Sofía Natividad Pérez López

Expediente 799/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
799/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Sofía Natividad Pérez López

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio y anexos a través de los que se remitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. De igual manera, la superioridad informa que admitió a trámite el referido recurso de queja, registrándolo con el número ********************/2023, de su índice, de lo cual, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito electrónico de cuenta, firmado por ******,, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en atención a su contenido se acuerda: Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda origen de este asunto. Por tanto, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, y dado que dicho medio de impugnación se interpuso vía electrónica, en cumplimiento a la última parte del primer párrafo del numeral 101 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, únicamente: 1) dos impresiones del ocurso de cuenta, así como 2) la certificación en la que se haga constar que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución que integran este juicio; lo anterior, con independencia de que de considerarlo necesario el Tribunal correspondiente, se podrá remitir copia certificada de las constancias que requiera o en su caso, el expediente original. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" (SISE) para que habilite el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el Tribunal Colegiado que corresponda pueda realizar la vinculación respectiva. Por último, respecto a las autorizaciones meramente procesales que se solicitan en el escrito de cuenta, relativas a los autorizados para recibir notificaciones y usuario electrónico, dígase a la parte quejosa que deberá estar a lo acordado en auto de diecisiete de agosto de este año. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio al AD QUEM.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar y Civil de la Villa de Etla, Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico, y hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico, con el número 799/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento. Analizada la demanda, se advierte que en el caso se materializa la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De su contenido, se advierte que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, se tiene que el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia, se encuentra constitucionalmente establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que en su parte relativa, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Del análisis del precepto de referencia se deduce lo siguiente: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. En suma, cabe decir que dicho precepto tutela el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que las autoridades deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento que regulan su actuar, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, es decir, que no respete los términos establecidos dentro del procedimiento del que emana tal acto, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados al Juzgado Primero de lo Familiar y Civil de la Villa de Etla, Oaxaca, los siguientes: ". a).- La omisión de acordar mi escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, presentado el veintiséis del mes y año en mención, mediante el cual solicito se proceda a dar cumplimiento con los puntos resolutivos cuarto y quinto de la ejecutoria dictada en el Juicio Ordinario Civil de Nulidad de acta de matrimonio, que se tramita bajo el número de expediente ********, del índice de Juzgado Primero de lo Familiar y Civil de la Villa de Etla, Oaxaca. Lo que viola en mi perjuicio el artículo 82 y 85 del Código de Procedimiento Civiles vigente en el Estado, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como consecuencia de esa omisión de contestar su escrito, considera que se actualizan lo siguientes actos: b).- La administración de Justicia en forma retardada, toda vez que la Juez Responsable, emite sus acuerdos a mis escritos y demás trámites de manera prolongada, ocasionando con ello el retraso de la conclusión del juicio Ordinario Civil de Nulidad de acta de matrimonio que se tramita bajo el número de expediente 13/2019 en los plazos y términos previstos en el (sic) la ley. c).- La falta de cumplimiento eficaz de la sentencia ejecutoria dictada en el Juicio Ordinario Civil de Nulidad de acta de matrimonio, con número de expediente 13/2019, dentro de los plazos que establece la ley. Lo que viola en perjuicio mi derecho humano a una tutela judicial efectiva, previsto (sic) el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" Sin embargo, dichos actos, al resultar consecuencia de la primera omisión, se concluye que lo que en esencia reclama la parte quejosa, constituye: -La omisión de la responsable, de acordar el escrito que la parte quejosa presentó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en los autos del juicio ordinario civil 13/2019. Aunado a que los actos que indica como "la administración de justicia en forma retardada" y "la falta de cumplimiento eficaz de la sentencia ejecutoria dictada en el Juicio Ordinario Civil de Nulidad de acta de matrimonio, número de expediente 13/2019", tienden a ser manifestaciones propias de la naturaleza de un concepto de violación. Al respecto, en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, de manera ilustrativa se cita la Jurisprudencia I. 3o. A. J/26, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital: 223603, que aparece en la foja 69 del tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que refiere: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". Luego, si en el caso, el acto reclamado constituye la omisión de la responsable, de acordar el escrito que la parte quejosa presentó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en los autos del juicio ordinario civil ******, resulta que tal omisión no representa una abierta dilación o la paralización total del procedimiento, por lo cual, el acto reclamado no puede considerarse como violación sustantiva o de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del juicio de civil de origen. Lo anterior es así, considerando que en la omisión de respuesta que se reclama, sólo median veinticuatro días hábiles, sin contar el día de la presentación del escrito cuya omisión se reclama (26 de junio de 2023), ni el de la presentación de la demanda de amparo (15 de agosto de 2023); pues, deben descontarse a la omisión reclamada tanto los días inhábiles como el periodo vacacional de la autoridad responsable; siendo que en el caso, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, resulta un hecho notorio que el Juzgado Primero Familiar y Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, tuvo su primer periodo vacacional que del diecinueve de julio al dos de agosto de este año, como se advierte del "Acuerdo General 1/2023 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que establece el calendario judicial de periodos vacacionales y de suspensión de labores para el año dos mil veintitrés", visible en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica:https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/SeccionListados/LlamarVista?anio=-1&idSeccion=2. Por tanto, tomando como parámetro la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS", es evidente que el lapso de veinticinco días hábiles, no resulta excesivo y que pueda considerarse violatorio del derecho de tutela judicial efectiva de la quejosa, reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional; pues se considera el periodo vacacional con el que contó la autoridad responsable. En así que, tal omisión de respuesta no implica una abierta dilación procesal y por tanto, constituye una afectación procesal que hace notoriamente improcedente este juicio de amparo, aunado a que irremediablemente la autoridad responsable tendrá que emitir el pronunciamiento respectivo al escrito de la parte quejosa. Asimismo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente" [Énfasis añadido] En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.". Autorizados. Téngase por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Mateo Antonio Chagoya y Julián Pablo Leyva Torres, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales ante el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y así haberlo solicitado la parte quejosa. Y, téngase por autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo de la ley de amparo, a las demás personas indicadas en el proemio del escrito de demanda, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales ante el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" ni haber acreditado su calidad de licenciados en derecho. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Autorización de notificaciones vía usuario electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 34, 35, 36 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se autoriza a la parte quejosa para acceder a este expediente electrónico, con el usuario "CHAGOYA100", a fin de que dicha parte pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, se tengan por practicadas las notificaciones. En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. No obstante, se toma nota del domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la quejosa, el cual será utilizado únicamente para el caso en que por alguna circunstancia no puedan realizarse las notificaciones vía usuario electrónico o bien, en el caso que por la relevancia de la determinación que se pronuncie, se considere necesario realizar la notificación personal en el domicilio físico, no obstante la habilitación de notificaciones electrónicas. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Asimismo, tómese en consideración para el momento procesal oportuno, la oposición que de sus datos personales solicita la parte quejosa. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese vía usuario electrónico a la parte quejosa.

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