Sofía Villeda Trejo

Expediente 252/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
252/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Sofía Villeda Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III) Toluca, Estado de México; doce de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta patentiza que, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de quince de mayo pasado, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia; en tal virtud, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en el libro de gobierno háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; quince de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de abril de la presente anualidad (foja 52), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Sofía Villeda Trejo, en el que señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 1233/2015, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Mediante sentencia emitida el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 25 a 30), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral 1233/2015, así como dentro de los términos de ley se le notifique a la parte quejosa, por lo que deberá remitir copia certificada a este juzgado de las constancias que acrediten lo anterior." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el la autoridad responsable, a partir de que causara ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, en los tres días siguientes, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral 1233/2015, y dentro de los términos de ley lo notifique a la parte quejosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintinueve de abril pasado (foja 52), se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remitió copia certificada del laudo emitido el veinticinco de abril del año en curso en el expediente 1233/2015. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable, al emitir el laudo respectivo en el juicio laboral 1233/2015. Sin que pase inadvertido el hecho de que la responsable haya omitido adjuntar copia certificada de la notificación practicada a la ahora quejosa del laudo de mérito, pues dicha circunstancia quedó convalidada con motivo de la vista ordenada por este juzgado en proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, ya que el fin último del juicio de amparo es que las sentencias concesorias de la protección constitucional se cumplan, con lo cual puede evitarse requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Máxime que, la constancia relativa a la notificación personal de la determinación emitida por la responsable con motivo del cumplimiento del fallo protector, sólo se estima necesaria cuando la litis deriva de un "derecho de petición", en dónde ésta constituye un elemento indispensable para analizar su legalidad en términos del párrafo segundo del artículo 8° Constitucional. Al respecto resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167 del Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional-Administrativa, Marzo de 2011, Novena Época, registro 162603, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Así como el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1330 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Materia Administrativa, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 179934, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. AL EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO A ESTA GARANTÍA, ES INDISPENSABLE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA. Del artículo 8o. de la Constitución Federal y de los criterios jurisprudenciales que lo han interpretado, se desprende que en torno al derecho de petición deben actualizarse las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, la resolución correspondiente. Sobre esas premisas, es dable concluir que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud formulada es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo en comento; lo que precisa en el juicio de amparo la necesidad de analizar la legalidad de la notificación que se realice para hacer del conocimiento del gobernado la respuesta de la solicitud, bastando para ello la simple argumentación en la demanda de garantías de que no se dictó tal determinación o que no se dio a conocer al solicitante. Se expone tal aserto, porque precisamente la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, en el entendido de que aun cuando se haya dictado la resolución respectiva, si ésta no fue notificada debidamente provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición. En ese orden de ideas, basta que el quejoso alegue que no tiene conocimiento de la respuesta emitida para que el juzgador de amparo tenga la obligación de examinar si la contestación se emitió y fue notificada al peticionario; proceder este último que le impone, a su vez, el deber de examinar no solamente la existencia de la constancia de una notificación, sino también, si la notificación reúne las formalidades legales, esto es, los elementos jurídicos mínimos que determinan su existencia y el cumplimiento de su cometido, que es, sin lugar a dudas, hacer del pleno conocimiento del solicitante la determinación dictada respecto de su petición; de lo que se sigue que el juzgador de amparo está obligado a examinar que la relativa notificación haya satisfecho su cometido, sin que este examen implique que esté supliendo la deficiencia de la queja." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    (SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA) III) Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copias certificadas del laudo emitido el veinticinco de abril pasado en el expediente laboral 1233/2015. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copias certificadas del laudo emitido el veinticinco de abril pasado en el expediente laboral 1233/2015. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, visible en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la quejosa.

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