Socorro Hernández Renteria
Expediente 2740/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2740/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2021
Partes del expediente
- Socorro Hernández Renteria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa de los que se advierte que mediante sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo en que se actúa se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), respecto de la suma de $7,346.50 (siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), el cual deberá estar debidamente actualizado." Así, en auto de veintinueve de enero de dos mil veinte se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables del fallo protector de referencia, por lo que mediante oficio DJC/401/2020, presentado en este juzgado el diez de febrero de dos mil veinte, la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó a este juzgado que a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, solicitaba se requiera a la parte quejosa para que recogiera el cheque con número 1807, expedido por la Institución Bancaria SANTANDER, S.A., varioloso por la cantidad de $7,056.50 (siete mil cincuenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), ante las oficinas de la citada autoridad. En consecuencia a lo anterior, mediante proveído de once de febrero de dos mil veinte se le requirió a la parte quejosa para que compareciera ante la autoridad responsable referida en el párrafo anterior a recoger el cheque de referencia, a fin de que dicha autoridad estuviera en condiciones de acatar el fallo protector dictado en autos. Luego, mediante oficio DGJ/527/2020, presentado en este juzgado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que realizó el pago a la parte quejosa, lo que acreditó con la copia certificada del cheque número 1807, expedido por la de la institución bancaria Santander, a la orden de la quejosa SOCORRO HERNÁNDEZ RENTERIA, por la cantidad de $$7,056.50 (siete mil cincuenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), que adjuntó al oficio de referencia, en la que se advierte la firma de recibido de la parte quejosa. Sin embargo, por auto de doce de marzo de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable para efecto de que devolviera debidamente actualizado el remanente faltante a la parte quejosa. Luego, mediante oficio DJC/1068/2020, presentado en este juzgado el seis de agosto de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó a este juzgado que a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, solicitaba se requiera a la parte quejosa para que le proporcionara la documentación siguiente: Registro Federal de Contribuyentes, con homoclave expedida por el Servicio de Administración Tributaria, estado de cuenta con clabe interbancaria de la institución bancaria a la cual pertenece, copia de su credencial de elector y comprobante de su domicilio. En consecuencia a lo anterior, mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte se le requirió a la parte quejosa para que compareciera ante la autoridad responsable referida en el párrafo anterior a entregar la documentación de referencia, a fin de que dicha autoridad estuviera en condiciones de acatar el fallo protector dictado en autos. Por oficios DJC/1315/2020, DJC/408/2021 y DJC/1318/2021 la autoridad responsable de referencia hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la quejosa SOCORRO HERNÁNDEZ RENTERIA, no le proporcionó los documentos antes preciados, no obstante los requerimientos que este juzgado le realizó mediante proveídos de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dieciocho de febrero y cinco de abril, estos dos últimos de dos mil veintiuno, mismos que le fueron debidamente notificados, según se advierte de autos. En ese sentido, toda vez que la parte quejosa no acudió ante la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad a proporcionar los documentos señalados, a efecto de que le fuera depositada la cantidad que se le adeudaba, con motivo del juicio de amparo que declaró inconstitucional los preceptos legales impugnados, no obstante de que mediante los autos referidos en el párrafo anterior, se le requirió a través de este Juzgado Federal para que proporcionara dicha documentación ante la autoridad responsable, sin que a la fecha haya exhibido medio de prueba con el que justifique haber dado cumplimiento a dichos requerimientos, lo cual denota un total desinterés en el cumplimiento del fallo protector emitido en el presente juicio. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, y el día de hoy, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina que se tiene por cumplido el fallo pronunciado en el presente juicio de amparo, en los términos realizados por la autoridad responsable y ante el desinterés de la parte quejosa de cumplir con lo requerido. Luego, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, ya que no ha comparecido la parte quejosa a proporcionar las documentales que le fueron requeridas mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase por TERCERA Y ÚLTIMA OCASIÓN a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días proporcione a dicha autoridad, los citados documentos, consistentes en: registro federal de contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto, la clabe interbancaria de la institución bancaria a la que pertenece, copia de su credencial de elector y su domicilio; en la inteligencia que éstos deberán estar a su nombre, a fin de que la referida autoridad se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por cumplido el fallo protector pronunciado en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO,SE NOTIFICA:TEPIC,NAYARIT, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II.En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente:1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020.2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, ya que no ha comparecido la parte quejosa a proporcionar las documentales que le fueron requeridas mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinte. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días proporcione a dicha autoridad, los citados documentos, consistentes en: registro federal de contribuyentes, carta de certificación de cuentas, o en su defecto, la clabe interbancaria de la institución bancaria a la que pertenece, copia de su credencial de elector y su domicilio; en la inteligencia que éstos deberán estar a su nombre, a fin de que la referida autoridad se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto; apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por cumplido el fallo protector pronunciado en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE QUEJOSA. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA. NOTIF.
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