Síndico Municipal de Ojocaliente, Zacatecas

Expediente 2023/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2023/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Síndico Municipal de Ojocaliente, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el siete de enero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción e los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  2. Principal

    Con efectos de notificación para la parte quejosa: Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el siete de enero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción e los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  3. Principal

    Visto; agréguese a los autos el escrito que suscribe ********************, en su carácter de síndico municipal del ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, atento a su contenido, téngase por cumplido el requerimiento que le fue hecho en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora, con relación al escrito de demanda y aclaratorio de la misma, se trae a colación lo dispuesto en el artículo 112, de la Ley de Amparo, mismo que dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la misma; por otro lado, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, se indica que la parte quejosa señala en su escrito de demanda y aclaratorio a la misma como acto reclamado a la Presidenta del Tribunal Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el requerimiento de pago de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, respecto de las cantidades condenadas a la demandada, dentro del procedimiento laboral ********************. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías y del escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los antecedentes citados por la parte quejosa del acto reclamado a la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, a juicio de quien resuelve, permiten concluir que la autoridad responsable emitió dentro del procedimiento laboral ********************, auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mismo que le fue notificado el treinta de noviembre del citado año, en el que fue requerida de pago y emitido dicho auto en la ejecución del laudo definitivo en el relacionado juicio. Por tanto, se afirma que en el caso el acto reclamado debió ser impugnado a través del medio legal ordinario que la ley le concede a la parte quejosa, como lo es en el particular el recurso de revisión, ante el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y, con ello poder obtener la revocación del acto reclamado, tal como se desprende del texto legal de los artículos 242 y 243, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, mismos que al efecto disponen: "ARTÍCULO 242 Contra actos de la o el Magistrado Presidente, actuarias o actuarios o funcionarias o funcionarios habilitados, en ejecución de laudos, convenios, resoluciones que ponen fin a las tercerías, procede la revisión. ARTÍCULO 243 De la revisión conocerá: I. La o el Magistrado Presidente del Tribunal cuando se trate de actos de las y los actuarios o funcionarias o funcionarios habilitados; II. El Tribunal cuando se trate de la o el Magistrado Presidente". De modo que como ya se expuso, el acto reclamado debió impugnarse por la parte quejosa mediante el recurso o medio de defensa que la ley le concede para impugnar dicha determinación (revisión), para con ello poder obtener la modificación o revocación del acto reclamado; ya que si las partes no agotan esos medios de defensa ni las autoridades competentes deciden interlocutoriamente, el amparo es improcedente; por ende, al no haberse agotado el recurso de revisión de que se trata, es vulnerado uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes debe acudirse cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual pueda modificarse o revocarse el acto reclamado; habida cuenta que el objetivo de tal principio es preservar el juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que sólo debe acudirse cuando ya no exista ante la autoridad común, la posibilidad de reparar el agravio que se causó. Bajo esta tesitura, si la parte quejosa, previo a promover juicio de amparo, no agotó el recurso de revisión que establece el ordenamiento citado, como medio de impugnación para modificar o revocar la determinación reclamada, incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tiene apoyo la tesis aislada I.4o.A.74 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 650, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 212365, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional." Abundando en lo anterior, en el caso no se acredita alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de garantías, dada la naturaleza del acto reclamado. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este juzgado no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ********************, en su carácter de síndico municipal del ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, contra actos de la Presidenta del Tribunal Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por el ********************, por conducto de la Síndico Municipal, ********************, contra actos de la Presidenta del Tribunal Local de ********************onciliación y Arbitraje en el Estado de ********************, por violación a diversos preceptos constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2023/2018-Ill y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que presenta irregularidades, en virtud que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional doliéndose del requerimiento de pago hecho el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, respecto de las cantidades a que fue condenada a pagar dentro del expediente laboral ********************; sin embargo, es omisa en precisar la fecha de la determinación que originó el citado requerimiento de pago y la autoridad que la emitió, esto es, si fue la Presidenta del Tribunal Local de ********************onciliación y Arbitraje en ******************** en lo individual, o el Pleno de dicho Tribunal. Asimismo, la citada parte quejosa, si bien en su escrito de demanda señala un capítulo de "antecedentes", es omiso en destacar de manera completa los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto que señala como reclamado, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa; es decir, deberá narrar entre otras cosas: Quiénes son las partes materiales dentro del expediente laboral ********************, del que deriva el acto reclamado. Lo que se resolvió en el laudo dictado en dicho expediente laboral; y, El estado procesal que guarda el mencionado expediente laboral. Por tanto, con apoyo en el citado numeral 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DE********************IR VERDAD, cumpla con la obligación que le imponen dichos preceptos y: Precisen la fecha de la determinación que originó el requerimiento de pago de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así como la autoridad que emitió dicho auto, esto es, si fue la Presidenta del Tribunal Local de ********************onciliación y Arbitraje en ******************** en lo individual, o el Pleno de dicho Tribunal; y, Amplíe la narración de los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación. Se apercibe a la parte promovente de que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley de la materia.

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