Sócrates Manuel Luna Medina

Expediente 1658/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1658/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Sócrates Manuel Luna Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se remitan a la brevedad las constancias de notificación correspondientes a las autoridades responsables, respecto del acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, o bien sean incorporadas al expediente electrónico; por tanto, remítase la constancia de notificación original, efectuada a las autoridades del auto de dieciocho de septiembre del año en curso. Con independencia de lo anterior, comisiónese al Actuario Judicial, para el efecto de que de inmediato proceda a agregar al expediente electrónico las constancias de notificación que refiere la autoridad oficiante en su comunicado de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta Ciudad, al cual acompaña la ejecutoria pronunciada por ese Tribunal en el Amparo en Revisión 1132/2023, relacionada con el juicio de amparo 688/2023; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Consecuentemente, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ALEJANDRO PÉREZ CASILLAS, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe con constancias debidamente certificadas sobre el cumplimiento que dé a la sentencia dictada en este juicio de amparo. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN". Luego, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se? formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante el cual informa que la quejosa DOLORES JOSEFINA CORONA SANDOVAL, no ha comparecido ante dicha Secretaría, a presentar los documentos siguientes: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLAVE EXPEDIDA POR EL SAT, ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR y COMPROBANTE DE SU DOMICILIO, por lo tanto, solicita que se tenga por cumplida la sentencia dictada en autos. En atención a lo anterior, dígasele a la autoridad poromovente, que no ha lugar a tener por cumplida la ejecutoria dictada en autos, toda vez que como se precisó en autos de uno y siete de septiembre del presente año, este Juzgado Federal requirió a la citada autoridad oficiante para que dentro del término de tres días, contados a partir de que se le notificara este proveído, expidiera un cheque suscrito a favor de la aquí quejosa a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, dada las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito recibido en este Juzgado el treinta y uno de agosto del año en curso, en el que bajo protesta de decir verdad, informó que no tiene cuenta bancaria a su nombre por no tener necesidad de movimientos bancarios, motivo por el cual solicitó la expedición de un cheque a su nombre. En consecuencia, antes de hacer efectivos los apercibimientos decretados en los autos referidos con antelación, requiérase por última ocasión a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificada del presente proveído, expida un cheque a favor de la quejosa DOLORES JOSEFINA CORONA SANDOVAL, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con independencia de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio GN/UAJT/DGAC/11013/2013 signado por el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós el quejoso LUIS MANUEL PICAZO MONTES, presentó su renuncia voluntaria como miembro de esa corporación policiaca. Ahora, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, de rubro que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Dicho precepto legal y fracción invocada, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En efecto, el quejoso LUIS MANUEL PICAZO MONTES, reclama el oficio GN/UOEC/DGSCI/9890/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, y el diverso oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, por medio de los cuales se le informa su cambio de adscripción a la UNIDAD DE APOYO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DENOMINDA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, ya que a pesar de que siguen subsistiendo, su objeto o materia dejó de existir. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de su derechos vulnerados, se han establecidos diversos requisitos de procedencia en el juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes referida, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. En el presente caso, de las constancias que allegó el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, a su oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º, se aprecia el acuerdo de conclusión de servicio de doce de enero de dos mil veintitrés, que celebró, por una parte, el Órgano Administrativo Desconcentrado Guardia Nacional, representado por su Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas, y por otra, el Suboficial Luis Manuel Picazo Montes, aquí quejoso, con lo cual se dio por terminada la relación jurídica que los unía. Por consiguiente, los actos reclamados motivo de este análisis, aun cuando subsistan en la esfera jurídica de la parte quejosa, el objeto o materia de éstos ha dejado de existir, pues al presentar su renuncia voluntaria, los efectos y consecuencias del oficio GN/UOEC/DGSCI/9890/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, y del diverso GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, por medio de los cuales se le informaba su cambio de adscripción a la UNIDAD DE APOYO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DENOMINDA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES, con sede en la Ciudad de México, su objeto o materia dejaron de existir debido a su renuncia voluntaria. Al respecto, cabe citar la tesis 52, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, tomo VI, Común, P.R. SCJN, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, página 189, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese sentido, con fundamento en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; pues no obstante de que los actos reclamados subsisten en el mundo jurídico, su objeto o materia ya dejó de existir. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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