación jurídica que impera en el controvertido de origen, respecto de la guarda y custodia provisional de dichas infantes, decretado en acuerdo de diecisiete de abril del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En otro contexto, respecto del diverso acto reclamado consistente en el apercibimiento de arresto de doce horas, realizado en contra del aquí quejoso en proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho, en el juicio de controversia familiar 322/2018, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia. Es así porque, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales fueron previamente valoradas, se advierte que mediante proveído de tres de abril del año en curso, se ordenó el arresto por el término de doce horas en contra del aquí quejoso, el cual se ejecutó a las dieciséis horas del siete de abril del presente año, y terminó a las cuatro horas del ocho de abril del mismo año. Sobre tales bases resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de la determinación reclamada -apercibimiento de arresto- de la Juez Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considera violentado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea detenido con motivo del diverso acuerdo en el cual se le hizo efectiva tal medida de apremio aquí reclamada en su carácter de apercibimiento, y ésta no sea ejecutada, y se le devuelva el tiempo que permaneció detenido en las instalaciones de la Policía Ministerial. Ello, en virtud de que de las constancias remitidas por la Juez responsable, las cuales se reseñaron con antelación, se aprecia que el arresto referido se cumplimentó a las dieciséis horas del siete de abril del presente año, y terminó a las cuatro horas del ocho de abril del mismo año Luego, es inconcuso que tal orden ya ejecutada quedó irreversiblemente consumada, dado que su finalidad se agotó, máxime que los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle la libertad de que fue privado el aquí quejoso con la consumación del referido acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo las causas de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con diez minutos del nueve de mayo del año en curso, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
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