Simón Raúl Libién Díaz González

Expediente 545/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
545/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Simón Raúl Libién Díaz González

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Julio César Godínez Camacho quien se ostenta como defensor particular del directamente agraviado Simón Raúl Libién Díaz González, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de once de junio de la presente anualidad. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda constitucional, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí, lo siguiente: RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EMITIDA EN FECHA 31 TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, EN VIRTUD DE LA CUAL, SE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO EN LA DIVERSA DATA DEL 20 VEINTE DEL MISMO MES Y AÑO, EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE CELEBRAR LA AUDIENCIA INICIAL EN SUS DIVERSOS SEGMENTOS DE FORMA TELEMÁTICA O POR SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA." Es decir, reclama la confirmación de la negativa a desahogar la audiencia inicial de imputación, en cumplimiento a una orden de aprehensión, empero vía videoconferencia. Ahora, del contenido íntegro de la demanda de amparo y del respectivo escrito aclaratorio, así como de lo manifestado en los antecedentes del acto reclamado, se tiene que el juez de origen emitió determinación de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, a través de la cual confirmó el proveído de diecisiete de mayo del año en curso mediante el cual, a su vez, en esencia, negó el desahogo de una audiencia inicial de imputación, en contra del aquí agraviado, a solicitud expresa de éste, de forma remota, esto es, a través de videoconferencia o de forma telemática. Establecido lo anterior, es importante destacar los antecedentes que bajo protesta decir verdad relató la parte quejosa y, que son los que a continuación se sintetizan: 1. Que el cuatro de junio de dos mil veinte, se libró una orden de aprehensión en su contra. 2. En contra de dicho mandamiento promovió diverso juicio de amparo, el cual correspondió por turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quien lo registró bajo el consecutivo 351/2021 de su estadística. 3. Que el dieciséis de julio de dos mil veinte, se emitió sentencia definitiva dentro del incidente de suspensión derivado del mencionado juicio de amparo; resolución en la cual se concedió suspensión definitiva de los actos reclamados. Es de aclararse que los efectos para los cuales se concedió dicha suspensión, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad, así como lo que se desprende de las constancias que acompaña, a las cuales se les confiere una eficacia demostrativa plena, acorde a lo reseñado por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al tratarse, según se advierte, de constancias certificadas por un funcionario público respecto de actuaciones existentes en un expediente tramitado ante su potestad; fueron los siguientes: En cambio, en cuanto a las consecuencias de la audiencia privada de orden de aprehensión que libra orden de aprehensión en contra del quejoso, de cuatro de junio de dos mil veinte, emitida por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, en el expedientillo RI/SLP/EXP-555/2020, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico; con apoyo en los artículos 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se prive de la libertad personal ni momentáneamente al impetrante del amparo, con motivo de la orden de aprehensión, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el acuerdo que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte sobre el fondo del amparo, ya que el ilícito por el que se libró la orden de aprehensión reclamada, no amerita prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en por los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La medida cautelar que se concede surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso no cumple con los siguientes requisitos: 1. Otorgar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, una garantía a satisfacción de este Juzgado por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas permitidas por la ley. 2. Comparecer dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, ante el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, a rendir su declaración en relación a los hechos que se le imputan dentro del expedientillo RI/SLP/EXP555/2020, debiéndolo acreditar ante este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes; asimismo, deberá acudir las veces que sea requerido por la misma autoridad para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el citado procedimiento. Se apercibe legalmente al quejoso que de no cumplir cabalmente con los dos requisitos, la suspensión definitiva aquí decretada dejará de surtir efectos. 4. Además, refiere que en el mencionado juicio de amparo no se ha emitido la sentencia ejecutoria correspondiente. 5. Que el nueve de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable negó la solicitud de verificar la audiencia inicial de imputación, dentro del procedimiento penal de origen, vía videoconferencia, y procedió a señalar hora y fecha para el verificativo de la misma. Dicha audiencia no se verificó, por lo que se agendó nueva data para ello. 6. A través de diverso escrito, el entonces inculpado solicitó nuevamente que la audiencia inicial respectiva se verificara vía videoconferencia, a lo que recayó el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el sentido de denegar tal petición. 7. En contra de dicha determinación se promovió recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente por resolución de treinta y uno de mayo del año actual. Resolución esta última que constituye el acto que ahora se reclama. Con base en lo antes expuesto, en concepto de esta juzgadora, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 206 del propio ordenamiento; porciones normativas que establecen lo siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. [.] El último de los artículos citados, establece que procede el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, o por su cumplimiento con exceso o defecto. Luego entonces, en el caso, queda visto que la libertad del impetrante del amparo está jurídicamente a disposición del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en virtud de la interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil veinte, dictada en el incidente de suspensión derivado del mencionado juicio de amparo 351/2021 de su índice. Cierto, pues incluso dicho juzgado emitió ciertos requisitos a fin de que dicha suspensión surta efectos, de entre ellos, el hecho de que el inculpado debía comparecer dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de esa resolución, ante el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, a rendir su declaración en relación a los hechos que se le imputan dentro del expedientillo RI/SLP/EXP-555/2020, debiéndolo acreditar ante ese juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes; y, del mismo modo, el hecho de que debía acudir las veces que fuera requerido por la misma autoridad para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el citado procedimiento. Consecuentemente, si del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el cumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución; en tal virtud, un diverso juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado) o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla. En este orden de ideas, ya que quedó patentizada la improcedencia del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Julio César Godínez Camacho quien bajo protesta de decir verdad se ostenta como defensor particular del directamente agraviado Simón Raúl Libién Díaz González, y copias que acompaña; contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede en San Luis Potosí por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 545/2021-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con cinco copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder una para la autoridad designada como responsable, dos para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona, una para la parte tercero interesada que se señala y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: PRIMERO: Precise el acto que por esta vía se pretende reclamar. En el caso deberá puntualizar, de forma concreta, cuál es el acto que reclama de la autoridad que señala como responsable; ello, pues hace referencia a la determinación por la cual se confirmó la negativa a desahogar la audiencia de imputación; mientras que en el apartado respectivo aduce que la impugnación versa sobre la confirmación de la negativa a desahogar dicha audiencia, empero, por medios electrónicos, esto es, a través de una videoconferencia. Es decir, deberá precisar si el reclamo deriva de: a) La determinación por la cual se confirmó la negativa a desahogar la audiencia de imputación; o b) La confirmación de la negativa a desahogar dicha audiencia, empero, por videoconferencia. SEGUNDO: Amplíe los antecedentes de los actos reclamados. En ese sentido, deberá puntualizar los términos bajo los cuales se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro del juicio de amparo 351/2020 que aduce promovió en contra de la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa de origen, y de donde deriva también el o los actos que pretende combatir, y que se tramita ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En concreto, deberá precisar si se decretó determinación alguna en cuanto a la libertad del directamente agraviado Simón Raúl Libién Díaz González, es decir, a disposición de qué autoridad quedaría su libertad personal; y si se determinó supuesto alguno para la continuación del procedimiento penal de origen. Además, al ser parte del referido juicio de control constitucional, deberá presentar las pruebas con las que acredite fehacientemente su dicho. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer las partes, la litis constitucional, la procedencia de la acción de amparo, así como los efectos por los cuáles, en su caso, habrá de concederse la suspensión del acto que por esta vía se reclama. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a Julio Cesar Godínez Camacho, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "Jul8501". Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, vía electrónica a través del usuario que proporciona, teniendo como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Irving Barroeta Vega y Leonardo Salas Martínez, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Isaac Gutiérrez Martínez, toda vez que no se encontró su registro ante el citado sistema; asimismo se tiene como autorizados en términos restringidos del referido numeral a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente.

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