Sodel Vargas Santiago
Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Sodel Vargas Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL.649/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de agosto del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Remisión de documental a responsable. Se ordena devolver los tomos anexos que remitió la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como justificación de su informe, según acuerdo de dieciséis de julio de este año, ya que se estima innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional, al haberse ordenado el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. 8. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. 10. Incidente de suspensión. En el entendido de que mediante interlocutoria emitida el uno de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del original y duplicado del incidente de suspensión, por lo que no se emitirá acuerdo alguno en ese expediente, al haber causado ejecutoria la sentencia de que se trata. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA - PREVIO AVISO PRAL.649/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de agosto del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Remisión de documental a responsable. Se ordena devolver los tomos anexos que remitió la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como justificación de su informe, según acuerdo de dieciséis de julio de este año, ya que se estima innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional, al haberse ordenado el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. 8. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. 10. Incidente de suspensión. En el entendido de que mediante interlocutoria emitida el uno de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del original y duplicado del incidente de suspensión, por lo que no se emitirá acuerdo alguno en ese expediente, al haber causado ejecutoria la sentencia de que se trata. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.649/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Agréguese el oficio de la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de la presidenta, residente en la ciudad de Oaxaca, por el cual acusa recibo del oficio 23164/2021, mediante el que se le notificó la sentencia autorizada el treinta y uno de agosto del año en curso, dictada en este juicio de amparo, mismo que, dice, fue recepcionado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.649/2021.MESA.1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 649/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Sodel Vargas Santiago, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: I. De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo radicado con el número 4049/18-15-01-8, emitida el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. b) La omisión de ejecutar el apercibimiento consistente en la aplicación de la multa a la autoridad demandada, decretado en el acuerdo dictado con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en autos del juicio contencioso administrativo de referencia. II. Del delegado o responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. III. Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: c) La omisión de dar cumplimiento de la resolución y/o sentencia firme y ejecutoriada dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo de que se trata; y, d) Realización de actos dilatorios y prolongados, negligentes e injustificados (sic). La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 649/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto reclamado se le atribuye a las autoridades con residencia en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: I. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo radicado con el número 4049/18-15-01-8, emitida el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. b) La omisión de ejecutar el apercibimiento consistente en la aplicación de la multa a la autoridad responsable, decretado en el acuerdo dictado con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el referido juicio contencioso administrativo. II. Delegado o responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. III. Y subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: c) La omisión de dar cumplimiento de la resolución y/o sentencia firme y ejecutoriada dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo de que se trata. Al respecto, es de señalarse que la parte quejosa destaca como acto reclamado la realización de actos dilatorios y prolongados, negligentes e injustificados; sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que se relaciona con los conceptos de violación que el quejoso estima se actualizan con las omisiones reclamadas; por lo que, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tales argumentos se abordarán, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como actos destacados. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1) Magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad de Oaxaca. 2) Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del jefe de la Unidad Jurídica, Delegación Oaxaca, de dicho Instituto; y, 3) Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, Al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Al respecto, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló que: a) Mediante acuerdo emitido el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento a la determinación de veintisiete de enero de este año, se impuso multa a la encargada o titular de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y se le requirió nuevamente para que cumpliera íntegramente con la sentencia definitiva y firme de veintisiete de junio de dos mil diecinueve. b) En diversos autos de dieciocho de junio y nueve de julio de dos mil veintiuno se impuso nuevamente multa a la demandada y se le requirió cumpliera con dicha sentencia. Ahora, el establecer si existen o no los actos reclamados con base en esos argumentos, como lo alega la responsable, conllevaría un análisis pero de fondo del asunto, ya que debe determinarse si la autoridad cumplió o no con las disposiciones legales que rigen la materia de esos actos y, de ahí, decidir si son idóneos para cumplir con la sentencia natural, como lo impugna la parte quejosa. En esas condiciones, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen a la Sala responsable. Por su parte, el delegado Estatal del Instituto responsable únicamente negó la existencia de los actos atribuidos, sin aportar probanza que demostrara que no incurrió en la omisión reclamada; por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 208122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI.1o.230 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189. Tipo: Aislada ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO". Y el encargado de la Subdelegación de Prestaciones negó la existencia del acto atribuido, porque señaló que para dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, requiere del cálculo del monto correspondiente a la pensión por jubilación, que contará a partir de la fecha en que fue suspendida; además, dice, es necesario llevar a cabo el trámite respectivo para su incorporación a nómina, por lo que se encuentra integrando la documentación relativa, entre la que se encuentra la constancia de evolución salarial del pensionado. Por tanto, como posterior a la fecha en que se presentó la demanda de amparo inició con el procedimiento para realizar el cálculo de la pensión respectiva, a fin de que se tenga por cumplida la sentencia natural, se tiene por cierto dicho acto. Cuarto. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo que su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Por cuanto al acto consistente en: La omisión de ejecutar el apercibimiento consistente en la aplicación de la multa a la autoridad responsable, decretado en el acuerdo dictado con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el juicio contencioso administrativo radicado con el número 4049/18-15-01-8, que se reclama de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Por lo que al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. De las constancias remitidas en copia certificada por las autoridades responsables, a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos, se advierte que: 1º Ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, el aquí quejoso demandó la nulidad de la resolución de negativa ficta, recaída a su escrito interpuesto con fecha siete de junio de dos mil dieciocho, mediante el que solicitó el incremento de su pensión por jubilación conforme al índice nacional de precios y se le cubrieran dichas diferencias a partir de la fecha en que se jubiló. 2. Con fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente número 4049/18-15-01-8, en la que se consideró procedente su petición y ordenó a la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que dentro del plazo de cuatro meses, contado a partir de la fecha en que la sentencia quedara firme, emitiera otra resolución en la que aplicara el incremento de pensión de conformidad con los aumentos de salario y cubriera las diferencias de percepciones del pensionario quejoso a partir del siete de junio de dos mil trece y hasta que se diera cumplimiento a la sentencia. 3. Mediante ocurso presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, compareció ante la Sala responsable a promover el requerimiento al cumplimiento íntegro a la sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecinueve. 4. Con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno la Sala responsable dictó acuerdo en el que se inició el procedimiento establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se requirió a la autoridad demandada informara respecto al cumplimiento dictado en dicha sentencia. 5. Por acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno impuso multa a la demandada y la requirió cumpliera con la sentencia, en su caso, se le impondría nueva multa. 6. En proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno impuso multa a la demandada y la requirió nuevamente para que cumpliera con la sentencia ahí dictada, así como a su superior jerárquico, lo que fue notificado a las partes y al administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", el veinticuatro de mayo del año en curso, para que informara sobre el tratamiento aplicado a la multa de referencia. En el caso, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado, pues se extinguió la violación al derecho fundamental que pudo haberse cometido con la abstención atribuida y las cosas volvieron al estado que tenían antes de esa vulneración, ya que la responsable impuso la multa a la demandada, con la finalidad de que cumpliera con la sentencia emitida en el juicio ordinario tradicional, por lo que hizo efectivo el apercibimiento relativo. En consecuencia, conforme con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Análisis de diversa causa de improcedencia. La autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque, dice, contra las omisiones para cumplir con la sentencia natural, procede el recurso de queja, a que se refiere la fracción II del numeral 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, tal precepto establece: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: . II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de esta ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. - - - - .". Así, se prevé el procedimiento para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que puede ser en forma oficiosa o a petición de parte. Además, establece que el tribunal cuenta con un procedimiento para hacer cumplir sus sentencias, y que los afectados pueden ocurrir en queja si la autoridad omite dar cumplimiento a las mismas. Sobre el tema, se invoca en este asunto, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023272 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.I.A. J/168 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4520 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En México el juicio contencioso administrativo federal se encuentra severamente afectado en su eficacia, pues es sistemático el incumplimiento a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte de las autoridades administrativas, a pesar de que se agote el procedimiento para su ejecución, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que carece de verdaderos mecanismos coercitivos para hacer cumplir las sentencias de nulidad. Esto es, una sentencia estimatoria, que ya constituyó en definitiva un derecho subjetivo en favor del actor en un juicio contencioso administrativo federal, reviste el carácter de cosa juzgada que debe ser acatada a la brevedad, pues de lo contrario, se revictimiza al actor en el juicio contencioso administrativo federal. Entonces, una interpretación garantista del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a concluir que el recurso de queja previsto en la citada ley es optativo para el particular antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo para la ejecución de una sentencia estimatoria dictada en un juicio contencioso administrativo federal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO". En la ejecutoria que le dio origen a dicha jurisprudencia se determinó: ". QUINTO.-Estudio de la contradicción de tesis. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, de conformidad con los artículos 217, párrafo segundo, y 225 de la Ley de Amparo, el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a continuación se sustenta. El problema jurídico consiste en determinar si la interposición del recurso de queja previsto en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es optativa previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, o si por el contrario, existe obligación ineludible de agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En principio, conviene explicar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario útil para invalidar actos de las autoridades cuando son violatorios de derechos humanos, motivo por el cual, se funda en principios básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107, fracción IV, del Pacto Federal, entre los cuales figura la definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, en tanto que impone a la parte quejosa la obligación de agotar, previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto reclamado para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo cual se corrobora con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos indican: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "... "IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; ..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ..." De conformidad con los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que: 1) Los actos reclamados hayan sido emitidos por autoridades diferentes de los tribunales judiciales, administrativo o del trabajo; 2) En contra de esos actos no proceda algún recurso o juicio mediante el cual puedan ser revocados, modificados o anulados; y 3) Los efectos de los actos reclamados se puedan suspender, siempre que para ello no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo. En cambio, el referido principio de definitividad no tendrá que observarse cuando se presente alguno de los siguientes supuestos excepcionales: 1) Haya ausencia de fundamentación; 2) Se aduzcan violaciones directas a la Constitución; 3) El medio de defensa ordinario procedente esté previsto en un reglamento y la ley no lo contemple; 4) La autoridad responsable fundamente y motive el acto reclamado hasta el informe justificado. Establecido lo anterior, es preciso reproducir el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece el recurso de queja en el juico contencioso administrativo federal, en los términos siguientes: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: "I. La Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: "a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. "b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). "c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. "d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. "II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: "a) Procederá en contra de los siguientes actos: "1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. "2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de esta ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. "3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. "4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. "b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. "En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. "El Magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. "c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. "Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a), de este artículo. "d) Si la Sala Regional, la sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. "e) Si la Sala Regional, la sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. "f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. "g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere." El artículo transcrito prevé el procedimiento para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que puede ser en forma oficiosa por el citado órgano contencioso, o bien, a través de una variante, que es a petición de parte; en el primer caso, las reglas se desarrollan en la fracción I y en el segundo, en la fracción II. El procedimiento de oficio se desarrolla de la forma siguiente: a) Impondrá a la autoridad remisa una multa, requiriéndola nuevamente con apercibimiento de imponerle nuevas multas en caso de renuencia, lo que se informará a su superior jerárquico. b) Requerirá al superior jerárquico para que obligue a la autoridad a que cumpla sin demora, con apercibimiento de imponerle multa de apremio al primero de los mencionados. c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado para que dé cumplimiento a la sentencia. d) Transcurridos los plazos señalados en los supuestos que anteceden, la Sala pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. El procedimiento a petición de parte, procede contra: 1) El incumplimiento a la sentencia definitiva. 2) El exceso o defecto en su cumplimiento. 3) La repetición del acto reclamado. 4) El dictado de la resolución fuera del plazo legal, o 5) La ejecución del acto por parte de la autoridad a pesar de haberse concedido su suspensión. La lectura literal del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos puede llevar a la falsa idea de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un procedimiento eficaz para hacer cumplir sus sentencias y que en esa medida el vocablo "podrá actuar de oficio o a petición de parte", implica que la parte actora en un juicio de nulidad está obligada ineludiblemente a agotar el recurso de queja ahí previsto, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sin embargo, un análisis más profundo del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 17 constitucional, nos lleva a una conclusión distinta. En México, el juicio contencioso administrativo federal se encuentra severamente afectado en su eficacia, pues es sistemático el incumplimiento a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por parte de las autoridades administrativas, a pesar de que se agote el procedimiento para su ejecución, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El juicio contencioso administrativo en nuestro país no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, más allá de la imposición de las multas y la vista a los superiores jerárquicos y la contraloría interna de la dependencia correspondiente, a que alude el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En nuestro país, a pesar de que se agotan los procedimientos descritos en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, frecuentemente las autoridades administrativas no acatan las sentencias dictadas en los juicios contenciosos administrativos federales, porque saben que no existen verdaderas formas coercitivas para hacer cumplir un fallo de nulidad, como sí los prevé, por lo contrario, la Ley de Amparo. Esta realidad, nos lleva a un escenario de una justicia federal duplicada, esto es, los gobernados se ven obligados a acudir, primero, al juicio contencioso administrativo federal para obtener una sentencia que les reconozca un derecho subjetivo; al encontrarse frente al procedimiento de ejecución ineficaz, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tienen la necesidad de acudir por segunda ocasión ante la justicia federal, pero ahora ante el Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo indirecto, para obligar a las autoridades administrativas al cumplimiento de las sentencia de nulidad, conforme con los medios previstos en la Ley de Amparo, que pueden llevar incluso a la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado. Así, el recurso de queja previsto en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es un recurso que incumple con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional, consistente en la existencia de un recurso efectivo en favor de los gobernados. El artículo 17 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del contenido del precepto constitucional transcrito, se desprende que el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo, fue instituido a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. El derecho subjetivo a la impartición de justicia, consigna a favor de todas las personas el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, que se consagran en los siguientes principios: 1) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2) Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, garantizando con ello la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado el demandante; 3) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y, 4) Justicia gratuita, que implica que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho servicio público. En este sentido, cabe señalar que una sentencia estimatoria, que ya constituyó en definitiva un derecho subjetivo en favor del actor en un juicio contencioso administrativo federal, reviste el carácter de cosa juzgada que debe ser acatada con la mayor brevedad posible. Esa sentencia obliga por sí sola a la autoridad administrativa a actuar en el sentido que le ha indicado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En observancia del principio de legalidad, las autoridades administrativas están constreñidas a acatar los alcances de una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo federal. Empero, ante tal contumacia, como ya se indicó, el recurso de queja previsto en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es un recurso ineficaz, porque al carecer de verdaderos medios coercitivos para hacer cumplir una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, se incumple con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional. En esa medida, si el gobernado cuenta con una sentencia estimatoria, su ejecución debe ser inmediata, y ante su falta de cumplimiento por parte de la autoridad administrativa obligada y la ineficacia del recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es optativo para el gobernado sujetarse a ese procedimiento, o bien, acudir directamente al juicio de amparo indirecto, en razón de que la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. Tiene aplicación al caso concreto, por el criterio que sustenta, la jurisprudencia número P./J. 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 589, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XXVIII, septiembre de 2008, «con número de registro digital: 168959» cuyo rubro y texto disponen lo siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Entonces, una vez que el gobernado cuenta con una sentencia estimatoria derivada de un juicio contencioso administrativo federal, que constituye cosa juzgada, ya cuenta con un derecho subjetivo cuya ejecución es ineludible, de modo que, de una interpretación más profunda del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevan a considerar que el recurso de queja previsto en la ley federal citada, es ineficaz por su falta de verdadera coercitividad, de modo que, no existe razón para obligar al agraviado por el incumplimiento de una sentencia de nulidad, a agotar el apuntado recurso de queja, en tanto que sufre de una violación directa al derecho de recurso efectivo previsto en el artículo 17 constitucional, puesto que, además, es víctima de la inobservancia del principio de legalidad contenido en el diverso artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otros términos, el hecho de que se considere que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es optativo para el gobernado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, no implica la constitución de un derecho en favor del gobernado, pues el derecho subjetivo ya existe en razón de una sentencia estimatoria con carácter de cosa juzgada. Así, la interpretación del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en consonancia con el artículo 17 constitucional, que lleva a concluir que el recurso de queja previsto en la citada ley federal es optativo para el gobernado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sólo busca hacer eficaz la ejecución de un derecho subjetivo previamente reconocido al actor en el juicio de nulidad. Habida cuenta de que obligar a un gobernado a agotar ineludiblemente el apuntado recurso de queja antes de acudir al juicio de amparo indirecto, constituye una revictimización del actor, pues primero fue afectado de un acto administrativo ilegal que lo obligó a acudir al juicio contencioso administrativo federal, y aun teniendo su sentencia estimatoria, sigue siendo víctima de las ilegalidades de las autoridades, por la contumacia en acatar la sentencia de nulidad. Entonces, en aras de hacer efectiva la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que carece de verdaderos mecanismos coercitivos para obligar a las autoridades a cumplir sus sentencias, es que debe concluirse que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es optativo para el gobernado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo como prevé el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que si el actor decide optar por el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe esperar a su resolución; pero nada le impide obviar ese recurso ordinario ineficaz y acudir directamente al juicio de amparo indirecto cuando las autoridades administrativas son contumaces para cumplir con las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio contencioso administrativo federal. Amén de que el espíritu del principio de definitividad del juicio de amparo, parte de la base de que los recursos ordinarios sean eficaces; de lo contrario, no existe obligación de agotarlo. Corolario de lo expuesto, de una interpretación más profunda del artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es optativo para el gobernado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo para la ejecución de una sentencia estimatoria dictada en un juicio contencioso administrativo federal por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa". Como se ve, se interpretó el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 17 constitucional, para establecer que el recurso de queja previsto en esa disposición es optativo para el gobernado antes de instar el juicio de amparo indirecto, ya que obligarlo a agotar tal medio de impugnación constituiría una revictimización del actor, porque primero fue afectado de un acto administrativo que lo forzó a promover el juicio contencioso administrativo federal, y aun obteniendo sentencia, no se acata la misma. En consecuencia, deviene infundada la causa de improcedencia invocada por la referida autoridad responsable, pues el quejoso no está obligado a agotar el recurso de queja de que se trata. Sexto. Estudio de fondo del asunto. Acto reclamado. Como ya se vio, en este juicio se reclama: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo radicado con el número 4049/18-15-01-8 emitida el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. c) Y la omisión de las demandadas en dar cumplimiento a la sentencia firme y ejecutoriada dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo de que se trata. Al respecto, la parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: 1º Con fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia definitiva en el juicio 4049/18-15-01-8, para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cuatro meses, a partir de que causara firmeza, emitiera una resolución expresa, en la que considerara la pensión de la actora y aplicara los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activos de la misma plaza en que se jubiló; luego, procediera a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes (fojas 1 a 20 del tomo anexo). 2º Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno la Sala responsable determinó que la sentencia de que se trata había adquirido firmeza el siete de septiembre de dos mil veinte y, como la demandada no había dado cumplimiento en el término de cuatro meses, requirió al delegado Estatal Oaxaca del Instituto, para que en el término de tres días cumpliera con esa sentencia; apercibiéndole que, de no hacerlo, se le impondría multa equivalente a trescientas veces la unidad de medida y actualización. 3º En acuerdo emitido el veintiuno de mayo de este año, la Sala responsable consideró que la demandada no había cumplido con la sentencia, por lo que le impuso la multa respectiva; además, la requirió nuevamente para que diera cumplimiento y, de no hacerlo, le impondría multa pero por el equivalente a quinientas veces la unidad de medida y actualización y pediría a su superior jerárquico la obligara a cumplir con esa sentencia (fojas 21 y 22 del tomo anexo). 4º Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario, la Sala responsable consideró que la demandada había sido omisa en acreditar el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que procedió a hacer efectiva a multa indicada en diverso auto de veintiuno de mayo último, y requirió a dicha demandada así como a su superior jerárquico, para que cumplieran con la sentencia definitiva (fojas 28 y 29 del tomo anexo I); lo que requirió en proveído de nueve de julio de este año (fojas 36 a 38 del tomo anexo). Siendo ésta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio ordinario tradicional de que se trata. Conceptos de violación. La parte quejosa refiere, en esencia, que se vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en los numerales 1 y 133 constitucionales, porque desde la fecha en que se emitió la sentencia no ha sido cumplida. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2015591 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de noviembre de 2017 10:35 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018637 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284 Tipo: Aislada DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. Con fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia definitiva en el juicio 4049/18-15-01-8, para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cuatro meses, a partir de que causara firmeza, emitiera una resolución expresa, en la que considerara la pensión de la actora y aplicara los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activos de la misma plaza en que se jubiló; luego, procediera a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes (fojas 1 a 20 del tomo anexo). Para hacer cumplir la sentencia dictada en ese juicio ordinario, la responsable inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Análisis de las omisiones reclamadas. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, misma que causó firmeza el siete de septiembre de dos mil veinte. Y, por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el principio pro homine a que se refiere el diverso precepto 1º constitucional, como lo alega la parte quejosa. En efecto, no obstante que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no comunicó a la demandada que el veinte de septiembre de dos mil veinte quedaba firme la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario 4049/18-15-01-8, a fin de que dentro del plazo de cuatro meses emitiera una resolución en la que considerara la pensión de la actora y aplicara los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activos de la misma plaza en que se jubiló, y procediera a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes; sin embargo, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno requirió a dicha demandada para que le justificara haber cumplido con la misma, lo que le notificó el diecinueve de febrero siguiente y, como no cumplió, se pronunció el veintiuno de mayo de este año e hizo efectiva la multa con la que apercibió a esa parte procesal (foja 21 del tomo anexo I). Además, en el mismo proveído requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia, apercibiéndola con imponerle multa por una suma mayor, y le requeriría a su superior jerárquico para que la obligara a cumplir sin demora (foja 21 reverso y 22 del tomo anexo I). Auto que fue notificado a esa parte el cuatro de junio del año en curso, transcurriendo el término de tres días que le fue otorgado del diez al doce de junio siguiente, como así lo estableció la Sala responsable en acuerdo de dieciocho de junio de este año, por lo que nuevamente hizo efectivo el apercibimiento de multa a dicha parte (foja 28 y 29). Como se ve, la Sala responsable ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de los términos y plazos que ahí se establecen, a fin de que se cumpla con la sentencia emitida, pues aunque esa resolución fue emitida el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, como lo sostiene la parte quejosa, la misma fue declarada firme el veinte de septiembre de dos mil veinte y, a partir de esa fecha, la demandada tenía cuatro meses para cumplir. Ese aspecto fue observado por la autoridad, ya que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, exactamente cuatro meses después, plazo que establece el numeral 52 de la ley invocada, requirió a la demandada para que le informara si había cumplido con la sentencia, otorgándole el término de tres días para ello; el veintiuno de mayo de este año nuevamente requirió a la responsable e hizo efectivo el apercibimiento de multa; lo que reiteró en diversos acuerdos de dieciocho de junio y nueve de julio del año en curso. Por tanto, no se vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal; en consecuencia, al no existir queja que suplir se niega la protección constitucional a la parte quejosa. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sodel Vargas Santiago, contra: 1º La omisión de ejecutar el apercibimiento consistente en la aplicación de la multa a la autoridad responsable, decretado en el acuerdo dictado con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el juicio contencioso administrativo radicado con el número 4049/18-15-01-8. Reclamada a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Sodel Vargas Santiago, contra: 1º La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo radicado con el número 4049/18-15-01-8, emitida el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Atribuida a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca. 2º La omisión de dar cumplimiento a la resolución y/o sentencia firme y ejecutoriada dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo de que se trata, atribuida al: II. Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. III. Y encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiunoen que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste. .
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