Sodelva Feria Orozco
Expediente 46/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sodelva Feria Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha veintinueve de febrero del año en curso (fojas 64-67), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva; y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable Secretario de acuerdos encargado del Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en Juchitán, Oaxaca, remitió como justificación a su informe copias certificadas del expediente familiar número 570/2015 de su índice, mismo que se ordenó manejarlo por cuerda separada como anexo I, en tales condiciones, mediante oficio devuélvase dicho anexo. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en Juchitán, Oaxaca, por el que transcribe el acuerdo de fecha veintinueve de febrero del año en curso, de cuyo contenido se advierte que cumplió en sus términos, con la interlocutoria de fecha dieciocho de febrero del actual, así como con la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada. Notifíquese. IIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en Juchitán, Oaxaca, por el que remite la constancia relativa al emplazamiento del tercero interesado Macedonio Jiménez Toledo; se toma nota de lo anterior para los efectos legales procedentes Notifíquese. IIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los informes justificados rendidos por el Secretario de acuerdos encargado del Juzgado Segundo Familiar y Ejecutora adscrita a dicho Juzgado, ambos con sede en Juchitán, Oaxaca, visto su contenido y anexos que remite, la primera de las nombradas, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe es como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es el acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 570/2015, por el que, la responsable ordenó retener el porcentaje del treinta por ciento del ingreso semestral o anual que percibe el demandado, aquí tercero interesado Macedonio Jiménez Toledo por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de Sodelva Feria Orozco y de la menor Elvia Vivian Jiménez Feria. Ahora bien, analizadas las constancias que anexó a su informe justificado la autoridad responsable deducidas del expediente 570/2015, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se estima, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio; pues a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se dijo, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, es así, puesto que como se desprende de las constancias relativas al expediente 570/2015, que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 570/2015; sin embargo, éste dejó de tener vigencia y ejecutividad, al haberse sustituido por la interlocutora de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, dictada al resolver el recurso de revocación planteado por la impetrante del amparo contra el citado acuerdo, por lo que es este último el que ahora está vigente. De ahí que, se insiste, ha cesado en sus efectos el primer acuerdo que por esta vía combate la parte quejosa, al haberse emitido la diversa resolución, de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, razón por la cual resulta evidente que el acto del que se duele la impetrante de amparo, ha sido sustituido procesalmente por la determinación que recayó al citado recurso que la misma impetrante promovió en contra de aquél, por lo que el primero ha cesado en sus efectos y aunque no logró conseguir la reparación del derecho que aduce violado, es claro que la resolución del recurso sustituyó procesalmente a la determinación primaria, no obstante que pudiese subsistir la violación de derechos que dice la impetrante de amparo, pues el primer acto ya no puede ser materia de examen en el presente juicio de amparo biinstancial sino que es la resolución dictada con motivo del recurso de revocación que la quejosa interpuso en su contra; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que origina el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V de la misma Ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 410, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". Ahora bien, dado el volumen de las copias certificadas deducidas del expediente familiar 570/2015, que anexa dicha autoridad responsable, como justificación a su informe, se ordena manejarlo por cuerda separada en anexo I conservándose los folios, rúbricas y sellos, los que quedarán a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa y personalmente al tercero interesado. IIB
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