Sixtos Pérez Fuentes
Expediente 470/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sixtos Pérez Fuentes
Actuaciones
- Principal
Causa estado.Archivo
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, quien comparece ostentándose como apoderada legal de ******************** albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********************; en contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 470/2023-VII. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y combate, preliminarmente, el acto y autoridad siguientes*********** Desechamiento de la demanda. En tal virtud, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la persona que funge como juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación a la persona juzgadora de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se obtiene que la parte quejosa reclama: La determinación de ********************, asumida por la Junta Laboral responsable en el expediente laboral ********************, en el que, según refiere la parte quejosa, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Toda vez que han sido debidamente analizados los términos en que fueron ofrecidas las pruebas por la parte actora la C********************, y en virtud de atender las disposiciones señaladas en los artículos 776, 777, 778, 779, 789 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, por ser el momento procesal oportuno se determina: 1.1 Se admite la prueba CONFESIONAL a cargo del C. ********************, en su carácter de albacea de la sucesión y representación de la demandada ********************. Quien deberá acudir a absolver posiciones en forma personal y directa, sin presencia de asesor y sin ser asistido por persona alguna. Quien deberá ser notificada y citada por conducto de su apoderado legal en el domicilio procesal que tenga señalado para tal efecto, apercibiéndole que en caso de no comparecer en la hora y fecha señalada se le tendrá por confesa de las posiciones que articule la contraria y que sean calificadas de legales_ SEGUNDO. Toda vez que han sido debidamente analizados los términos en que fueron ofrecidas las pruebas por la demandada ******************** y en virtud de atender las disposiciones señaladas en los artículos del 776 setecientos setenta y seis al 780 setecientos ochenta y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, por ser el momento procesal oportuno se determina: 2.1 Por cuanto hace a la prueba CONFESIONAL a cargo de la actora C********************, ofrecida por el apoderado legal de la parte demandada mediante escrito de ofrecimiento de pruebas, la misma con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, se desestima para su admisión al al (sic) tenor de la Litis trabada en el presente juicio. .2.4. Se desecha la prueba DOCUMENTAL privada consistente en: 1. Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal; 2. Copia simple de la solicitud de estudio anatomapatológico o citológico número 44036; 3. Ultrasonido emitido por el Hospital de Uriangato, Gto., 4. Solicitud de estudio radiodiagnóstico mastografía de fecha 13 de febrero de 2017. Lo anterior en razón de que la parte oferente no acredita ni manifiesta que es lo que pretende acreditar con dichas documentales, así como no menciona los hechos que pretende probar con las referidas documentales no se encuentran controvertidos por lo que resultaría inútil e intrascendente la admisión de este medio de prueba. Lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 777 setecientos setenta y siete y 779 setecientos setenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo." Así, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De los antecedentes del acto reclamado que se desprenden del escrito de demanda y que bajo protesta de decir verdad expone la parte agraviada, por ende, con eficacia probatoria plena, acorde a lo dispuesto por el artículo 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, emergen los siguientes datos relevantes del caso: En fecha ********************, se interpuso demanda ordinaria laboral por despido injustificado en contra de la parte quejosa ******************** -hoy finada- radicándose el expediente laboral ********************de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. El ********************, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dando contestación a la misma la parte quejosa. El determinación de ******************** se suspendió la celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas por la muerte de la directa demandada, hasta en tanto se apersonara el albacea de la sucesión. En abril siguiente -sin especificarse la fecha-, el albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********************, se apersonó al controvertido laboral de origen. El ocho de marzo siguiente, se emitió la resolución de que se duele la parte quejosa. Bajo ese contexto, la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, dado que la Junta Local responsable únicamente se pronunció en torno a la admisión de la confesional de la parte demandada, así como en el desechamiento de la confesional a cargo de la demandada y diversa documental; por lo que sus consecuencias sólo se limitan a que se continúe con la secuela procesal, lo cual pone de manifiesto que ese actuar únicamente produce, en su caso, una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, la cual puede o no llegar a trascender al resultado del fallo. Pues de obtener un laudo favorable se reparará y desaparecerá en la realidad tal violación. No obstante, de obtener una resolución contraria a sus intereses, esa determinación podrá impugnarse junto con las violaciones procesales -previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa- a través del juicio de amparo directo. Lo anterior es así, toda vez que, se insiste, la resolución reclamada solamente tiene como consecuencia la continuación de la secuela procesal hasta el dictado del laudo, lo cual implica que una eventual afectación al promovente del amparo se actualizaría, en su caso, una vez que se emita el laudo definitivo. Lo que, se insiste, de llegar a concretarse ese supuesto, podrá ser combatido por el hoy quejoso como una violación procesal en términos de lo que establece el artículo 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo. Razón por la cual no puede ser analizada dicha determinación en el juicio de amparo, dado que no es de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata ningún derecho sustantivo tales como la vida, la libertad, la salud o algún otro y tampoco se trata de una resolución que dé por concluido el juicio laboral de origen. De lo anterior, se evidencia que en el caso no existe una violación directa e inmediata a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues ello acontecerá, en su caso, en el momento en que sean valoradas las pruebas ofertada en el controversial laboral de origen. Por tanto, acorde a las precisiones realizadas en el marco normativo de este auto, se evidencia que en la especie, el auto que aquí se reclama no afecta por sí mismo de manera directa e inmediata un derecho sustantivo del peticionario de amparo, por ende, de llegar a existir una afectación, ésta se traduce únicamente respecto derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal; de ahí que no exista la conculcación actual y directa de algún derecho sustantivo contenido en los artículos constitucionales a los que alude el solicitante de amparo, sino únicamente de carácter formal o intraprocesal; máxime que debe considerarse que aún no ha sido resuelto el juicio natural del cual se deriva el acto reclamado. Resulta ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro digital 2006338, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 1539, que establece lo siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese orden de ideas, el acto reclamado no constituye una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, sino que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuya trascendencia solo puede ser valorada hasta que, en su caso, se emita la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento, que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Sin que pase inadvertido que la promovente no anexó constancia fehacientes con la cual acredite la personalidad que ostenta, es decir, apoderada legal de la parte quejosa (ya que solo adjuntó una copia simple de una carta poder y la personalidad debe acreditarse plenamente); sin embargo, en el caso se actualiza una causal de improcedencia, por lo que esta potestad considera ocioso prevenir a la promovente para que subsane esa circunstancia; pues se crearía la falsa expectativa de la obtención de una resolución favorable, retrasando así la impartición de justicia. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa señaló expresamente como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a la quejosa a través de la lista de este juzgado, en razón de que del capítulo IV, denominado: "Notificaciones", no se aprecia la existencia de los estrados. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, página 1067, intitulada: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tiene como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que sí cuentan con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior con sustento en la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), publicada el siete de agosto de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Se toma conocimiento de los medios de contacto alternativos que proporciona la parte quejosa. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea. Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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