Sintia Beatriz Gonzalez Gomez
Expediente 1498/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1498/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sintia Beatriz Gonzalez Gomez
Actuaciones
- Principal
VII. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías, el once de enero del año en curso, que sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VII.Agréguense como legalmente corresponda, los informes justificados rendidos por el Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por sí y en representación de dicho Tribunal, así como por el Actuario de su adscripción, y anexo que se acompañó al primero de los registros mencionados. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa reclamó a las autoridades responsables, en su demanda de amparo, es la omisión de realizar los actos tendientes a la ejecución del laudo emitido en el proceso de origen 36/2012, así como de dar contestación a los ocursos de nueve de agosto y veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de las responsables de origen, de realizar los actos tendientes a la ejecución del laudo emitido en el proceso de origen 36/2012, así como de dar contestación a los ocursos de nueve de agosto y veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que por proveído de ocho de enero anterior, el Tribunal responsable dio respuesta a los ocursos presentados por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral de origen, otorgando incluso a ésta, una vista respecto a la propuesta de convenio presentada por la parte demandada, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo emitido en dicho controvertido. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión reclamada, ya que es evidente que al haber sido emitido el proveído de marras, mismo que fue notificado a la parte quejosa en esa propia data, en el que incluso se contiene una propuesta de cumplimiento del laudo respectivo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, han cesado los efectos de la aludida omisión. ...En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como al Presidente y al Actuario de su adscripción, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: ...Finalmente, y en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiún minutos del diecisiete de enero de dos mil dieciocho. ...
- Principal
MESA VII. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 843/2017, rendido por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a éste Órgano Jurisdiccional, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno.
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por SINTIA BEATRIZ GONZALEZ GOMEZ, por conducto de su apoderado Juan Oswaldo Fernández Cardeña, contra un acto que reclama del TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, y de otras autoridades. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce al ocursante el carácter con que se ostenta, tal como lo acredita con el escrito y acta de la audiencia de doce de junio y cuatro de septiembre de dos mil doce, respectivamente, esta última celebrada en el expediente 36/2012, del índice del Tribunal para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual las responsables deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en vigor a partir del día siguiente. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo transitorio antes mencionado. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, el cual fue señalado como autoridad responsable por la parte quejosa; se advierte que a dicha autoridad le recae el carácter de tercero interesada y no de autoridad responsable, como erróneamente lo señala dicha parte quejosa. Por tanto, de conformidad con el artículo 5o, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se estima que le recae el carácter de tercera interesada, al AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN; atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada ley de la materia, gírese atento oficio, para efecto de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas presuncional en su doble aspecto, legal y humana, la instrumental de actuaciones y la documental pública; ello, para ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Téngase como domicilio de la quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio marcado con el número cuatrocientos veintidós, de la calle veintiuno, entre las calles cuarenta y cuatro letra "B" y cuarenta y cuatro letra "C", de la colonia "Ampliación Pedregales de Lindavista", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y como autorizados para tales efectos en los términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Verónica Marilyn Ortiz Navarro y Renán Jesús Fernández Cardeña. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo, en atención a que no se solicitó ni se está en los supuestos establecidos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo.
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