Sinuhe Hernández del Castillo

Expediente 682/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
682/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Sinuhe Hernández del Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso ********************; en atención a su petición, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; hágase la devolución de los documentos que precisa, previa copia certificada que en su lugar se deje y razón que por su recibo obre en autos; se autoriza para recibirlos a las personas que señala.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado determinó desechar de plano la demanda promovida por ************, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, representante legal de la sociedad civil denominada *************personalidad que se le tiene por reconocida, en términos de los artículos 10 y 11, de la Ley de Amparo, como lo acredita con la copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ordinario civil ***, de fecha treinta y uno de mayo del presente año, misma que adjuntó a su escrito de demanda, en contra de actos del juez de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro 682/2018. b) Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: El auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el juez de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil número ***, en el cual dicha autoridad negó decretar la ejecución de la sentencia definitiva de treinta y uno de mayo del presente año, por existir en la legislación procesal civil disposición expresa. De igual forma, es necesario destacar el contenido de los artículos 236, 239, 245 y 447 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, que estatuyen: Artículo. 236.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. En materia familiar, cuando sea en beneficio de menores o incapacitados, deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de agravio expresados Artículo. 245.- Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos" Artículo 246.- La apelación debe interponerse ante el Tribunal que haya pronunciado la resolución, dentro de los diez días siguientes al en que surta efectos su notificación Artículo 447. El auto que niegue la ejecución es apelable en ambos efectos De lo numerales transcritos se desprende que: A través de la apelación, el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. El auto que niegue la ejecución es apelable. En el caso nos encontramos ante la presencia de un procedimiento ordinario civil en el que causó ejecutoria la sentencia que dirimió el conflicto promovido por la parte quejosa, controvertido que se encuentra radicado bajo el número de expediente ***índice del juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato. Por lo que de conformidad con los numerales precitados, se estima que el medio de defensa idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de apelación, en términos del artículo 447 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato; de lo que se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por los jueces que las emitieron. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, que negó la ejecución de la sentencia dictada en el aludido procedimiento civil, y si los transcritos numerales 245 y 447 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, prevén un recurso -apelación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de las determinaciones que los juzgadores de primera instancia dictaron; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó, es la parte demandante en el aludido contradictorio, de manera que en su carácter de parte accionante de dicho contradictorio, estaba en aptitud de hacer valer el medio de impugnación a su alcance. Por ello, se afirma que la parte quejosa previamente a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa (apelación), para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes c) Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado federal para oír y recibir notificaciones de carácter personal, lo que propiamente no constituye un domicilio, con apoyo en lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena practicarle por medio de lista que se fija en lugar visible de este tribunal las notificaciones que sean de carácter personal. Así también, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica en su escrito de demanda; lo anterior, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de inscripción ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. d) Habilitación de días y horas para notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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