Sindy Marisol Saenz Mena
Expediente 1661/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1661/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sindy Marisol Saenz Mena
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 421/2023, signado por el Agente del Ministerio Público Federal en auxilio de la adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno respecto de su contenido, toda vez que ya se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. Ahora, en cuanto a la solicitud del representante social, en el sentido que se expida a su favor, copia certificada de la determinación que se pronuncie en este asunto, dígasele que no ha lugar a acceder a lo que pide. Lo anterior es así, pues conforme a lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; de ahí que la determinación que resolvió este asunto, al ser emitida y firmada digitalmente, con posterioridad a la fecha indicada en el acuerdo general en comento, sólo obrara en el expediente electrónico más no en el impreso, por lo que materialmente no sería factible expedir copias de un documento no impreso. No obstante lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, pues, las que cuentan con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, anexando las constancias conducentes del expediente laboral ********************, de su índice. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa ******************** reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la omisión de dictar el auto de requerimiento de pago y en embargo de las cantidades que fueron condenadas mediante el laudo dictado en el juicio laboral de origen, lo cual solicitó por escrito de quince de julio de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Al efecto, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se advierte que el tres de noviembre de dos mil veintitrés, dictó el auto mediante el cual ordenó la ejecución del laudo de diez de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de origen, y señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, apercibiendo a la parte demandada que en caso de no realizar el pago solicitado se le impondrá como medio de apremio la multa señalada en el acuerdo referido. Dicha documental, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el tres de noviembre del año en curso, dictó un acuerdo en el que ordenó la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, señalando fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago; esto es, dictó un acuerdo en el que proveyó el escrito Litis de la parte quejosa, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el auto relativo al escrito presentado el quince de julio de dos mil veintitrés, en autos del juicio de origen, lo que en el caso se subsana con el auto dictado el tres de noviembre del año que transcurre, emitido en el expediente laboral ********************, del índice de la responsable. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Juez responsable acordó el escrito de la quejosa en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, no pasa inadvertido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal que guardan los autos, y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes en proveídos de diecinueve de julio de dos mil veintitrés y veinticinco de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; atento a lo anterior, esta Juzgadora procederá a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."********************En este sentido es importante asentar que, por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ******************** ********************Asimismo, por auto de veintiuno de octubre del dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución; en la cual la responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes:********************". para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad:********************1. Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Sucesorio Intestamentario ********************, a partir del auto de quince de octubre de dos mil tres, en el que se radicó el juicio sucesorio, así como todo lo actuado con posterioridad, y sus consecuencias;********************2. Ordene llamar a juicio a la quejosa y posible heredera, ********************como en derecho corresponda, para que en su caso, haga valer los derechos que considere tener respecto de dicho juicio.********************En el entendido que para el cumplimiento de esta sentencia bastará la acreditación de la orden de llamamiento al juicio de la aquí quejosa y no así la prosecución de la instancia."********************Por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, misma que en fecha once de enero de dos mil veintitrés, fue recurrida por la quejosa ********************.********************Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 4/2023, donde se declaró fundado, revocó la resolución recurrida y ordenó se requiera nuevamente el cumplimiento a la autoridad responsable, a efecto de ordenar cancelar la inscripción del aviso definitivo de la escritura de adjudicación por herencia otorgada a favor de ******************** y ********************, por el titular de la Notaría Publica Número Uno del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, de fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno.********************Seguidamente, por auto de tres de abril de dos mil veintitrés, se declaró nuevamente cumplida la ejecutoria de amparo, misma que en fecha quince de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa interpuso el correspondiente recurso de inconformidad.********************En el toca 15/2023, el Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, declaró fundado, revocó la resolución recurrida y ordenó se requiera nuevamente el cumplimiento a la autoridad responsable, a efecto de que se realice la cancelación de la solicitud ********************, respecto de la inscripción de la escritura pública de adjudicación por herencia que había cancelado y que se encontraba en proceso de inscripción y la cancelación de la escritura de adjudicación por herencia ******************** de trece de septiembre de dos mil veintiuno.********************Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad judicial responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo los oficios 2946/2023 y 697/2023, con los cuales comunicó, respectivamente, el dictado de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, donde dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario ********************, a partir del auto de quince de octubre de dos mil tres, y ordenó llamar a juicio a la aquí quejosa ********************; y, la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, donde ordenó la cancelación del aviso definitivo de adjudicación por herencia respectivo.********************Lo que fue corroborado por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en su oficio ********************. ********************Por otra parte, la citada Directora, informó que el once de julio de dos mil veintitrés, quedó objetada la solicitud ********************, relativa a la escritura pública de adjudicación por herencia, con número de acta ******************** de trece de septiembre de dos mil veintiuno.********************En cuanto al Notario Público Número Uno del Estado de Yucatán, informó la anotación marginal, en el que se hace constar la cancelación de la mencionada acta ********************, en el protocolo de la citada Notaría a su cargo.********************De ahí que en el caso deba considerarse que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio.********************Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; cuenta habida que se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario, se llamó a juicio a la aquí quejosa, se canceló el aviso definitivo de adjudicación por herencia que se encontraba inscrito en el Registro Público, y se realizaron las cancelaciones en relación a la escritura de adjudicación por herencia ********************, de trece de septiembre de dos mil veintiuno; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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