Sinai Yaraissel Leal García
Expediente 1382/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1382/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sinai Yaraissel Leal García
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio lugar al juicio de amparo indirecto 1382/2019. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por ***********, quejosa en el presente juicio, por medio del cual desahoga en tiempo y forma de acuerdo a la certificación secretarial que antecede, el requerimiento que se le formuló en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 11); por tanto, este órgano jurisdiccional acuerda: Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos de la misma, se advierte de manera categórica que Sinai Yaraissell Leal García, reclama del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos: El proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 30/2017-III, mediante el cual se declaró la caducidad de la instancia y se ordenó el archivo del citado asunto. Atento a lo anterior, el que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la referida Ley, establece: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por sentencias definitivas debe entenderse aquellas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales sentencias definitivas, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que el proveído de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 30/2017-III, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, constituye una resolución que puso fin al juicio en razón de dos cuestiones fundamentales: a) Porque sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, como se advierte de la demanda de amparo, la cual fue formulada bajo protesta de decir verdad; y b) Porque la codificación adjetiva procesal, que es el ordenamiento común que regula el juicio mercantil de donde parte el acto reclamado, no contempla ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado. Lo anterior, es así ya que de acuerdo al artículo 1,339 primer párrafo, del Código de Comercio, son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y en el presente caso se advierte que en el juicio de origen la cuantía de la suerte principal es la de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), precepto legal que para mayor apreciación se transcribe: "Artículo. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. De ahí que la demanda debe ser examinada mediante el juicio de amparo directo por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, en términos del Acuerdo General 72/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Primer Circuito. En tal virtud, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda; por consiguiente, se determina remitir el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes.
- Principal
. A sus autos el escrito firmado por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 10 a 11). Sin embargo, del escrito que se provee no se advierte que haya desahogado en sus términos dicha prevención, ello en razón de que la quejosa S*** no expresó bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Esto, porque la promoción de cuenta la suscribe ****** quien si bien está autorizado en términos amplios con base en el artículo 12 de la Ley de Amparo; ello no le faculta para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad, al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1ª./J.50/2014 (10ª), con número de registro: 2007285, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, libro 9, agosto de 2014, página 210, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". En consecuencia, se tiene por no desahogada la prevención realizada en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, por tanto, notifíquese a la parte quejosa la presente determinación y una vez que fenezca el plazo concedido en dicho proveído, acuérdese lo que en derecho corresponda. .
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