Socorro Fachada Ramírez

Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1131/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Socorro Fachada Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1131/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el veintidós de noviembre del año en curso en la Oficina Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y recepcionada en este Juzgado el mismo día, promovida por **********, en representación de las menores de edad de identidad resguardada con iniciales ********** y ********, contra un acto del juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente con el número 1131/2023. 2. Precisión sobre la integración del expediente. Se puntualiza que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 3. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. 3.1. Participación de menores de edad. Se precisa que uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional, es la protección de su interés superior; por tanto, en este asunto se suprimirán los datos de las menores de edad involucradas, utilizándose para referirse a las mismas, de ser necesario, únicamente sus iniciales ******* y ********; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso f) del punto 2, del capítulo II, Conceptos y Principios del Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños y adolescentes, en relación con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 16, párrafo I, y artículo 40, párrafo XI, de la Convención de los Derechos del Niño. 4. Incidente de suspensión. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión. 5. Petición de informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable, que al rendir informe justificado: a) acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Se requiere a la autoridad responsable, para que el informe justificado y, en su caso, las constancias relativas, se remitan a) a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, o en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, y después de ese horario en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede de este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos; c) o de ser el caso, mediante vía postal o mensajería acelerada. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la responsable que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado (quince días) o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la resolución del juicio constitucional, o de no comunicar el cambio de situación jurídica de la parte quejosa, o de alguna causal notoria de sobreseimiento que se produzca, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente al importe de cincuenta días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha de este auto. 6. Datos reservados. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la autoridad responsable que, para el caso de exhibir documentación o información que tengan el carácter de reservada o confidencial, la envíe en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá emitir la versión pública de las constancias que tomó en cuenta para emitir los actos reclamados. 7. Información confidencial. Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de que exhiba alguna prueba documental, deberá indicar expresamente si contiene información confidencial o que deba tener un tratamiento especial, argumentando los motivos y fundamentos en los que se sustente su dicho, así como exhibirlas en sobre cerrado, a fin de proveer lo procedente. 8. Informe de diverso juicio de amparo. Asimismo, se solicita a la responsable comunique si existe diverso juicio de amparo que cualquier persona haya promovido contra algún acto que derive del expediente del que emana el acto reclamado, o asuntos relacionados; de ser así, precise el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de juicio. 9. Causa de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que comuniquen cuando cesen o hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento. 10. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con diecisiete minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 11. Intervención a la fiscal adscrita. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a) la intervención que legalmente le corresponde, con copia de la demanda de amparo. 12. Emplazamiento a la parte tercera interesada. De la demanda de amparo se advierte que, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado en este juicio a *********, con domicilio particular en la calle ********** lote ********, manzana ********, colonia *********, ***********, **********. En esas condiciones, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), del referido ordenamiento legal, por conducto del actuario adscrito a este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, así como copia autorizada de este acuerdo, córrase traslado y emplácese a juicio a dicha parte procesal en el domicilio indicado, con la finalidad de que, si a su interés conviene, se apersone a este juicio de amparo. Así también, lo requiera para que, dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Oaxaca o en zona conurbada de la misma o, bien, un usuario para ser notificada mediante la vía electrónica; apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos que se publique en este Juzgado. 13. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las pruebas documentales siguientes: a) Copia simple de la audiencia preliminar de diecinueve de febrero (sic) de este año, dictada en el expediente ********. b) Dos actas de nacimiento correspondientes a las menores de edad de identidad resguardada. Documentales que se desahogan en razón de su especial naturaleza para ser consideradas en la etapa correspondiente. 14. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado con las facultades amplias previstas en ese artículo, a ********* (cédula profesional *********, registro único ********), toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales sí existe registro a su favor. Y de conformidad con el diverso numeral 24, segundo párrafo, del referido ordenamiento legal, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, a la diversa persona que refiere el quejoso en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 15. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Toda vez que la parte quejosa proporciona un usuario, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, y 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza 1) la consulta del expediente electrónico ********* a través del usuario "***********", así como 2) la práctica de notificaciones personales por dicha vía. En tanto que aquellos acuerdos de mero trámite se le notificarán por lista de acuerdos de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". 16. Precisión de la forma de notificar. Pese a que el promovente señala también un domicilio físico para recibir notificaciones personales, se estima que, en el caso, su diversa petición para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones se haya acordado favorablemente, tendrá derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente, incluidos los ordenados por lista de acuerdos. En consecuencia, las notificaciones se harán vía electrónica a través del usuario referido; y, únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se podrán practicar en el domicilio físico proporcionado. 17. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte promovente proporcionando una dirección de correo electrónico como medio para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 18. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y la sentencia que, en su caso, se llegue a dictar, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 19. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 20. Instrucción al (a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC 1131/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Incidente de suspensión y registro. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 128 de la Ley de Amparo, con una copia de la demanda de amparo presentada el veintidós de noviembre del año en curso en la Oficina Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y recepcionada en este Juzgado el mismo día, promovida por ***********, en representación de las menores de edad de identidad resguardada con iniciales ******** y *********, contra un acto del juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1131/2023. 1.1. Participación de menores de edad. Se precisa que uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional, es la protección de su interés superior; por tanto, en este incidente se suprimirán los datos de las menores de edad involucradas, utilizándose para referirse a las mismas, de ser necesario, únicamente sus iniciales ********* y **********; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso f) del punto 2, del capítulo II, Conceptos y Principios del Protocolo de Actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños y adolescentes, en relación con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 16, párrafo I, y artículo 40, párrafo XI, de la Convención de los Derechos del Niño. 2. Petición de informe previo. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, requiérase informe previo a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas. Se solicita a la responsable que al rendir informe previo, acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, las cuales deberán estar íntegras y legibles. Apercibimiento. Con los propios fundamentos legales invocados, apercíbase a la responsable que, de no cumplir con lo anterior, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. 3. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con diecisiete minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. 4. Pruebas de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa exhibiendo las documentales consistentes en: a) Copia simple de la audiencia preliminar de diecinueve de febrero (sic) de este año, dictada en el expediente **********. b) Dos actas de nacimiento correspondientes a las menores de edad de identidad resguardada. Constancias que se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser valoradas en el momento procesal oportuno. 5. Fijación de la litis. Con el objeto de proveer en relación a la suspensión solicitada, se precisa que, independientemente de la forma en que la parte quejosa señaló los actos reclamados en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, se aprecia de su lectura íntegra que reclama lo siguiente: Del juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca: La omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa y de sus hijas menores de edad de identidad resguardada, con iniciales ********* y *********, en el juicio de divorcio incausado *********. En tanto que solicita la suspensión provisional, específicamente para los siguientes efectos: "[.Solicito la Suspensión Provisional del acto reclamado y en su oportunidad la definitiva conforme a lo establecido por los artículos 122, 124 y 130 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés público; suspensión que solicito se fije para el efecto de que la autoridad responsable dicte las medidas necesarias para asegurar el derecho a recibir alimentos que mis menores tienen derecho, es decir, se sirva a fijar la pensión alimenticia solicitada.]" (Transcripción) 6. Estudio de la suspensión provisional. Cabe señalar que, por ahora, sólo será materia de análisis en esta determinación de suspensión provisional lo expresamente solicitado por la parte quejosa, en el capítulo relativo de "suspensión", de su demanda de amparo; como así lo ilustra la jurisprudencia 2ª./J.5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 12, registro 206395, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". Así como la diversa tesis P./J.4/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 63, febrero 2019, tomo I, página 14, registro 2019200, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". Sin perjuicio de resolver de una manera distinta en otro momento procesal, en cuanto a los efectos de la suspensión solicitada, de existir elementos para ello. Por ende, es preciso citar que la parte quejosa expresa, bajo protesta de decir verdad, en lo sustancial, los siguientes antecedentes: I. En auto de seis de julio de dos mil veintitrés dictado en el juicio familiar *********, del sumario del Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, se tuvo a ********* promoviendo divorcio incausado en contra de la aquí quejosa. II. El veintiocho de agosto de esta anualidad la aquí quejosa, por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad con iniciales ******* y *********, dio contestación a la demanda instaurada en su contra y, además, solicitó diversas prestaciones, entre ellas, pago de pensión alimenticia provisional a su favor y el de sus menores hijas. III. El diecinueve de septiembre de este año la quejosa y el aquí tercero interesado, ***********, comparecieron a la audiencia preliminar en el expediente ************, en la que 1) se declaró disuelto el vínculo matrimonial, 2) se decretó la guardia y custodia de las menores de edad en favor de la aquí quejosa y se 3) pactó un régimen de convivencias de manera abierta entre las menores y su progenitor. Empero, refiere la quejosa, la autoridad responsable omitió realizar pronunciamiento alguno sobre la pensión alimenticia provisional solicitada en su contestación de demanda. En esas condiciones, la suspensión provisional se dicta en los términos siguientes: Se estima procedente conceder la medida cautelar; ello, tomando en consideración que ha sido criterio reiterado que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen destruyendo la materia del amparo o, bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, previstos en el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber, a) que lo solicite el quejoso y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se estima que el primer requisito se satisface, pues la parte quejosa, en su escrito de demanda, solicitó la suspensión del acto reclamado; el segundo, de igual manera se encuentra satisfecho, porque de conceder la medida, no se afectaría el interés social, ni se contravendrían disposiciones de orden público, por el contrario, permitiría que el juicio del orden familiar se lleve de forma adecuada y conforme a las disposiciones legales aplicables, en cuyo caso, la sociedad está interesada en que no se afecte a ningún menor en sus derechos. Por tanto, es procedente conceder la medida suspensiva, atendiendo a la figura de la "apariencia del buen derecho" (reconocida en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal) y realizando un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho. En principio, se tiene que la apariencia del buen derecho se basa en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, se podrá ponderar, finalmente, su situación concreta. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 387, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015700, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA OTORGARLA. El artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada establece como requisito para decretar la suspensión del acto reclamado que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con su ejecución sean de difícil reparación. Sin embargo, en la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eliminó del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo referente a la difícil reparación de los daños y perjuicios que ocasione el acto reclamado. Asimismo, se privilegió la discrecionalidad de los jueces y se estableció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente no contempla como requisito para conceder la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación; de ahí que su acreditación no constituya un requisito para que proceda esa medida en el juicio de amparo. Debe resaltarse que esta interpretación es consistente con el propósito de la reforma constitucional en materia de amparo -en cuanto a la suspensión- en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de difícil reparación para otorgar la suspensión definitiva, sería regresar al sistema de requisitos formales que fue superado con dicha reforma constitucional." Así como la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, visible en la página: 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". En relación a lo anterior, el artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y tercero, establece: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. (.) El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores de edad (como en la especie acontece), debe resolverse atendiendo al principio básico del interés superior del menor, quienes, entre otros, tienen el derecho a la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, por ejemplo, el derecho de recibir alimentos, como lo dispone el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, esos preceptos establecen en forma preponderante la obligación a los tribunales, autoridades administrativas o a los órganos legislativos a velar por el aludido interés superior de los menores. También, se evidencia que las acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo de los menores a quien van dirigidas, ya que se establece como obligación para las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos, así como la toma de medidas necesarias para su bienestar, considerando los derechos y deberes de sus madres, padres, demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos, siendo deber y obligación de la comunidad y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que el interés superior del menor implica, entre otras cuestiones, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese contexto, con el otorgamiento de la medida cautelar se garantizaría el principio básico del interés superior de los menores; de no ser así (negar la suspensión solicitada) se correría el riesgo de defraudar el derecho a su bienestar, causando un perjuicio al interés social, por lo que, partiendo de que antes de satisfacer los intereses propios de las partes, está la inalienable obligación de tutelar el interés superior de los menores. Ahora, el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca establece: "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. ." Precepto que faculta al juez familiar a efecto de poder actuar, incluso, de oficio, en los asuntos que afecten a menores de edad y lo relacionado con los alimentos. Así, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, al no irrogarse, según datos de la demanda, perjuicio al interés social, ni contravenirse disposiciones de orden público, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, para el efecto de que la autoridad responsable, juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, emita las medidas necesarias a efecto de: De resultar procedente, provea lo que en derecho proceda en el expediente ********, en relación a la solicitud de pago de pensión alimenticia provisional en favor de la ahora quejosa *********, y las menores de edad con iniciales ********* y ******** por parte de su progenitor ***********. Lo anterior, porque, en el caso, el juez familiar tiene la obligación de actuar, incluso, de oficio, con fundamento en el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, a efecto de garantizar que las menores de edad involucradas y todas aquellas que tengan derecho, reciban alimentos adecuados por parte de sus progenitores, con independencia de que se siga el trámite en el citado expediente. Es así, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, por virtud de la cual se paraliza la ejecución de los actos que se impugnan en la demanda, con la finalidad de conservar la materia del juicio, mientras dura el trámite del mismo, y esa medida cautelar es tendente a lograr la no afectación a ese interés a que se ha hecho referencia en perjuicio de las menores, pues el que las menores de edad no reciban una pensión alimenticia adecuada a sus necesidades de crecimiento y desarrrolo, no podría resarcirse, bajo ningún escenario. Por lo anterior, se requiere a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días, informe sobre el cumplimiento otorgado a la medida cautelar otorgada; en el entendido que esta orden deberá obedecerse a fin de respetar el interés superior del menor; con el apercibimiento que de no informar el cumplimiento dado a la suspensión en el término establecido, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 209, en relación con la fracción III, del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. 6.1. Duración de la medida cautelar. Dicha suspensión durará en sus efectos hasta que se notifique a la responsable la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. 6.2. Límites a la suspensión. No surtirá efectos la suspensión aquí decretada, a) si se trata de hechos distintos a los narrados por la parte quejosa o, en su caso, b) la autoridad responsable, juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, con libertad de jurisdicción, a la fecha en que se dicta este acuerdo, haya dictado alguna determinación en el expediente familiar ***********, de su índice, que impida el acatamiento de la medida suspensiva concedida en este auto; o si se llegara a presentar alguna situación que, a su juicio y ponderación, afectará el interés superior de las menores de edad aquí involucradas. 7. Notificación al tercero interesado. Toda vez que en este asunto le reviste el carácter de tercero interesado a ********* quien tiene su domicilio particular en la calle ******** lote ********, manzana ********, colonia ********, ***********, ***********. En esas condiciones, se encomienda al actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se haga presente en el domicilio citado con antelación y notifique esta determinación al citado tercero interesado; haciéndole entrega de la copia autorizada que, para tal efecto, se acompaña. 8. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado con las facultades amplias previstas en ese artículo, a ********** (cédula profesional ********, registro único **********), toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales sí existe registro a su favor. Y de conformidad con el diverso numeral 24, segundo párrafo, del referido ordenamiento legal, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, a la diversa persona que refiere el quejoso en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 9. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Toda vez que la parte quejosa proporciona un usuario, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, y 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza 1) la consulta del expediente electrónico relativo al incidente de suspensión ******** a través del usuario "***********", así como 2) la práctica de notificaciones personales por dicha vía. En tanto que aquellos acuerdos de mero trámite se le notificarán por lista de acuerdos de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". 10. Precisión de la forma de notificar. Pese a que el promovente señala también un domicilio físico para recibir notificaciones personales, se estima que, en el caso, su diversa petición para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones se haya acordado favorablemente, tendrá derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente, incluidos los ordenados por lista de acuerdos. En consecuencia, las notificaciones se harán vía electrónica a través del usuario referido; y, únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se podrán practicar en el domicilio físico proporcionado. 11. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte promovente proporcionando una dirección de correo electrónico como medio para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. 13. Instrucción al (a) actuario(a). Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al(la) actuario(a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese, y en los términos ordenados. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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