Sofia Peña Cano
Expediente 415/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2016
Partes del expediente
- Sofia Peña Cano
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se obtiene que la impetrante del amparo Sofía Peña Cano, dentro del plazo inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión contra el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual se sobreseyó en el juicio. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado; las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Expuesto lo anterior, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, porque encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, incisos I y II, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. II. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que únicamente se haya sobreseído; (...)". En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009; además, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren los acuses de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil dieciséis. En términos de los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remite copia certificada del laudo de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 633/2010. Ahora, es pertinente indicar que en el presente juicio la quejosa Sofía Peña Cano, reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a dictar el laudo en el expediente 633/2010. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el dos de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable se pronunció al respecto, al dictar el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, y a dichas constancias se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Motivo por el cual, en el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar y resolver oportunamente el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si éste prosiguiera hasta su conclusión y resolución, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce de la garantía individual violada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En la especie, el dos de mayo de dos mil dieciséis, la Junta responsable emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral 633/2010, determinando en sus puntos resolutivos lo siguiente: "PRIMERO. La parte actora, no acreditó la procedencia de sus pretensiones, en tanto que el Instituto demandado, justificó las defensas y excepciones que opuso. SEGUNDO. Se absuelve al demandado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, del pago y cumplimiento a la actora PEÑA CANO SOFÍA de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en la demanda y ampliación a la misma, en base a los razonamientos que han quedado precisados en la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.- Y en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. (.)" Por consiguiente, es patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en la medida que cesaron los efectos de la omisión reclamada al satisfacerse a plenitud la pretensión de la quejosa, esto es, que se emita el laudo que resuelve la litis del trabajo en comento. En tales condiciones, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en conformidad en la fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento. Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado en la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, Tomo VI, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la tesis P.CL/97, que se localiza en la foja 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1997, Tomo VI, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Por otra parte, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VI) Vista la certificación, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
VI) Se tiene por recibido el oficio y testimonio de la ejecutoria dictada, agréguese para los efectos legales procedentes, acúsese recibo. Se declara procedente remitirlo al archivo. El cuaderno principal es susceptible de destrucción. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, carecen de relevancia documental y, además. Notifíquese, y personalmente
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