Sofia de Jesus Quintal Lizama
Expediente 1458/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sofia de Jesus Quintal Lizama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la sentencia en cuyo único punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1458/2021-VI, promovido por Sofía de Jesús Quintal Lizama, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Isela Zarate Muñoz, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Seguidamente, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad de Mérida. La Jueza acuerda: Ténganse por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; así como con la documental que remitió con su informe justificado la autoridad responsable. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria procede a dar cuenta con las alegaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado en su alegato ministerial 417/2021, a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictar la sentencia siguiente. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 1458/2021-VI, promovido por Sofía de Jesús Quintal Lizama, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, por estimarlos violatorios de los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Sofía de Jesús Quintal Lizama, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, señalando como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, en el Juicio Laboral 137/2013, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante acuerdo de veinte de agosto dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque la omisión reclamada es atribuida a una autoridad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar respuesta al escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, en el Juicio Laboral 137/2013, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, realizó manifestaciones para defender la constitucionalidad de su actuar, a lo cual agregó, que con fecha de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo en el cual procedió a dar contestación a las manifestaciones hechas por la parte actora, en escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, en el cual dicho tribunal accedió a lo solicitado en cuanto al requerimiento de pago a la parte demanda, y en cuanto a su segunda solicitud consistente en el caso de no cumplir con el pago la parte demandada se le embarguen bienes suficientes, no se accedió a lo instado, por las consideraciones expuestas en el mismo, auto que fue notificado a la parte actora, hoy quejosa, el treinta y uno de agosto del año en curso, por conducto de apoderado legal, y con el propósito de verificar lo expuesto, señaló que anexaba copia certificada relativa al citado auto y constancia de notificación, de las que se advierte su existencia, por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Documentales a las que esta juzgadora les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de dar respuesta al escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, en el Juicio Laboral 137/2013, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, adjuntó a su informe justificado, se desprende que mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo en el cual procedió a dar contestación a las manifestaciones hechas por la parte actora, en escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, en el cual dicho tribunal accedió a lo solicitado en cuanto al requerimiento de pago a la parte demanda, y en cuanto a su segunda solicitud consistente en el caso de no cumplir con el pago la parte demandada se le embarguen bienes suficientes, no se accedió a lo instado, por las consideraciones expuestas en el mismo, auto que fue notificado a la parte actora el treinta y uno de agosto del año en curso, por conducto de apoderado legal. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, dio respuesta al escrito de la parte quejosa, mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la omisión de dar respuesta al escrito de tres de junio de dos mil veintiuno, en autos del Juicio Laboral 137/2013, del índice de la responsable, lo que en el caso se subsana con la emisión del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. CUARTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos del 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sofía de Jesús Quintal Lizama, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, precisado en el segundo considerando de la presente sentencia constitucional; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo por una parte, y se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal por otra; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la Ley de Amparo, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio, en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad de Mérida, y anexo que adjunta; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zarate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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