Socimo Jonguitud Esquivel

Expediente 858/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
858/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Socimo Jonguitud Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el quejosa, en atención a su primera solicitud, dígasele al promovente que mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno causó estado la diversa determinación de siete de septiembre pasado. Ahora bien, en cuanto a la devolución de los documentos que acompañó al escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que refiere, previo desglose y razón de recibo que obre en autos, en la inteligencia de que en su lugar deberá anexarse copia certificada de los mismos. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado, el compareciente deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Socimo Jonguitud Esquivel, contra actos del Director de la Comisión Estatal del Agua en el Estado de San Luis Potosí, con copias y anexo que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 858/2021-V. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: ? La omisión de dar contestación a la petición formulada por la parte quejosa. Dicha solicitud fue recibida por la Comisión Estatal del Agua en esta ciudad el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. En concepto de la suscrita, sobre la omisión de que se trata, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda en términos de la fracción XII del artículo 61 en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". El artículo 61, fracción XII, dispone en su primera hipótesis, que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia; mientras que el segundo, prevé dos supuestos, uno, relativo a que la protección constitucional la puede solicitar quien es titular de un derecho subjetivo afectado de manera real y directa, o bien, quien alega tener un derecho legítimo. Y conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la afectación al interés jurídico se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Luego, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, se requiere que el acto de autoridad jurisdiccional lesione de manera directa el derecho del que se es titular. En el caso concreto, debe destacarse que el quejoso presentó ante la Comisión Estatal del Agua en esta ciudad, escrito recibido por dicha autoridad el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, en la especie debe destacarse que la petición de la parte quejosa se presentó ante la autoridad responsable el pasado dieciséis de agosto, y la demanda de amparo, el seis de septiembre siguiente. Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso, ni siquiera ha transcurrido el plazo mínimo de un mes, menos aún el de tres meses, que prevé el Código Procesal Administrativo para que la autoridad administrativa emita la respuesta correspondiente a la petición presentada por la parte promovente, la cual incluso puede notificarse hasta diez días después de su emisión; por lo tanto, es palmario que si a la fecha de presentación de la demanda constitucional no había transcurrido el plazo que tiene la Comisión Estatal del Agua en esta ciudad, para dar contestación a la determinación respectiva, entonces, no existe perjuicio alguno que pudiese haberse causado a la demandante del amparo hasta este momento, en la medida en que la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del término legal para dar respuesta a la solicitud de que se trata. De tal manera que la omisión reclamada no afecta la esfera jurídica de la parte enjuiciante. De ahí que esta juzgadora considere que la omisión reclamada en este momento no ocasiona un agravio personal y directo a la parte quejosa, por lo cual es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte demandante constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizadas en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala, toda vez que no se proporcionan los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Se toma nota de los correos electrónicos que proporciona, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través de los usuarios que proporciona. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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