Silvino Flores Chávez
Expediente 430/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Silvino Flores Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte a quien le pudiera causar perjuicio la sentencia dictada el seis de agosto del año en curso, dictada en este juicio (quejoso *******) la recurriera, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción III del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de agosto de dos mil diecinueve. Vistas las razones actuariales de cuenta secretarial, practicadas por las fedatarias judiciales adscritas a este Juzgado Federal, practicadas por las licenciadas ******* y *******, en las que asientan los motivos por los cuales no les fue posible notificar personalmente al quejoso ******* y a su Defensora Pública *******, respectivamente, el contenido de la sentencia de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo; pues en primer término, informaron que dicho quejoso el veintitrés de julio de este año, obtuvo su libertad por extinción de pena de prisión y en cuanto a la defensora, hicieron del conocimiento se encontraba gozando de su periodo vacacional. En ese contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, efectúeseles la notificación de mérito, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, para los fines legales procedentes, hasta una vez que señalen domicilio cierto para tales efectos. Corrobora lo anterior, la Tesis: II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página mil cincuenta y ocho, del Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 175287, que a la letra dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista. Cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mi diecinueve, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la licenciada *******. Doy fe. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 430/2019-III. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de junio de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por el quejoso *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Supervisora Regional de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, a quienes les reclamó lo siguiente: ".Acto reclamado: Traslado involuntario del cereso estatal #3 a otro diverso ya que dicho traslado viola mis derechos y Garantías individuales y que afectan a la reinserción social." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 párrafo octavo y 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de junio de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 430/2019-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, mediante auto de doce de julio de este año, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclama un acto que tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, se debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se advierte que el quejoso ******* reclama: - La orden de trasladarlo del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres a uno diverso; y , - La ejecución de la anterior determinación. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Supervisora Regional del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, Zona Norte, en su denominación correcta y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, residentes en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentra recluido a uno diverso y su ejecución. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el presente asunto, el quejoso fue omiso en acreditar la existencia del traslado que reclama, pues omitió exhibir prueba alguna para sustentar su dicho. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el que se establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 430/2019-III, promovido por el quejoso *******, en relación con la orden de traslado y su ejecución, por las razones expresadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 430/2019-III. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de junio de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por el quejoso *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Supervisora Regional de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, a quienes les reclamó lo siguiente: ".Acto reclamado: Traslado involuntario del cereso estatal #3 a otro diverso ya que dicho traslado viola mis derechos y Garantías individuales y que afectan a la reinserción social." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 párrafo octavo y 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de junio de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 430/2019-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, mediante auto de doce de julio de este año, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclama un acto que tiene ejecución material dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, se debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera, en cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se advierte que el quejoso ******* reclama: - La orden de trasladarlo del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres a uno diverso; y , - La ejecución de la anterior determinación. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Supervisora Regional del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social, Zona Norte, en su denominación correcta y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, residentes en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentra recluido a uno diverso y su ejecución. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el presente asunto, el quejoso fue omiso en acreditar la existencia del traslado que reclama, pues omitió exhibir prueba alguna para sustentar su dicho. En mérito de lo expuesto, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el que se establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 430/2019-III, promovido por el quejoso *******, en relación con la orden de traslado y su ejecución, por las razones expresadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta secretarial, suscrito por el Juez Provisional del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, y al efecto informa que la licenciada ********, defensora Penal Pública adscrita a dicho órgano jurisdiccional, aceptó y protestó el cargo como representante del aquí quejoso ********************en el juicio de amparo en que se actúa, remitiendo las constancias para acreditar su dicho. En ese contexto, agréguese para que obre como legalmente corresponde. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.*
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Silvia Olimpia Román Cardona y Otros.543/2019
- Silvia Reyes Pérez412/2016
- Silvia Silva Garcia217/2015
- Silvia Solis Barraza500/2019
- Silvia Zaragoza Ito591/2016
- Silvino Flores Chávez368/2019
- Simón Muñoz Martínez509/2015
- Simón Valenzuela Leyva681/2022
- Siria Leticia Solis Solis y Otros.514/2022
- Socorro Albíztegui Rodríguez314/2018
- Socorro Ángela Marquez de la Cruz1185/2022
- Socorro Del Pilar Bedoy Prieto502/2016