Síndico Municipal de Mazapil, Zacatecas

Expediente 923/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
923/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Magistrados Integrantes del Tribunal Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Zacatecas
  • Síndico Municipal de Mazapil, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, previsto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la referida Ley, contra el auto dictado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, que en el caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió dentro del presente juicio de garantías, previo desglose que del mismo se deje en autos, con constancia con certificación correspondiente, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.

  2. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICAICIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, previsto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la referida Ley, contra el auto dictado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, que en el caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió dentro del presente juicio de garantías, previo desglose que del mismo se deje en autos, con constancia con certificación correspondiente, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por la quejosa ***********, en su carácter de Síndico Municipal del municipio de Mazapil, Zacatecas, por el que da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete; al respecto, el Juez acuerda: Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, es pertinente señalar que de los antecedentes del acto reclamado narrados por la quejosa, se advierte que los Magistrados integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en acuerdo dictado el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, desecharon el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la parte aquí quejosa; asimismo, que la responsable en cita, en la interlocutoria dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, declaró procedente el incidente de falta de personalidad hecho valer por el representante de la actora (aquí señalada como tercero interesada), donde no tuvo por reconocida la personalidad de la aquí quejosa, dentro del juicio laboral 741/2016. Lo que constituye el acto reclamado. Atendiendo a los destacados actos que en esta instancia constitucional se reclaman, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio laboral 741/2016, que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, así como el diverso acto reclamado emitido en la interlocutoria de veinticinco de septiembre del año en curso, en que la autoridad responsable, declaró procedente el incidente de falta de personalidad promovido por el representante de la actora (aquí señalada como tercero interesada), donde la autoridad señalada como responsable no reconoce personalidad a la aquí quejosa, no constituyen actos en el juicio que tengan sobre la esfera jurídica de la referida representante del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Por consiguiente, no pueden considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. Es el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, los actos reclamados consiste en; el acuerdo dictado por la autoridad responsable el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, que desecho el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la aquí quejosa; así como la interlocutoria de veinticinco de septiembre del año en curso, donde la citada autoridad responsable, declaró procedente el incidente de falta de personalidad promovido por el represente de la actora en el juicio de origen (aquí señalada como tercero interesada), donde no reconoce la personalidad de la aquí quejosa, dentro del juicio laboral 741/2016; es evidente que solo producen efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tienen una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, los actos que se impugnan no reúnen esas características, pues las determinaciones tomadas, son un acto procesal que no tienen una ejecución irreparable, en la medida que, como ya se ha dicho, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías, pues se reclaman el acuerdo dictado por la autoridad señalada como responsable, Magistrados integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la parte aquí quejosa; así como la interlocutoria dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, donde declaró procedente el incidente de falta de personalidad promovido por el representante de la actora (aquí señalada como tercero interesada), donde no reconoce la personalidad de la aquí quejosa, dentro del juicio laboral 741/2016. Lo anterior; es así, porque los actos reclamados no se tratan de la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de determinaciones en las que la responsable le desecha el incidente de nulidad de actuaciones; y, la que declara procedente el incidente de falta de personalidad hecho valer por el representante de la parte actora en el juicio natural, aquí señalada como tercero interesada, que se constituyen en actos procesales subsanables si la promovente del amparo obtiene un laudo favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubieran cometido en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de garantías en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Establecido lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Yesenia Costilla Aguilar, en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, CON EFECTOS DE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por la quejosa ***********, en su carácter de Síndico Municipal del municipio de Mazapil, Zacatecas, por el que da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete; al respecto, el Juez acuerda: Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, es pertinente señalar que de los antecedentes del acto reclamado narrados por la quejosa, se advierte que los Magistrados integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en acuerdo dictado el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, desecharon el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la parte aquí quejosa; asimismo, que la responsable en cita, en la interlocutoria dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, declaró procedente el incidente de falta de personalidad hecho valer por el representante de la actora (aquí señalada como tercero interesada), donde no tuvo por reconocida la personalidad de la aquí quejosa, dentro del juicio laboral 741/2016. Lo que constituye el acto reclamado. Atendiendo a los destacados actos que en esta instancia constitucional se reclaman, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del juicio laboral 741/2016, que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, así como el diverso acto reclamado emitido en la interlocutoria de veinticinco de septiembre del año en curso, en que la autoridad responsable, declaró procedente el incidente de falta de personalidad promovido por el representante de la actora (aquí señalada como tercero interesada), donde la autoridad señalada como responsable no reconoce personalidad a la aquí quejosa, no constituyen actos en el juicio que tengan sobre la esfera jurídica de la referida representante del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituyen una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Por consiguiente, no pueden considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. Es el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, los actos reclamados consiste en; el acuerdo dictado por la autoridad responsable el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, que desecho el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la aquí quejosa; así como la interlocutoria de veinticinco de septiembre del año en curso, donde la citada autoridad responsable, declaró procedente el incidente de falta de personalidad promovido por el represente de la actora en el juicio de origen (aquí señalada como tercero interesada), donde no reconoce la personalidad de la aquí quejosa, dentro del juicio laboral 741/2016; es evidente que solo producen efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tienen una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, los actos que se impugnan no reúnen esas características, pues las determinaciones tomadas, son un acto procesal que no tienen una ejecución irreparable, en la medida que, como ya se ha dicho, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías, pues se reclaman el acuerdo dictado por la autoridad señalada como responsable, Magistrados integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, que desecha el incidente de nulidad de actuaciones, hecho valer por la parte aquí quejosa; así como la interlocutoria dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, donde declaró procedente el incidente de falta de personalidad promovido por el representante de la actora (aquí señalada como tercero interesada), donde no reconoce la personalidad de la aquí quejosa, dentro del juicio laboral 741/2016. Lo anterior; es así, porque los actos reclamados no se tratan de la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de determinaciones en las que la responsable le desecha el incidente de nulidad de actuaciones; y, la que declara procedente el incidente de falta de personalidad hecho valer por el representante de la parte actora en el juicio natural, aquí señalada como tercero interesada, que se constituyen en actos procesales subsanables si la promovente del amparo obtiene un laudo favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubieran cometido en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante de garantías en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Establecido lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Yesenia Costilla Aguilar, en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Mazapil, Zacatecas, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.

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