Sixto Lorenzo Rejon Gil

Expediente 1755/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1755/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Sixto Lorenzo Rejon Gil

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por los Magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y el Actuario de su adscripción, así como un anexo. Atento a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se aprecia que el acto que reclamó la parte quejosa, consistió en esencia la paralización en la que incurre el Tribunal responsable dentro del juicio laboral 281/2019, al no dictar auto de requerimiento de pago y embargo, que corresponden a la ejecución del laudo dictado en el citado juicio y al Actuario la omisión de realizar la diligencia de requerimiento de pago. Causal de improcedencia. En ese orden de ideas, cabe mencionar que este resolutor advierte que, en relación con el acto reclamado al Tribunal responsable, consistente en la paralización en la que incurre el Tribunal responsable dentro del juicio laboral 281/2019, al no dictar auto de requerimiento de pago y embargo, que corresponden a la ejecución del laudo dictado en el citado juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama en esencia la paralización en la que incurre el Tribunal responsable dentro del juicio laboral 281/2019, al no dictar auto de requerimiento de pago y embargo, que corresponden a la ejecución del laudo dictado en el citado juicio y al Actuario la omisión de realizar la diligencia de requerimiento de pago. En ese sentido, se tiene que el Tribunal responsable adjuntó a su informe, el auto de doce de agosto de dos mil veintidós en el que dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del juicio laboral 281/2019; asimismo, fijó para el seis de diciembre de dos mil veintidós la diligencia de requerimiento de pago. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida al Tribunal responsable, pues dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del juicio laboral 281/2019 y fijó para el seis de diciembre de dos mil veintidós la diligencia de requerimiento de pago. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, respecto al acto reclamado consistente en la paralización en la que incurre el Tribunal responsable dentro del juicio laboral 281/2019, al no dictar auto de requerimiento de pago y embargo, que corresponden a la ejecución del laudo dictado en el citado juicio. Causal de improcedencia. Ahora bien, respecto al acto que se le reclama al Actuario adscrito al Tribunal responsable, consistente en la omisión de realizar la diligencia de requerimiento de pago, de las constancias que remitió el Tribunal responsable se advierte que mediante auto doce agosto de dos mil veintidós de requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del juicio laboral 281/2019 y fijó para el seis de diciembre de dos mil veintidós la diligencia de requerimiento de pago. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, el Actuario al rendir su informe justificado, si bien aceptó la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de julio de dos mil veintidós), aún no existía auto de requerimiento de pago, máxime que fue hasta auto doce agosto de dos mil veintidós que se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del juicio laboral 281/2019 y se fijó para el seis de diciembre de dos mil veintidós la diligencia de requerimiento de pago. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada y del contenido de las constancias que remitió el Tribunal responsable, se aprecian ciertas las manifestaciones de la autoridad, pues específicamente del auto de auto doce agosto de dos mil veintidós que se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en cumplimiento a la sentencia dictada en autos del juicio laboral 281/2019, por lo que evidentemente que a la fecha de la presentación de la demanda el Actuario responsable no estaba en condiciones procesales de llevar la diligencia de requerimiento, pues la misma no había sido señalada por el Tribunal responsable. Lo anterior, revela que la omisión reclama al Actuario responsable, es inexistente. Así las cosas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el procedimiento laboral no se había dictado auto de requerimiento de pago, por tanto, la omisión apuntada por la parte quejosa, resulta inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de realizar la diligencia de requerimiento de pago, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente sólo resta señalar, que por auto de veinte de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de a quién le podría recaer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto se rinda el informe de Ley, lo cual aconteció; sin embargo, por los motivos expuestos párrafos precedentes, resulta innecesario hacer tal pronunciamiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del despacho, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano