Siria Leticia Solis Solis y Otros.
Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Siria Leticia Solis Solis y Otros.
- Fausto Albión Jiménez Holguín y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 514/2022-I, promovido por 1) *******, 2) *******, 3) *******, 4) *******, 5) *******, 6) *******, 7) *******, 8) *******, 9) ******* y 10) *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El trece de junio de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, al que adjuntó el juicio de amparo indirecto ******* del índice del juzgado de su adscripción, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por 1) *******, 2) *******, 3) *******, 4) *******, 5) *******, 6) *******, 7) *******, 8) *******, 9) ******* y 10) *******, el cual fue turnado el mismo día a este juzgado. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados el contenido en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aceptación de la competencia y tramitación de la demanda. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se aceptó la competencia, quedando registrada la demanda de amparo con el consecutivo 514/2022-I y se admitió a trámite la misma, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Cuarto. Vista para ampliación. Mediante auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto a la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, ello en virtud de que fue quien remitió la causa penal *******, tramitada ante los Juzgados del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Galeana (cuyo acto es el que reclaman los quejosos), al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, notificando dicho proveído por medio de lista publicada el uno de agosto del año en curso, sin que hubieren desahogado dicha vista, tal y como se desprende del auto de veinticuatro de agosto del año que transcurre, por lo que de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tuvo por precluido el derecho de los quejosos para ampliar el escrito inicial de demanda; y se hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintinueve de julio y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. Quinto. Audiencia constitucional. Una vez integrado el presente asunto, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que el acto que se reclama tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables lo siguiente: De los licenciados ******* y *******, Jueces de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana: la ilegal declaración de incompetencia por razones de seguridad, por lo que respecta a los jueces de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana de fecha 18 de marzo de 2022 dentro de la causa penal ******* y la remisión de la carpeta administrativa al Distrito Bravos. Del licenciado *******, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos: la aceptación de competencia para conocer del proceso instaurado bajo la causa penal ******* en el Distrito Judicial Galeana y, en consecuencia el registro del proceso bajo la causa penal número *******, del índice del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana ******* y Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio adscrito al Distrito Judicial Galeana, actuando en Materia de Control *******, convinieron en la existencia del acto reclamado por los quejosos, consistente en la declaración de incompetencia por razones de seguridad, por lo que respecta a los jueces de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana y competencia para conocer del proceso instaurado bajo la causa penal ******* en el Distrito Judicial Galeana y el registro del proceso bajo la causa penal número *******, del índice del Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos. Conforme a lo anterior y tomando en cuenta que las constancias que anexaron las autoridades responsables mencionadas en este considerando, cuentan con valor probatorio pleno, los actos reclamados a dichas autoridades responsables, se tienen fehacientemente demostrados. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no advertirse de oficio, ni las partes haber hecho valer causa de improcedencia, lo procedente es ingresar al estudio de la Litis constitucional planteada. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción, además que el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 50/20102, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los de conformar la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto. Son infundados los conceptos de violación expuestos, aún suplidos en su deficiencia de conformidad con el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal. Los quejosos aducen sustancialmente que las autoridades ordenadoras sin justificación legal alguna, violaron sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, al haberse remitido la causa penal *******, así como la carpeta administrativa al Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, como consecuencia de la declaración de incompetencia del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana ******* y Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio adscrito al Distrito Judicial Galeana, actuando en Materia de Control *******, en fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Determinación que les afecta, toda vez que refieren se les está dejando en notorio estado de indefensión, pues al realizar el cambio de radicación de su causa, implica un obstáculo e impone cargas adicionales para defenderse adecuadamente. SÉPTIMO. Análisis previo al estudio de fondo. Previo al estudio de los conceptos de violación se procederá a hacer una narrativa de los antecedentes que dieron origen al acto que ahora se reclama: I.- En fecha dos de mayo de dos mil veintidós, los quejosos tramitaron demanda de amparo en contra de la posible ilegal orden de aprehensión, el cual se radicó bajo el número ******* del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. II.- Durante el transcurso del trámite del amparo, el veinte de mayo del año en curso, del informe justificado rendido por el licenciado *******, Juzgador de Control del Distrito Judicial Bravos, confirmó el acto reclamado. III.- Es en dicho informe que los quejosos se percataron que se libraron varias órdenes de aprehensión en contra de los quejosos por el delito de Daños, en la causa penal *******. IV.- Mediante informe rendido por el Tribunal de Control del Distrito Judicial Galeana se les hizo del conocimiento a los quejosos que inicialmente se intentó iniciar el trámite de la causa penal en dicho Distrito, sin embargo, los licenciados ******* y *******, juzgadores del Distrito Galeana, alegando cuestiones de seguridad, se declararon incompetentes y se avocó al conocimiento de la citada causa penal el Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos. Octavo.- Determinación emitida por los Jueces del Distrito Judicial Galeana en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. [.] NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por recibido el día de hoy la Constancia de notificación número único de caso *******, a las 10 horas con treinta y nueve minutos, realizada por quien se identificó como el licenciado *******, Agente del Ministerio Público, mediante el cual se me notifica lo que llama "un registro de hechos delictuosos" derivados de la denuncia anónima que se recibió en dicha Fiscalía en a la letra dice: CON ESTE PAPEL QUIERO HACER SABER A LA AUTORIDAD QUE ESTUVE EN UNA JUNTA CON MIEMBROS DEL BARZÓN DE ESA C.D. Y ESCUCHE A UN GRUPO DE LOS LIDERES DEL BAZÓN QUE DIJERON QUE IBA A IR A CHIHUAHUA PARA HABLAR CON PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE SABÍAN QUE LES QUERÍA ABRIR JUICIOS POR UNAS BRONCAS CON LOS LEBARON Y QUE NO LO IBAN A PERMITIR ESO Y QUE PARA DEMOSTRAR SU PODER EN LA REGIÓN PRIMERO IVAN (sic) A QUEMAR LAS CASAS Y QUE SI SE PONIAN MUGROSO TAMBIÉN ELLOS LOS IVAN (sic) A CHINJAR Y QUE NO SOLO ESO, QUE IVAN A QUEMAR TAMBIÉN LOS JUZGADOS EN CASAS GRANDES YA QUE A LOS DEL BARZON NADIE LOS TOCA NI EL GOBIERNO, YA QUE EL GOBIERNO DEBE RESPETARLOS A ELLOS POR SER MEXICANOS Y NO A LOS GRINGOS ESOS YA QUE EL PUEBLO QUITA Y PONE GOBERNANTES AL ESCUCHAR ESTO ME DIO MUCHO MIEDO Y NERBIOS (sic), POR QUE YO NO QUIERO PEDOS LA VERDAD YO SOLO QUIERO QUE ME APOYEN CON MIS PARSELAS POR ESO ME UNI AL BARZON PERO NI ESO HAN HECHO POR NOSOTROS Y NO QUIERO PARTICIPAR COMO LA VEZ PASADA EN ALGO QUE ORGANIZAN Y QUE SE SALIO DE CONTROL Y QUE HASTA BALASOS (sic) HUBO Y NOS DEJARON SOLOS CON LA BRONCA LOS DEL BARZON ES POR ESO QUE NO CIERO (sic) QUE SEPAN QUIEN SOY POR TEMOR A REPRESALIAS YA QUE SI A LOS JUECES LES QUIEREN QUEMAR LAS CASAS Y HASTA MADREARLOS A MI QUE NO ARAN (sic) PERO NO QUIERO QUE LA REJION (sic) TENGA MAS CONFLICTOS DE LOS QUE HAY YA QUE HASTA LOS MALANDROS DEL LUGAR ESTAN CON EL BARZON ES POR ESO QUE HAGO ESTO ANONIMO EN LA REGION EN QUE ESTABA YO FUERON LOS PRINCIPALES LIDERES DEL BARZON E INCLUSO DE CHIHUAHUA ABIA (sic) PERSONAS POR ESO QUIERO HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD. Atendiendo al contenido de dicha denuncia anónima y al relacionarla con los hechos que motivaron la presente causa penal, es de destacare que efectivamente, dicho Grupo Social, denominado el Barzón, al parecer tuvo una intervención en los hechos que se les pretende imputar a las personas que, al parecer, son identificados como líderes y miembros de la citada organización, es decir, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******. Por otro lado, en dicha denuncia se menciona no solo al "lic *******", al "Lic *******" y a la "lic *******" como funcionarios a los que se pretende provocar un daño, sino al personal del Tribunal de Control y Enjuiciamiento, así como al Tribunal de Ejecución de Penas, puesto que se cita: "que van a quemar los juzgados de Casas Grandes". Tales manifestaciones dejan de manifiesto un riesgo latente no solo en contra de los funcionarios ahí descritos, sino de la integridad del personal de los Tribunales referidos, de ahí que se considera pertinente y oportuno, poner en conocimiento del Secretario General del Tribunal Superior de Justicia dichas circunstancias y al mismo tiempo declarar la incompetencia por razones de seguridad, por lo que respecta a los jueces de primera instancia del sistema penal acusatorio del Distrito Judicial Galeana, en virtud de que no se cuentan con las condiciones de seguridad, no solo para dichos funcionarios, sino para el personal de los Tribunales multireferidos, ello de conformidad con el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, remítase la carpeta administrativa al o la Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, por considerarlo competente para seguir conociendo del presente asunto. Solicítese la intervención de Gestión Judicial, para la coordinación y trámite de la incompetencia; asimismo, remítase las carpetas administrativas de la presente causa, no sin antes dejar copia certificada de las mismas en este Tribunal. [.] NOVENO.- Análisis de los conceptos de violación. Como se adelantó, son infundados argumentos vertidos por los quejosos en su demanda, por las razones que a continuación se exponen. Los quejosos aducen que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad, en virtud que las autoridades responsables no actuaron de conformidad con lo establecido en la ley, asimismo que se viola la garantía de audiencia, al no seguir el procedimiento conforme a la ley aplicable, así como el de legalidad jurídica, ya que el acto no está debidamente fundado ni motivado, y que conforme al acto que se reclama se disminuye la capacidad de ejercicio de defensa adecuada. En el caso que nos ocupa el licenciado *******, Juez de Primera lnstancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio adscrito al Distrito Judicial Galeana, actuando en Materia de Control, así como el licenciado *******, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, declararon la incompetencia legal por razones de seguridad, con base en lo dispuesto por los artículos 22 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen lo siguiente: [.] Artículo 22. Competencia por razón de seguridad Será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en el que será competente el Órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. Con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos al lugar en el que se desarrolla su procedimiento, las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales con el fin de llevar a cabo su debido proceso, salvo la regla prevista en el párrafo anterior y en los casos en que sean procedentes medidas especiales de seguridad no disponibles en dichos centros. [.] Artículo 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en este Código, el Órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. La declinatoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en cualquiera de las audiencias ante el Órgano jurisdiccional que conozca del asunto hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. Si la incompetencia es del Órgano jurisdiccional deberá promoverse dentro del plazo de tres días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Juez de control que fijó la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, sin perjuicio de ser declarada de oficio. No se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad. [.] De dichos preceptos se desprende que será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito, atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; asimismo, la incompetencia legal en tal supuesto se puede decretar en cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia legal remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. Atento a lo antes expuesto, los Jueces del Distrito Judicial Galeana, declinaron la competencia para conocer de la causa penal *******, de su índice, ello en virtud de que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se recibió una "constancia de notificación" con el número único de caso *******, presentada por el licenciado *******, agente del Ministerio Público, por el que se le notificó un "registro de hechos delictuosos", derivados de una denuncia anónima, de la cual se desprende que el grupo social denominado "*******", al parecer tuvo una intervención en los hechos que se les pretende imputar a los aquí quejosos; asimismo, se hizo mención de los licenciados "*******", "*******" y "*******", como funcionarios "Jueces" a los que se les pretende provocar un daño, al personal del Tribunal de Control y Enjuiciamiento, así como al Tribunal de Ejecución de Penas citando "que iban a quemar los juzgados de Casas Grandes", por lo que al haber un riesgo latente, no solo contra los funcionarios antes mencionados, sino del personal que integra los Tribunales, consideraron pertinente hacer del conocimiento del Secretario General del Tribunal Superior de Justicia, dichas circunstancias y declarar la incompetencia legal por razones de seguridad, en virtud de que dichos Tribunales no tienen las condiciones de seguridad necesarias para mantener a salvo a su personal, conforme a lo establecido por el numeral 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello al existir una razón concreta y grave que justifica su determinación. Ahora en cuanto al argumento expuesto por los quejosos, en el sentido de que la determinación reclamada, vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En principio resulta necesario tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, que señala en su parte conducente lo siguiente: Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. El precepto constitucional trascrito consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la Ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, la motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 Constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 73, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52, Tomo III, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que es del tenor literal siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En esas condiciones, la garantía de legalidad que se estima violada se encuentra contenida en el párrafo primero del artículo 16 Constitucional, que constituye uno de los elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que no se emite de un modo arbitrario y anárquico, sino por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que le rige. Expuesto lo anterior, debe decirse que si por fundamentación del acto de autoridad se entiende que este debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte precedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice. En tales condiciones, cabe decir que la resolución reclamada si está fundada y motivada, pues dicha obligación se satisface desde el punto de vista formal, porque la autoridad responsable citó los artículos que consideró eran aplicables al caso; por tanto, se expresó la norma legal y los hechos que según ella encajan en los citados preceptos legales; sin embargo, para ello, simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. En consecuencia, el licenciado *******, Juez de Primera lnstancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio adscrito a los Distritos Judiciales Bravos y Galeana, actuando en Materia de Control, el licenciado *******, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, así como el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, fundaron su actuar en los numerales de los ordenamientos jurídicos que consideraron aplicables al caso en particular, esto es conforme a lo establecido por los artículos 22 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En torno a la motivación, se advierte que las autoridades responsables adujeron las razones y circunstancias por las cuales resolvieron de esa manera, por lo que el enlace de los anteriores razonamientos pone de relieve, que no asiste razón a los promoventes del amparo, pues lo cierto es que las responsables cumplieron con la obligación que establece el artículo 16 Constitucional; esto es, fundaron y motivaron su actuar en lo que ellas consideran eran aplicable al caso concreto. Por otra parte, respecto al diverso numeral 17 Constitucional que los quejosos consideran se violó por parte de las autoridades responsables, dicho precepto establece: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. (Lo subrayado es propio) En dicho precepto se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrara la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva pueda limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución. De lo anterior, se desprende que los quejosos obtendrán una decisión en la que se resuelva su situación jurídica, ya que el cambio de radicación de la causa penal de origen como ya se dijo anteriormente no les causa una afectación, por lo que el derecho a la seguridad jurídica no ha sido violentado como ellos lo precisan en su demanda, el procedimiento continua sin paralizarse y se llegara a una decisión final, con la única salvedad de cambio del lugar de radicación, lo que implica que estarán en posibilidad de hacer valer sus derechos conforme a la ley, por diversos medios que el juzgador del distrito judicial bravos, hará o ya hizo de su conocimiento, ello ya que desde el veintitrés de marzo del presente año aceptó la competencia declinada por los jueces del distrito judicial Galeana. Por lo que, como se precisó los Jueces del Distrito Judicial Galena, determinaron su incompetencia legal por razones de seguridad, en virtud de la denuncia anónima de la cual tuvieron conocimiento por medio del agente del Ministerio Público con el fin de salvaguardarse ellos, así como al personal que conforma los Tribunales, y, para que se continuara con el trámite de la causa penal de origen se determinó declinar competencia al Juez de Control de este Distrito Judicial Bravos. Ahora bien, en relación a lo expuesto por los quejosos en el sentido de que los jueces de control del Distrito Judicial Galeana, debieron resolver sobre la incompetencia declinada en audiencia, ello conforme a lo establecido por el artículo 25 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho concepto de violación es infundado, toda vez que en el caso que nos ocupa se desprende que mediante informe rendido por el Tribunal de Control del Distrito Judicial Galeana se les hizo del conocimiento a los quejosos que inicialmente se intentó iniciar el trámite de la causa penal en dicho Distrito, sin embargo, los licenciados ******* y *******, juzgadores del Distrito Galeana, alegando cuestiones de seguridad, se declararon incompetentes y se avocó al conocimiento de la citada causa penal el Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, por lo que, al no haberse iniciado el trámite de la causa penal, y ante la situación emergente de seguridad del personal de los tribunales del Distrito Judicial Galeana, no era necesario que para decretar la incompetencia por razones de seguridad, ésta tuviera qué declinarse a través de una audiencia, en la que se diera intervención a las partes; máxime que en la fecha en que se procedió a emitir la incompetencia, aún no se había iniciado el proceso para resolver la situación jurídica de los quejosos. Por otra parte, el efecto del cambio de radicación de la causa penal de origen, del expediente ******* del Distrito Judicial Galeana al Distrito Judicial Bravos, no se traduce en una falta de defensa adecuada, por cuanto a que la parte quejosa podrá hacerlo, se insiste ante el juez de control del Distrito Judicial Bravos, además de que existen herramientas tecnología y disposiciones legales que prevén y regulan la práctica de diligencias a distancia; por tanto, el cambio de radicación de la causa penal de los quejosos, no constituye acto violatorio a su derecho defensa, como refieren los quejosos en sus conceptos de violación. Máxime, que según se advierte de la resolución reclamada, puede considerarse de alto impacto, que requiere de medidas especiales de seguridad, además de actualizarse circunstancias objetivas y razonables, para trasladar la causa penal a este Distrito Judicial. Por otro lado, debe decirse que si bien las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º, constitucional, se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias legales, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, debe aclararse que el principio pro persona contenido en el precepto constitucional invocado, es un criterio de interpretación y una forma de dirimir aparentes antinomias entre las normas jurídicas, pero dicho principio de ningún modo puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme con las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Por ende, las autoridades responsables no vulneraron el contenido del artículo 1º, constitucional al que aluden los quejosos en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), dictada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en la página novecientos seis, Libro XXV, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, Décima Época, con número de registro 2004748, de contenido: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Por lo tanto, como lo advirtió el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos al aceptar la competencia declinada por los Jueces del Distrito Judicial Galeana, no sólo se observó el numeral antes citado, sino ponderó también que existían datos que denotaban viable la competencia planteada por los Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana. En ese orden, se desestima lo esgrimido por los quejosos en el sentido de que el licenciado *******, Juez de Primera lnstancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio adscrito a los Distritos Judiciales Bravos y Galeana, actuando en Materia de Control, así como el licenciado *******, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, infringieron lo establecido en el artículo 1º, constitucional, porque no interpretaron en su favor lo previsto en dicho numeral; lo anterior, conforme a las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, esto es, en criterio de este órgano de control constitucional, la resolución reclamada, fue determinada por las responsables con apego al precepto constitucional citado. Por consiguiente, al resultar infundados los conceptos de violación analizados sin que en el caso se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, resulta procedente negar la protección y el amparo de la justicia federal solicitada en contra de la resolución reclamada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio de amparo, promovido por *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, *******, ******* y *******, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy catorce de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil veintidós. Devolución exhorto Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto *******, de su índice, formado con motivo de la recepción del diverso 175/2022-I-1, procedente del presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 214/2022-I-1; sin que sea necesario acusar recibo de estilo, toda vez que éste se generó en forma electrónica a través del Sistema de Interconexión de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las acciones correspondientes para dar de baja el exhorto 175/2022-I-1. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 314, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Precluido derecho para ampliación Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido mediante proveído de veintinueve de julio de la presente anualidad, para que se ampliara la demanda de amparo, transcurrió sin que los quejosos se hubieran pronunciado al respecto. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por precluido del derecho de los quejosos a ampliar su escrito inicial de demanda; entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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