Sofía Torres Martínez

Expediente 1315/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1315/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Sofía Torres Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de la secretaría, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión, en contra del auto de diecisiete de enero de esta anualidad, en el que se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vistos los autos, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio, el juzgador advierte la existencia de una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no considerarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; de ahí, que se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable al caso, pues se actualiza una causa de improcedencia. En el caso, se tiene actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Lo anterior, toda vez que la parte quejosa, en su demanda de amparo reclamó del Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, la falta de entrega y/o expedición de la cédula catastral respecto de un bien inmueble de su propiedad, ubicado en calle Santa Ana, sin número, lote uno, manzana nueve, zona uno, San Mateo Macuil********************. En ese sentido, la autoridad responsable Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, manifestando que: El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el Departamento de Tramitación de Solicitudes de ese Instituto, fue recibida la solicitud de trámite catastral con folio 7577, por lo que inició el trámite administrativo de traslado de dominio. Determinó procedente el trámite de traslado de dominio, generando el registro 27/1028/22 de cuenta catastral 471907, a nombre de la quejosa Sofía Torres Martínez, expidiendo la cédula catastral correspondiente. Cédula catastral con folio 024052902, que fue recibida en original por el autorizado de la parte quejosa, el doce de diciembre de la anterior anualidad. Acreditó lo anterior, con la documental consistente en copia certificada de la referida cédula catastral con folio 024052902, relativa a la cuenta 471907, a nombre de Sofía Torres Martínez, respecto del bien inmueble ubicado en calle San Ana, lote uno, manzana nueve, zona uno, San Mateo Macuil********************, con firma de recibido por el autorizado de la quejosa, el doce de diciembre de dos mil veintidós. Constancia que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, por resultar una actuación certificada. En ese contexto, toda vez que el doce de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa recibió la cédula catastral solicitada; es evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior, porque si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - ocho de noviembre de dos mil veintidós- en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, existía la omisión reclamada, empero, ésta cesó en sus efectos cuando la responsable expidió y entregó la cédula catastral correspondiente. Situación que pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 1994, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "INEXISTENCIA Y CESASIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Lo resaltado es propio. Asimismo, sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª /J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, bajo el tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional" En tales condiciones, ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese vía electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, rinde su informe justificado; asimismo, remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas. Por tanto, con el contenido del mismo dése vista a las partes para su conocimiento, sin perjuicio de relacionarlo en audiencia respectiva. En términos del numeral 119 de la ley invocada, se tiene como prueba documental de la autoridad mencionada, la que anexa a su oficio de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, y la que será tomada en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que refiere, ténganse por anunciadas, sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y ******************** ******************** Y ********************. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Asimismo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegado de su parte en términos del numeral 9º de la ley de la materia, a la persona que al efecto faculta, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica. Se toma nota del correo electrónico y números telefónicos que proporciona, para que sirvan como medio de comunicación no procesal, por así haberlo solicitado. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho del mes en curso. En tales condiciones, a fin de resolver conforme a derecho, dígasele a la autoridad oficiante que se le otorga un plazo de cinco días hábiles, improrrogable para que remita las constancias que le fueron solicitadas en auto de ocho del mes en curso, plazo que se contará a partir de su conocimiento del presente acuerdo. En la inteligencia que continúa vigente el apercibimiento que se le hizo en el auto de radicación. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica; y, por oficio a la autoridad responsable.

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