Sodelva Álvarez Canseco
Expediente 212/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sodelva Álvarez Canseco
- Sodelva Álvarez Canseco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 72 a 76), por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese y cúmplase. I-A-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 1427/2017, signado por la Juez Primero de lo Familiar, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por el que remite copias certificadas deducidas del expediente número 839/2012 del índice de ese Juzgado. Ahora bien, las aludidas copias certificadas, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo previstos en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Pues bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya actualización provoca que deba de sobreseerse en el juicio constitucional en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento legal en cita. En efecto, el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: fracción XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" La determinación que aquí se adopta, se justifica con el oficio 1427/2017, firmado por la Juez Primero de lo Familiar, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; mediante el cual remite un legajo de copias certificadas, en el cual obra el escrito recibido el cuatro de mayo del presente año, por el que la aquí quejosa Sodelva Álvarez Canseco, interpuso recurso de apelación, en contra del proveído de veintiuno de abril del año en curso, dictado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia número 839/2012, del índice del citado Juzgado (fojas 61 a 65). También consta la copia certificada del auto de dieciocho de mayo del año en curso, por el que la Juez responsable admitió en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la referida quejosa, en contra del auto de veintiuno de abril mencionado, y la notificación del referido auto a las partes en comento, en el expediente de referencia (fojas 59 y 60). En las relatadas consideraciones, es claro en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación que la quejosa, interpuso en contra del auto veintiuno de abril del presente año, donde se ordenó enviar el oficio al pagador o Jefe de Recurso Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que retenga únicamente y hasta nueva orden el 10% de la pensión alimenticia decretada a favor de Sodelva Álvarez Canseco, mediante oficio número 923/2016, de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, haciendo de su conocimiento que queda subsistente el porcentaje del 30%, decretado a favor de los menores Santos Adrián y Osvaldo de apellidos Rodríguez Álvarez (fojas 47 vuelta a 49), acto que también fue señalado como reclamado por la quejosa, en su escrito inicial de demanda, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- DE LAS ORDENADORAS se Reclama: HABER ORDENADO MEDIANTE ACUERDO Y OFICIO EN EL INCIDENTE DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADO DEL EXPEDIENTE 0869/2012, LA RETENCIÓN POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A RAZÓN DEL DIEZ POR CIENTO A FAVOR DE LA HOY QUEJOSA, Acto que viene a vulnerar flagrantemente mis derechos toda vez que NO se me ha vencido en un juicio en el que se cumplan la formalidades esenciales del procedimiento, RETENCIÓN que surtió sus efectos a partir de la segunda quincena del mes de abril del que transcurre. 2.- DE LA EJECUTORA. se Reclama: Llevar a cabo la Ejecución Material de la RETENCIÓN por concepto de Pensión Alimenticia a razón del diez por ciento a favor de la Quejosa Sodelva Álvarez Canseco. Así mismo RETIENE también el pago a Título de Alimentos a favor de mis Menores Hijos de apellidos SANTOS ADRIÁN y OSVALDO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, motivo por la cual solicito el Amparo de la Justicia Federal, Debo manifestar a su Señoría que el Acuerdo que da origen a la tramitación del presente juicio está fechado EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA; ABRIL VEINTIUNO DEL DOS MIL DIECISIETE, me fue NOTIFICADO el VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO." (sic). Lo que precisó en los puntos cuatro y cinco del capítulo de hechos. "4.- Con fecha Veintiuno de Abril de que transcurre la Ciudadana Jueza Primero de lo Familiar, ordena emitir el correspondiente exhorto, el cual contiene copia certificada del auto y el correspondiente Oficio Número 1047/2017, en el que se ordena al Pagador o Jefe de Recursos Humanos del instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realice LA RETENCIÓN POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A RAZÓN DEL DIEZ POR CIENTO que viene percibiendo la C. Sodelva Álvarez Canseco. 5.-Como lo he manifestado en líneas anteriores, es el Veintisiete de Abril del presente; que se me notifica el Auto de Fecha Veintiuno de Abril del año Dos Mil Diecisiete, auto que flagrantemente transgrede mis derechos fundamentales al no ser vencida en un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales de un procedimiento o debido proceso. Éste acto emanado de la Autoridad Responsable Ordenadora, transgrede mi derecho a percibir alimentos por la situación o condición que considera la Jueza Primero de lo Familiar, toda vez que aun para el caso que nos ocupa y en que fundamenta la razón de retener LA CANTIDAD POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A RAZÓN DEL DIEZ POR CIENTO que viene percibiendo la hoy Quejosa Sodelva Álvarez Canseco, NO es óbice excluirla del reconocimiento de una prestación- familiar como lo son los alimentos, ya que esto implicaría una discriminación por razón al estado civil, caso contrario sería procedente siempre y cuando se cumplieran los requisitos que exige el Numeral 300 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca en sus Segundo y Tercer Párrafos." Por lo anterior, resulta incuestionable que la resolución que se dicte en el citado recurso de apelación interpuesto, puede influir en la resolución reclamada; lo que impone sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley en consulta. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, la tesis P./J.144/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS número 190665, Pleno, Pleno, tomo XII, diciembre de 2000, visible en la página 15, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en este asunto, que se fijó por proveído de treinta y uno de mayo del actual (foja 18 vuelta), para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del tres de julio de dos mil diecisiete. Sin que el sobreseimiento dictado fuera de audiencia en el presente juicio, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa al amparista, pues las hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es exactamente aplicable, por establecer criterio sobre el tema, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J.10/2003, publicada en la página 386, tomo XVIII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronto, completa e imparcial". Asimismo, toda vez que a la fecha en que se actúa no se ha emplazado a juicio a la parte tercera interesada, tal eventualidad en el caso no impide resolver este asunto, en la medida que la determinación dictada en estos autos, no se ocupará del fondo del asunto, por actualizarse una causa de sobreseimiento en el juicio, de ahí que la resolución que se dicte no será contraria a sus intereses. Se invoca en apoyo por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J.46/1997, publicada en la página 396, del Tomo V, Junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente Rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. IA-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos el informe justificado remitido vía fax, rendido por el Juez Primero de lo Familiar, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; con el mismo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y ejerzan sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Ahora bien, como en dicho informe la autoridad judicial, no acompañó las constancias que guardan relación con el acto reclamado; atento a lo anterior, requiérasele, para que a la brevedad posible, remita copia certificada de las constancias que justifiquen el evento de su informe, siendo necesarias para la resolución del asunto. Notifíquese personalmente I-A AMPARO
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa Sodelva Álvarez Canseco, en atención a su contenido, téngasele en tiempo y forma desahogando la prevención contenida en proveído de dieciocho de mayo del presente año; exhibiendo copia certificadas de las actas de nacimiento de los aquí menores Santos Adrián y Osvaldo de apellidos Rodríguez Álvarez, con el que se le tiene acreditando la representación de los menores. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Sodelva Álvarez Canseco, por propio derecho y en representación de los menores Santos Adrián y Osvaldo de apellidos Rodríguez Álvarez, por propio derecho, contra actos del Juez y Secretario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; y Jefe de Recurso Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública, con residencia en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "1. DE LAS ORDENADORAS Se reclama haber ordenado mediante auto de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecisiete y oficio número 1047/2017, la RETENCIÓN por concepto de pensión alimenticia a razón del 10% (DIEZ POR CIENTO) a favor de la hoy quejosa. 2. DE LA EJECUTORA Se reclama llevar a cabo la Ejecución Material de la RETENCIÓN DEL 40% sobre los sueldos, salarios y demás prestaciones que percibe el Deudor Alimentario C. Uriel Rodríguez Zárate, distribuidos de la siguiente manera 10% para la hoy quejosa y 30% para los menores que se presentan en el presente juicio, retención que se ejecutó a partir de la segunda quincena de Abril del que transcurre."(sic) Advirtiéndose de la demanda de amparo que la parte quejosa señaló como autoridad responsable el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; y tomando en cuenta que el secretario del Juzgado de referencia carece de facultades de decisión y ejecución, como la que constituye la materia de la litis constitucional, pues su función consiste, principalmente en dar fe de lo actuado por el Titular del Juzgado, acorde con lo dispuesto por los artículos 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca y 29, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la misma entidad; de ahí que no debe considerársele como autoridad responsable en los términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no dicta, ordena, ejecuta ni trata de ejecutar el acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sentido, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desecha la demanda de amparo únicamente por lo que respecta al citado secretario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, que aparece en la página 132 del tomo II, segunda parte -1, julio-diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 229857, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO LO ES EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO. Es improcedente el juicio de amparo directo respecto del secretario de acuerdos del juzgado, porque no tiene el carácter de autoridad, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues sólo es fedatario de los actos del juez; por lo que debe sobreseerse en el juicio, con apoyo en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda en sus términos, continuándose con el número de registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión correspondiente, por no haberse solicitado expresamente. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Se reserva acordar lo procedente respecto de la existencia del tercero interesado y, en su caso, respecto de su emplazamiento a este juicio de garantías, una vez que obre el informe de la autoridad judicial responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngasele al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se precisa en el proemio de la demanda, y como autorizados a las personas que precisa. APERCIBIMIENTO. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 127/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IA-A
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