Simon Garcia Carmona

Expediente 915/2008 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2008
Año
2008
Actuaciones
26
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero . .
  • Simon Garcia Carmona
  • SIMON GARCIA CARMONA y Otros.
  • Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado . .

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el acuse de recibo vía correo electrónico de este Juzgado Federal, remitido por el Jefe de Prestamos de Expedientes Judiciales del Depósito Documental del Consejo de la Judicatura Federal, residente en Apizaco, Tlaxcala, con el que se remitió el juicio de amparo 915/2008 de la estadística de este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días concedidos a la parte quejosa, para que se inconformara respecto del proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos, sin que lo haya hecho; en consecuencia, téngasele consintiendo la determinación tomada por este Juzgado Federal y con fundamento en los artículos 105 y 113 de la Ley de Amparo abrogada, se declara firme dicha determinación y se archiva el presente juicio de garantías como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se aprecia que en doce de junio de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del oficio y constancias adjuntas al mismo, firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente asunto, este Juzgado acordaría lo que en derecho procediera. El proveído, se notificó a la parte quejosa de manera personal el catorce de junio de dos mil diecisiete, sin que realizara manifestación alguna, por lo que este Juzgado Federal se pronuncia al respecto y al efecto realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Simón García Carmona, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. Ante lo antes expuesto, es pertinente destacar los siguientes lineamientos: I. Simón García Carmona, por propio derecho, el doce de agosto de dos mil ocho, promovió amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó: ACTO RECLAMADO: ".la negativa de la responsable en cumplimentar el laudo de fecha seis de junio del año en curso" II. En la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, se concedió el amparo bajo las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. El artículo 79 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 116, 147 y 149 del ordenamiento de referencia. [.] Por tanto, para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisa el acto reclamado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. [.] En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye la dilación procesal en que ha incurrido el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad al sustanciar el juicio laboral 608/2007." [.] QUINTO. La parte quejosa aduce que la responsable viola en su perjuicio la garantía de acceso a la justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional, en virtud de que se ha abstenido de dictar las medidas necesarias para cumplimentar del laudo dictado en el expediente laboral 608/2007, de donde emana el acto reclamado. El motivo de disentimiento es fundado, tal como se explica. De las constancias remitidas anexas al informe con justificación, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que, como acertadamente la parte quejosa lo señala, la responsable trastoca lo estatuido en el artículo 17 de la Carta Magna: [.] Ahora bien, en la especie está involucrada la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho del gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos dispuestos por la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, para cabal comprensión del sentido que rige el presente fallo debe tenerse presente la jurisprudencia P./J. 113/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, septiembre de 2001, página 5 (registro IUS 188804), que es del tenor siguiente: [.] Del criterio reproducido derivan las siguientes premisas, en relación con la garantía tutelada por el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, destacadas en cuanto al tema en examen: 1) El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas como su cumplimiento, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. En otras palabras, el derecho fundamental en estudio se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Conforme a lo expuesto, para estar en posibilidad de verificar si la responsable ha incurrido en la omisión y retardo que se le imputa, es necesario atender a las constancias remitidas anexas al informe justificado, así como a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, y de los cuales es de considerarse lo siguiente: I. En seis de noviembre de dos mil siete, el quejoso, demandó en la vía ordinaria laboral diversas prestaciones del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero. II. De dicha demanda correspondió conocer al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, quien formó el expediente 608/2007. III. En veintidós de enero de dos mil ocho, se resolvió incidente de falta de personalidad, promovido por la parte actora incidentista y dejó sin efectos la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, fijada en auto de trece de diciembre de dos mil siete. IV. Por resolución de treinta de mayo de dos mil ocho, se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral natural 608/2007. De lo anterior se tiene que, en el juicio de origen no se han tomado las medidas necesarias para darle continuidad y celeridad al proceso del trabajo conforme lo marcan los normativos 97 y 98 de la Ley 51, que dicen: "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." De los imperativos legales transcritos se pone en evidencia que el Tribunal responsable tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que se cumplimente el laudo dictado. Por lo que es necesario, que en la medida de las circunstancias que rodean el procedimiento, el tribunal laboral se constriña a acatar las disposiciones de Ley relacionadas. Por tanto, de la confronta entre el proceder de la autoridad en el sumario de origen, revelado por la relación de antecedentes y el análisis de lo que comprende la garantía contenía en el artículo 17 constitucional, relativa al derecho de acceso a la justicia, habrá de ser impartida de manera pronta expedita y eficaz, es que, se advierte con toda claridad, que la responsable ha incurrido en retardo procesal injustificado en sus funciones de administrar justicia. Dado que no ha dictado las medidas necesarias a efecto de que se cumpla cabalmente con la ejecución del laudo. En las condiciones apuntadas, procede conceder la protección federal, para el efecto de que la responsable, de inmediato, cumpla con los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y proceda a dar continuidad al trámite indispensable para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. Cabe señalar que la injustificada dilación procesal no sólo produjo la violación de la garantía de acceso a la justicia, sino también irroga como perjuicio dilaciones u omisiones subsecuentes en cuanto al desahogo de las pruebas, lo cual no se trata de actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Por ende, con el fin de respetar el derecho de la parte quejosa a que se le administre justicia por tribunales, de manera pronta y expedita en los plazos y términos que fijan las leyes; los efectos de la presente resolución trascienden a que la responsable, atienda en lo conducente y respecto de las actuaciones futuras que debe realizar, lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley 51. Preceptos normativos que disponen que el Tribunal Laboral tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que se cumpla con la ejecución de laudo. Tiene exacta aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 44/2007 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, página 373 (IUS 172833), que dispone: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, página 528 (registro IUS 172677), que dispone: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." (Fojas 137 a 140 tomo I) III. El efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con la parte considerativa de la sentencia, pues solo de esa forma podrá conocerse cuáles son los actos concretos que la autoridad responsable está obligada a realizar; de ahí que a la expresión ".proceda a dar continuidad al trámite indispensable para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen.", debe dársele contenido en ese contexto. Bajo esta tesitura, el acto reclamado consistió en la dilación procesal en que había incurrido el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al sustanciar el juicio laboral 608/2007. Con base en lo anterior, se advierte que el deber que se consideró fue omitido por la responsable, es el previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que prevé la emisión del mandamiento de ejecución del laudo, esto porque no había dictado las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo de treinta de mayo de dos mil ocho, en autos del expediente laboral 608/2007. Esto, porque la oración: "[.] proceda a dar continuidad al trámite indispensable para dar cumplimiento al laudo", es una frase que si se toma aislada resulta vacía de contenido específico, al no puntualizar la actividad que en concreto debe realizar la autoridad responsable, por ello debe tomarse en el contexto de la ejecutoria ya indicada. Así, resulta que el alcance del efecto de la concesión del amparo debe constreñirse a proveer lo relativo para dar continuidad a la etapa de ejecución del laudo, esto es: Emitir mandamiento de ejecución; y Proveer sobre su cumplimiento. Sin que los efectos de la concesión se puedan extender hacia el cumplimiento total del laudo, porque eso no se concretizó en la sentencia de amparo. En tal contexto se analizará el cumplimiento de la ejecutoria. IV. Acciones realizadas por la responsable. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, efectuó lo siguiente: 1. En cumplimiento del requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional en cinco de noviembre de dos mil ocho (foja 145 y 146 primer tomo), el presidente del tribunal responsable por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil ocho, dictó auto de ejecución del laudo por la cantidad de $1,848,692.97 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 97/100 Moneda Nacional), el cual arrojó un total de $564,911.01 (quinientos sesenta y cuatro mil novecientos once pesos 01/100) a favor del quejoso Simón García Carmona y comisionó al actuario para que en compañía de la parte actora se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera el pago de dicha cantidad, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes (foja 154 tomo I). 2. En atención al requerimiento de pago y embargo realizado por el Actuario adscrito a la autoridad responsable, el veintidós de enero de dos mil nueve, el tribunal laboral ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que retuviera las participaciones presupuestales asignadas al demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, por la cantidad de $1,848,692.97 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 97/100 Moneda Nacional) y una vez lo anterior las depositara ante el tribunal laboral para ser entregadas a los actores del juicio (foja 208 tomo I). 3. En razón que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no cumplió con retener las participaciones presupuestales asignadas al ayuntamiento demandado, por la cantidad de $1,848,692.97 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 97/100 Moneda Nacional) la cual fue embargada, por acuerdo de trece de febrero de dos mil nueve, el tribunal responsable ordenó girar oficio al superior jerárquico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que ordenará la retención de las participaciones presupuestales por la cantidad mencionada y las pusiera a disposición del tribunal laboral (foja 218 tomo I). 4. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil nueve, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, procedió a exhibir los cheques números 3505, 3506, 3507, 3508 y 3509, a nombre de los actores, el primero por $564,911.01, y los cuatro restantes por la suma de $320,945.49 de la Institución Bancaria Santander, cantidades que sumadas dieron un total de $1'848,692.97, cantidad líquida a la que fue condenada la parte demandada (foja 263 tomo I). 5. Mediante comparecencia de veintiocho de abril de dos mil nueve, la parte actora solicitó la entrega de dichos títulos valor y que se continuara con el incidente de liquidación planteado, haciéndose entrega de los cheques antes mencionados a los accionantes (foja 269 tomo I). 6. En proveído de trece de mayo de dos mil nueve (foja 276 primer tomo), este órgano jurisdiccional determinó que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que se encontraba pendiente por resolver el incidente de liquidación promovido por la parte actora en autos del expediente laboral 608/2007, por lo que se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, remitiera las constancias que acreditaran el cumplimiento del fallo protector. 7. Por sentencia interlocutoria de tres de junio de dos mil nueve, se procedió a resolver el incidente de liquidación promovido por la parte actora, el cual se declaró procedente y se condenó a la parte demandada al pago total de $621,582.32, de los cuales al quejoso Simón García Carmona, le correspondió la cantidad de $190,092.72 (fojas 286 a 287 tomo I). 8. En acuerdo de once de agosto de dos mil nueve, la autoridad responsable dictó auto de ejecución y comisionó al actuario adscrito para que en compañía de la parte actora, se constituyera en el domicilio de la parte demandada en cualquier día y hora y la requiriera de pago, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería al embargo de bienes (foja 303 tomo I). 9. En diligencia practicada el veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, se requirió al ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $621,582.32 y debido a su negativa, el actor procedió al embargo de las cantidades correspondientes al impuesto por alumbrado público que percibía el demandado; embargo que fue informado a la Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio correspondiente, a quien se le requirió procediera a retener el monto de la cantidad mencionada y las pusiera a disposición de los actores del juicio laboral de origen (fojas 340 a 342 tomo I). 10. En razón de no haber dado respuesta al oficio que le fue girado a la Comisión Federal de Electricidad, en diverso acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diez, el tribunal responsable, ordenó girar oficio recordatorio, para que dicho organismo manifestara el impedimento legal para no retener las cantidades antes mencionadas (foja 620 tomo I). 11. En tres de noviembre de dos mil nueve (foja 546 primer tomo), este órgano jurisdiccional ordenó enviar el expediente original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, a efecto de sustanciar el incidente de inejecución de sentencia promovido por el apoderado legal de la parte quejosa. 12. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil nueve, se fijó nueva fecha y hora para que el actuario en compañía de la parte actora, se constituyeran en el domicilio del demandado y le requirieran de pago de la cantidad en comento, y se determinó dejar a salvo los derechos del actor para que procediera a embargar los bienes que garantizaran el monto de la condena, dado que las partidas presupuestales federales y estatales que se asignaban al ayuntamiento demandado resultaban inembargables (foja 643 tomo I). 13. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diez, se recibió el incidente de inejecución de sentencia promovido por el solicitante de amparo, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en sesión de quince de abril de dos mil diez, el cual fue declarado sin materia (fojas 730 a 760 romo I). Es pertinente mencionar que en dicha resolución se estableció, en lo que al respecto interesa, lo siguiente: ". CONSIDERANDO: PRIMERO. [.] SEGUNDO. Del análisis de las diversas constancias de autos, relacionadas con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado concluye que el presente incidente de inejecución de sentencia ha quedado sin materia. En efecto, a fin de determinar el alcance del amparo concedido al quejoso Simón García Carmona, por su propio derecho, resulta necesario transcribir la parte considerativa que da sustento a la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el veintinueve de septiembre de dos mil ocho, en el juicio de amparo indirecto número 915/2008-V, en contra de la negativa del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en cumplimentar el laudo de seis de junio de dos mil ocho, emitido dentro del juicio laboral 608/2007, promovido por el propio quejoso y otros, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero. De la ejecutoria referida se admite que a efecto de conceder el amparo solicitado por el quejoso, se estimó en lo que aquí interesa: "Conforme a lo expuesto, para estar en posibilidad de verificar si la responsable ha incurrido en la omisión y retardo que se le imputa, es necesario atender a las constancias remitidas anexas al informe justificado, así como a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, y de los cuales es de considerarse lo siguiente: I.- En seis de noviembre de dos mil siete, el quejoso, demandó en la vía ordinaria laboral diversas prestaciones del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero.- II.- De dicha demanda correspondió conocer al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, quien formó el expediente 608/2007.- III.- En veintidós de enero de dos mil ocho, se resolvió incidente de falta de personalidad, promovido por la parte actora incidentista y dejó sin efectos la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, fijada en autos de trece de diciembre de dos mil siete.- IV.- Por resolución de treinta de mayo de dos mil ocho, se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral natural 608/2007.- De lo anterior se tiene que, en el juicio de origen no se han tomado las medidas necesarias para darle continuidad y celeridad al proceso del trabajo conforme lo marcan los normativos 97 y 98 de la Ley 51 que dicen: [.].- De los imperativos legales transcritos se pone en evidencia que el Tribunal responsable tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que se cumplimente el laudo dictado.- Por lo que es necesario, que en la medida de las circunstancias que rodean el procedimiento, el tribunal laboral se constriñe a acatar las disposiciones de ley relacionadas.- Por tanto, de la confronta entre el proceder de la autoridad en el sumario de origen, revelado por la relación de antecedentes y el análisis de lo que comprende la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, relativa al derecho de acceso a la justicia, habrá de ser impartida de manera pronta expedita y eficaz, es que, se advierte con toda claridad, que la responsable ha incurrido en retardo procesal injustificado en sus funciones de administrar justicia.- Dado que no ha dictado las medidas necesarias a efecto de que se cumpla cabalmente con la ejecución del laudo.- En las condiciones apuntadas procede conceder la protección federal, para el efecto de que la responsable, de inmediato cumpla con los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y proceda a dar continuidad al trámite indispensable para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen.- Cabe señalar que la injustificada dilación procesal no sólo produjo la violación de la garantía de acceso a la justicia, sino también irroga como perjuicio dilaciones u omisiones subsecuentes en cuanto al desahogo de las pruebas, lo cual no se trata de actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza y omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollara con prontitud.- Por ende, con el fin de respetar el derecho de la parte quejosa a que se le administre justicia por tribunales, de manera pronta y expedida en los plazos y términos que fijan las leyes; los efectos de la presente resolución trascienden a que la responsable, atienda en lo conducente y respecto de las actuaciones futuras que debe realizar, lo previsto en los artículos 97 y 98 de la ley 51.- Preceptos normativos que disponen que el Tribunal Labora, tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que se cumpla con la ejecución de laudo.- Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.44/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373 (IUS 172833), que dispone: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. [.].- Asimismo la Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 45/2007, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XXV, Abril de 2007, página 528, No. Registro: 172,677, que dispone: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.". Sentencia que por auto de cinco de noviembre de dos mil ocho, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declaró por el Juez de Distrito, que había causado ejecutoria. Ahora bien de la transcripción realizada en líneas anteriores, se desprende en lo que aquí interesa, que el Juez Primero de Distrito en el Estado, concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de manera inmediata cumpliera con los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, y procediera a dar continuidad al trámite indispensable para dar cumplimento al laudo dictado en el juicio laboral número 608/2007, del índice de la autoridad responsable. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil nueve, el Juez de Distrito tuvo por recibido el oficio 312/2009 de veintidós de enero de ese mismo año, suscrito por el Presidente del Tribunal Laboral responsable, al que anexó copia certificada del acuerdo de esa misma fecha, cuyo contenido en lo que interesa dice: "...En cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha, dictado por este Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el expediente laboral número 608/2007, promovido por los CC. Simón García Carmina y otros, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, me permito enviar el presente oficio a efecto de informarle que las participaciones presupuestales asignadas al Ayuntamiento demandado, han sido embargadas por la cantidad de $1'848,692.97, dado que no dio cumplimiento al requerimiento de pago de fecha doce de diciembre del año pasado, quedando de la siguiente manera: Por cuanto hace al actor C. Simón García Carmona, la cantidad de $564,911.01; por cuanto hace a la actora C. Rosa Isela Ramos Vázquez, la cantidad de $320,945.49; por cuanto hace al actor C. Amadeo Tapia Nazario, la cantidad de $320,945.49; por cuanto hace al C. Fernando Silva Torres, la cantidad de $320,945.49 y por cuanto hace a la actora C. Mariam Jiménez García, la cantidad de $320,945.49. Que sumando dichas cantidades, nos da un total de $1'848,692.97 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.), bajo este orden de ideas, solicito retener y descontar dicha suma, en los términos especificados en el acuerdo en comento para cada uno de los actores, sin perjuicio de los salarios caídos que se sigan generando hasta el cumplimiento total del laudo dictado en el presente juicio, hecho que sea lo anterior, depositarla a la brevedad posible en los términos indicados ante este Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, toda vez que con el mismo se da cumplimiento al requerimiento de pago. Anexando las constancias correspondientes.". Por diverso oficio del dieciséis de febrero de dos mil nueve, emitido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el Juzgado Primero de Distrito, remitió copia certificada, del acuerdo de trece de febrero de dos mil nueve, dictado en el expediente 608/2007, a través del cual el tribunal informó que está realizando las gestiones para dar cumplimiento al laudo dictado en el presente juicio, así como copia fotostática del acuse de recibo ante la oficialía de partes de la Secretaría General de Gobierno. En cumplimiento al acuerdo de trece de febrero pasado, tomando en consideración los efectos del amparo 915/2008-III, emitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, deducido del expediente laboral 608/2007, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado, girará ordenes al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que procediera a dar cumplimiento al oficio número 312/2009, de fecha veintidós de enero del año pasado, para que tuviera a bien retener y descontar la cantidad aludida en el citado acuerdo. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, ordenó dar vista a la parte quejosa, con el oficio antes descrito para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a sus intereses conviniera, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, ese juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil nueve, el Juez Federal tuvo por desahogado el requerimiento de siete de ese mismo mes y año, informado mediante oficio 2613/2009, suscrito por el Presidente del Tribunal del Estado, al que anexó las comparecencias de veintisiete y veintiocho de abril de ese mismo año, llevadas a cabo ante la autoridad responsable, en las que se exhibieron los títulos de crédito a favor de los actores y su recepción de conformidad, por la cantidad para cada uno de ellos asignada, y cuyo texto dice en lo conducente: ".En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las trece horas del día veintisiete de abril del año dos mil nueve, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, comparece el C. Licenciado Delfino Camilo Ramírez, quien dice venir por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quien en este acto se identifica con su credencial expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que lo acredita como Jefe del departamento, de la unidad de asuntos jurídicos de la citada Secretaría quien comparece a depositar ante este Tribunal el cheque de los CC. SIMÓN GARCÍA CARMONA, ROSA ISELA RAMOS VÁZQUEZ, AMADEO TAPIA NAZARIO, FERNANDO SILVA TORRES Y MIRIAM JIMÉNEZ GARCÍA, actor en el expediente laboral número 608/2007, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero.- Acto seguido en uso de la palabra el compareciente, manifiesta lo siguiente: Que en cumplimiento al requerimiento hecho por este Tribunal del Trabajo a nombre de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, me permito exhibir los cheques números 0003505, 0003506, 0003507, 0003508 y 0003509 a nombre de los CC. Simón García Carmona. el primero por la cantidad de $564,911.01 y los cuatro cheques restantes de $320,945.49 respectivamente, todos de fechas veintitrés de abril del año dos mil nueve, de la institución Bancaria Santander, cantidades que sumadas nos da un total de $1'848,692.97, con la que se da cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal del trabajo, en consecuencia solicito se tenga por cumplido el requerimiento efectuado a la Secretaría de Finanzas y Administración. Asimismo solicito que dichos títulos de crédito se guarden en el seguro de este Tribunal Laboral y se de vista a los actores de referencia para que comparezcan a recibir los mismos y expresen lo que a su derecho e intereses convenga y una vez que sean entregados los títulos de crédito que se exhiben, solicito me sean devueltas debidamente firmadas de recibido las pólizas de crédito que se exhiben, solicito me sean devueltas debidamente firmadas de recibido las pólizas de los cheques que se adjuntan, así como las copias de las mismas, credenciales de identificación del beneficiario, solicitando se de cuenta al Juez Primario de Distrito dentro del amparo número 915/2008-III, del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en dicho juicio de garantías, asimismo pido copia certificada por triplicado de la actuación que se levante con motivo de la entrega de los cheques que se exhiben y de la presente actuación.- Acto seguido el Tribunal Acuerda: por hechas las manifestaciones del compareciente por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Téngase en este acto por exhibiendo los cheques que describe en líneas anteriores a nombre de los actores que en los mismos se señalan, dando cumplimiento al requerimiento que le hizo este Tribunal, por lo anterior, se ordena darle vista a los actores para que en cualquier día y hora hábil comparezcan a este Tribunal para que les sean entregados sus cheques, mismos que por el momento se ordena guardarlos en el seguro de valores de este Tribunal, asimismo, se ordena informar del presente al Juzgado Primero de Distrito, en el juicio de amparo número 9155/2008-V, promovido por los actores, por otra parte como lo silicita el compareciente expídasele las copias certificadas bajo su costa y previa razón de recibido.- Del anterior acuerdo, notifíquese personalmente a la parte actora.- Con lo anterior se da por terminada la presente firmando los que en ella intervinieron para su legal y debida constancia.- Doy fe.". "En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas del día veintiocho de abril del dos mil nueve, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, comparece el C. Simón García Carmona, actor en el expediente laboral número 608/2007, promovido en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, compareciente que en este acto se identifica con su credencial para votar expedida por el IFE, se da fe que la fotografía y firma que calza la misma coincide con los rasgos físicos del compareciente, y que en este acto le es devuelta para los efectos legales correspondiente.- Acto seguido, en uso de la palabra, el acto compareciente, manifiesta lo siguiente: Tomando en cuenta la diligencia de fecha veintisiete del mes de abril del año en curso, mediante el cual la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, exhibió el cheque con cargo a la institución Bancaria SANTANDER y que se encuentra girado a nombre del actor, a través del cual dice el compareciente dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este Tribunal del Trabajo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; al respecto manifiesto que teniendo a la vista el referido título de crédito a nombre del compareciente, solicito se me haga entrega del mismo para realizar su cobro salvo buen cobro de éstos. Solicitando se le de continuación al presente expediente respecto al incidente de liquidación planteado, hasta en tanto no se cubra de manera total, todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenado el Ayuntamiento mediante laudo que obra en autos.- Acto seguido, el Tribunal acuerda: Visto lo manifestado por el actor compareciente, en atención a lo solicitado, primeramente se da por notificado del acuerdo de fecha veintisiete de abril del año en curso, corriéndole traslado con una copia simple del mismo a través del cual compareció la Secretaría de Finanzas y Administración a depositar el título de crédito correspondiente para el actor del presente juicio, en este orden de ideas, se ordena extraer del seguro de valores el título de crédito exhibido por la Secretaría de Finanzas, bajo la comparecencia antes aludida, a favor del C. Simón García Carmona, por la cantidad de $564,911.01 y al darle vista de lo anterior, téngasele al mismo por recibido bajo buen cobro, el cheque antes aludido por la cantidad antes especificada, quedando pendiente a resolver en el presente juicio el incidente de liquidación, mismo que se les notificará a las partes en su momento procesal oportuno. Por último devuélvasele la póliza del cheque con tres tantos de la presente, debidamente certificada y una copia fotostática debidamente firmada de recibida de la identificación del actor a la Secretaría de Finanzas, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. Por último, expídasele a la parte compareciente copia debidamente certificada de la presente comparecencia, esto con fundamento en el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo supletorio a la Ley de la materia. Del anterior acuerdo, queda debidamente notificada la parte actora.- Con lo anterior se da por terminada la presente firmando para constancia los que en ella intervinieron.- Doy Fe.". De lo anteriormente reseñado, claramente se advierte que la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto número 915/2008, promovido por Simón García Carmona, por su propio derecho, no ha incurrido en contumacia, sino que conforme a lo ordenado en aquella ejecutoria, la autoridad laboral ha comunicado al Juez Federal las diversas actuaciones tendientes a lograr el eficaz cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, objeto de la concesión del amparo del que deriva el presente asunto, entre las que destacan, la comparecencia del Jefe del departamento, de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a fin de depositar y consignar diversos cheques, entre otros, el número 0003505, por la cantidad de $564,911.01 a favor de Simón García Carmona, coactor en el expediente laboral número 608/2007, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, solicitando el compareciente se tuviera por cumplido el requerimiento efectuado a la Secretaría de Finanzas y Administración, así como se guardara dicho título de crédito en el seguro de ese Tribunal Laboral, debiéndose dar vista a los actores de referencia para que comparecieran a recibir los mismos y expresaran lo que a su derecho e intereses convienen y una vez que fuera entregados los títulos de crédito que se exhibieron, solicitó le fuera debidamente firmadas de recibido las pólizas de los títulos de crédito exhibidos, con las credenciales de identificación del beneficiario, y se diera cuenta al Juez Primero de Distrito, dentro del amparo número 915/2008-III, del cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en dicho juicio de garantías; lo que fue acordado favorablemente por el Tribunal laboral responsable, ordenando dar vista a los actores a efecto de que en cualquier día y hora hábil comparecieran a ese Tribunal para que les fueran entregados sus cheques, mismos que se ordenó guardaran en el seguro de valores de ese Tribunal. Así como la diversa diligencia de veintiocho de abril del dos mil nueve, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, a la que compareció, entre otros, Simón García Carmona, coactor en el expediente laboral número 608/2007, promovido en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, quien previa identificación, manifestó que tomando en cuenta la diligencia de fecha veintisiete de abril de ese año, mediante el cual la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, exhibió el cheque con cargo a la Institución Bancaria SANTANDER y que se encuentra girado a nombre del actor, a través del cual dice el compareciente dar cumplimiento al requerimiento efectuado por ese Tribunal del Trabajo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; a solicitud del actor Simón García Carmona, se le hizo entrega del cheque de marras, salvo buen cobro, también solicitó la continuación del incidente de liquidación hasta el pago total de las prestaciones a las que fue condenado el Ayuntamiento mediante el laudo dictado en autos, lo que fue acordado favorablemente por el Tribunal de Arbitraje responsable, quien ordenó extraer del seguro de valores el título de crédito exhibido por la Secretaría de Finanzas, atento a la comparecencia antes aludida, a favor de Simón García Carmona, por la cantidad de $564,911.01 y al darle vista de lo anterior, se le tuvo por recibido, salvo buen cobro, quedando pendiente a resolver en el juicio laboral el incidente de liquidación, mismo que se les notificaría a las partes en su momento procesal oportuno. En consecuencia, con base a lo antes reseñado, el incidente de inejecución de sentencia a estudio, debe quedar sin materia, pues aun cuando el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, hasta esta fecha no ha consignado la totalidad de las cantidades condenadas a favor del actor y coactores, según incidente de liquidación de tres de junio de dos mil nueve, el que se determinó, por cuanto al quejoso Simón García Carmona, dada la cuantificación de la deficiencia de diversas prestaciones, una suma total de $190,092.72, que tuvo como consecuencia la diversa diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, en la que se trabó formal embargo en los ingresos que recibía el Ayuntamiento demandado, por concepto de alumbrado público, a efecto de garantizar el pago de la suma total de $621, 582.32, pues aun cuando en autos no obra ninguna evidencia que acredite el hecho de que el Ayuntamiento antes citado le hubiese cubierto la totalidad de las prestaciones condenadas; es el caso, que la aludida autoridad responsable, no ha incurrido en contumacia, si se toma en cuenta que esta última ha consignado diversas cantidades a su favor, que demuestran la parcialidad de las sumas de dinero a que se encuentra obligada a cubrir, con lo cual obviamente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no ha incurrido en contumacia, en virtud de que dicha autoridad ha realizado diversas consignaciones de pago a favor del hoy quejoso y coactores; lo cual evidentemente entraña un principio de ejecución del fallo protector, pues dicha autoridad ya efectuó esos actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación, con lo que de ninguna manera se prejuzga sobre el debido cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues la parte quejosa se encuentra en libertad de hacer o no valer los medios de defensa que al respecto establece la Ley de Amparo, ya que la finalidad única de la presente resolución, es determinar que no existe materia para el incidente de inejecución, al haberse acreditado que no existe el incumplimiento de la sentencia amparadora referida, que ameritara la aplicación de lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución General de la República. Cobran aplicación en la especie las jurisprudencias 1ª./J 57/98, 1ª. 1ª./J. 63/2002 y la 1a./J. 82/2004, aprobadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por su orden dicen: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA SUPREMA CORTE QUE NO HA INCURRIDO EN CONTUMACIA [.].". "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO.- [.]". En consecuencia, como antes se dijo, lo procedente es declarar sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia. Por lo expuesto y fundado en los artículos 107 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la Ley de Amparo, y 37 fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción IV, del punto quinto, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio del dos mil uno, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se; resuelve: ÚNICO.- Se declara SIN MATERIA el incidente de inejecución de sentencia" [.] 14. Por oficio presentado por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, el veintiuno de abril de dos mil diez, se informó al tribunal responsable que dicha comisión celebró convenio con el municipio demandado de Cuajinicuilapa, Guerrero y que dicho ayuntamiento tenía un adeudo por la cantidad de $297,722.38 y que con dicho pago del mencionado derecho de alumbrado público no se cubría la totalidad del adeudo mensual que tenía con la Comisión Federal de Electricidad, por adeudo de energía eléctrica, lo que conllevaría a la suspensión del servicio por falta de pago y que por esa razón existía impedimento legal para dar cumplimiento a la solicitado (foja 775 tomo I) 15. Mediante proveído de uno de junio de dos mil diez, se dijo que no podían ser tomadas en cuenta sus manifestaciones, en virtud de no acreditar su personalidad en términos de lo establecido por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; ordenando enviar oficio a la referida Comisión para que se abstuviera de adjudicarse la cantidad embargada por concepto de derecho de alumbrado público, que percibía el ayuntamiento demandado, debiendo depositar ante el tribunal laboral la suma de $621,582.32, en el término de tres días, apercibida que de no hacerlo se procedería aplicar una medida de apremio en términos de lo que dispone el artículo 95 de la Ley 51 del Estado (foja 785 tomo I). 16. En razón que la Comisión Federal de Electricidad, no dio cumplimiento al requerimiento que le fue hecho, en acuerdo de veinte de agosto de dos mil diez, se le impuso una multa por el monto de mil pesos, ordenando girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que hiciera efectiva la multa; enviando nuevamente oficio a la Comisión Federal de Electricidad, para que se abstuviera de adjudicarse la cantidad embargada por concepto de derechos de alumbrado público que percibía el ayuntamiento demandado; debiendo depositar ante el tribunal la cantidad de $621,582.32, en un término de tres días hábiles, apercibido que de no hacerlo se procedería aplicar una medida de apremio, consistente en una multa de mil pesos (foja 802 tomo I). 17. Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil diez, se requirió a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el término de tres días hábiles informara respecto de la cantidad otorgada al ayuntamiento demandado por concepto de derechos de alumbrado público, lo anterior a efecto de poder ampliar el embargo por la cantidad restante, con el apercibimiento de la aplicación de una multa (foja 845 tomo I). 18. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil once, se hizo efectivo en contra de la Comisión Federal de Electricidad, una multa por la cantidad de veinte veces el salario mínimo y requirió nuevamente a dicha Comisión Federal de Electricidad, para que manifestara cuál es la cantidad otorgada al Ayuntamiento de Cuajinicuilapa por concepto de derecho de alumbrado público, a efecto de ampliar el embargo por la cantidad restante (foja 921 tomo II). 19. Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil once, a fin de lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, el tribunal responsable procedió a ampliar el embargo, con fundamento en el artículo 965 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, para que la parte actora procediera a embargar algún otro bien susceptible de embargo y de fácil realización, que garantizara la cantidad a la que fue condenado el demandado, facultando al actuario para practicar la diligencia en cualquier día y hora hábil en que las labores del tribunal lo permitieran, para que en compañía de la parte actora se constituyeran en el domicilio del condenado y lo requirieran de pago por la cantidad de $621,582.32 (fojas 973 tomo II). 20. Mediante diversos proveídos de nueve de agosto y ocho de noviembre ambos de dos mil once, en razón de que no se había llevado a cabo la diligencia de requerimiento de pago y ampliación del embargo al demandado, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo dicha diligencia (fojas 982 y 1024 tomo II). 21. En razón que se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la imposibilidad que tenía el Banco Santander para dar cumplimiento a lo requerido por el órgano laboral, aunada a que se dejó a salvo sus derechos para volver a requerir en cualquier día y hora hábil y en virtud de que no se tuvo respuesta alguna por parte de la actora, en acuerdo de siete de junio de dos mil doce, se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago correspondiente (foja 1072 tomo II). 22. En proveídos de diez de septiembre y veintiséis de noviembre de dos mil doce, dado que no se había llevado a cabo la diligencia de requerimiento de pago, no obstante de estar notificada la parte actora y a efecto de continuar con la ejecución del laudo, se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo el requerimiento de pago, comisionándose a la actuaria para que en compañía de la parte actora practicaran la diligencia (fojas 1075 y 1081 tomo II). 23. En diligencia practicada el veintitrés de enero de dos mil trece, se procedió a requerir de pago al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa, Guerrero, por la cantidad de $621,582.32, y en razón de la negativa a pagar lo condenado, se procedió al embargo de los recursos económicos que percibía el demandado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por concepto de remuneración al trabajo personal y tenencia de vehículos, por el monto de $621,582.32; diligencia con la cual el actuario dio vista al tribunal responsable para que acordara lo que en derecho procediera (fojas 1088 a 1092 tomo II). 24. Ante la imposibilidad para decretar el embargo solicitado por la parte actora, el tribunal responsable dejó a salvo los derechos del accionante para que los hiciera valer en cualquier día y hora hábil (foja 1107 tomo II). 25. Con la finalidad de continuar con la ejecución del laudo, por acuerdos de ocho de julio y once de agosto de dos mil dieciséis, se hicieron efectivos los apercibimientos decretados a la autoridad responsable y se requirió de pago, recalcando el órgano laboral responsable el poco interés de la parte actora, toda vez que desde el ocho de marzo de dos mil trece, fue el último escrito en el cual promovió el impulso de la ejecución del laudo (fojas 1466 y 1492 tomo II). 26. En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó hacer efectivo al ayuntamiento demandado una multa por la cantidad de mil pesos, debido a la negativa a realizar el pago de la condena requerida, se ordenó requerir nuevamente al enjuiciado el pago de la cantidad de $621,582.32, con el apercibimiento de la imposición otra multa por la cantidad de mil pesos, para el caso de incumplimiento y se le dijo además que de seguir persistiendo en su negativa, se le aplicarían otras medidas de apremio diversas, con las cuales se logre el cumplimiento del laudo (1425 tomo II). 27. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, nuevamente se hizo efectivo en contra del ayuntamiento demandado una multa por la cantidad de mil pesos, debido a su incumplimiento, ordenando girar el oficio respectivo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para hacer efectiva la medida de apremio antes ordenada; requiriendo nuevamente al ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $621,582.32, concediéndole para ello un término de cinco días hábiles para que realizara las gestiones correspondientes, a fin de lograr la liberación del pago requerido, con el apercibimiento que en caso de no cumplir se le aplicaría una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en el Estado, como lo establece el artículo 95 de la Ley 51 del Estado reformada (foja 1466 tomo II). 28. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se recibió el incidente de inejecución de sentencia 15/2016, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, el cual fue declarado sin materia (fojas 1561 a 1576 segundo tomo). Es pertinente mencionar que en dicha resolución se estableció, en lo que al respecto interesa, lo siguiente: "Puntualizado lo anterior, cabe reiterar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, exige, como presupuesto para su procedencia, que la autoridad responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación. En ese sentido, debe decirse que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como las diversas autoridades vinculadas con el cumplimiento, se desprende que no se está en el supuesto de que hayan incurrido en abstención total o contumacia, por el contrario sí han realizado actos tendentes a dar cumplimiento parcial a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, es decir, el Tribunal laboral responsable ha realizado parte de los deberes impuestos, como son los siguientes: a) Dictó auto de ejecución del laudo, por la cantidad líquida de $1,848,692.97 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 97/100 moneda nacional) comisionando al actuario para requerir al demandado de su pago. b) Ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que retuviera las participaciones presupuestales asignadas al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, por la cantidad de $1,848,692.97 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 97/100 Moneda Nacional). c) Giró oficio al superior jerárquico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que retuviera las participaciones presupuestales del enjuiciado por la cantidad mencionada y las pusiera a disposición del tribunal laboral. d) Hizo entrega a los actores de los cheques números 3505, 3506, 3507, 3508 y 3509, cuyo monto por los que fueron expedidos, dan un total de $1'848,692.97, cantidad líquida a la que fue condenada el enjuiciado. e) Procedió a resolver el incidente de liquidación promovido por la parte actora, el cual declaró procedente y se condenó al pago total de $621,582.32. f) Determinó dejar a salvo los derechos del actor para que proceda a embargar bienes que garanticen el monto de las condenas, dado que las partidas presupuestales federales y estatales que se asignan al ayuntamiento enjuiciados resultan inembargables. g) Impuso una multa por el monto de mil pesos a la autoridad vinculada Comisión Federal de Electricidad, en razón de que no dio cumplimiento al requerimiento que le fue hecho. h) Hizo efectivo en contra de la Comisión Federal de Electricidad, otra multa hasta por la cantidad de veinte veces el salario mínimo, en términos de lo que establece el artículo 138, fracción I, de la Ley 248 del Estado, y requirió nuevamente a dicha comisión para que manifestara cuál es la cantidad otorgada al Ayuntamiento de Cuajinicuilapa por concepto de derecho de alumbrado público, a efecto de ampliar el embargo por la cantidad restante. i) Facultando al actuario para practicar la diligencia de requerimiento de pago en cualquier día y hora hábil. j) Dado que la parte actora no apersonó ante el tribunal responsable para que en compañía de la actuaria de su adscripción, se llevara a cabo la diligencia de requerimiento de pago, en diversos acuerdos se señaló nueva fecha y hora para que tuviera verificativo el requerimiento de pago al demandado. k) Impuso en contra del ayuntamiento demandado diversas multas por el monto de mil pesos. l) Concedió un término de cinco días hábiles para que el enjuiciado realizara las gestiones correspondientes, a fin de lograr la liberación del pago de las cantidades condenadas, y apercibió con la aplicación de una multa diversa por el monto de doscientos días de salario mínimo vigente. De lo hasta aquí expuesto se colige y reitera que la autoridad responsable ha efectuado actos que trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida, dirigidos a lograr el cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa; lo que demuestra que no existe una actitud contumaz de su parte, esto es, no existe una abstención total que justifique la apertura de un incidente de inejecución, pues han tomado las medidas necesarias para lograr el total cumplimiento del laudo dictado en la controversia laboral de origen. En ese orden de ideas, el tribunal laboral no incurrió en abstención total en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino, por el contrario, llevó a cabo actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación, de ahí que no se advierta una actitud contumaz de ésta para acatar el fallo protector, porque no se observa la falta de cumplimiento en las actuaciones jurisdiccionales que se han venido realizando por la responsable, menos aún existe abstención total de dicha autoridad de obrar en el sentido ordenado por la ejecutoria. A manera de ilustración, se cita el criterio jurisprudencial pronunciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es la siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES INFUNDADO CUANDO TIENE COMO PREMISA DE ORIGEN UN CUMPLIMIENTO PARCIAL TRASCENDENTE A LO EXIGIDO EN EL FALLO DE AMPARO. Si al resolver un incidente de inejecución de sentencia se advierte la existencia de un cumplimiento parcial trascendente a lo exigido, aquél debe declararse infundado, pues si su finalidad es analizar y determinar si existe desacato a la ejecutoria y si este último es inexcusable, de lo cual dependerá el enjuiciamiento a la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la existencia de ese cumplimiento trascendente el incidente de inejecución carece de fundamento constitucional y legal, por lo que el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo, es el medio de impugnación procedente para remediar los vicios de ejecución de la sentencia de amparo" (Registro IUS 161,065, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 127/2011, Página: 1330). En consecuencia, la autoridad responsable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, no incurrió en abstención total en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino, por el contrario, ha llevado a cabo actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación y, por ende, el presente incidente de inejecución resulta infundado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente incidente de inejecución de sentencia." [.] 29. Consecuentemente, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 5322/2017, remitió copia certificada del auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, por el cual declaró la prescripción para ejercitar la ejecución total del laudo de seis de junio de dos mil ocho, por haber transcurrido más de dos años, sin que la parte actora o sus apoderados hayan promovido la continuación o prosecución del juicio, dentro del expediente laboral 608/2007. En tal contexto se analizará el cumplimiento de la ejecutoria. Verificación del cumplimiento. En virtud de lo anterior y analizada que fue la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, se advierte, como se dijo en el párrafo anterior sobre los efectos de la sentencia de amparo esta juzgadora debe darle el contenido que en el contexto le corresponde, esto es, el núcleo esencial de la ejecución de amparo y como se advierte de la narrativa de párrafos precedentes, la autoridad responsable: 1) Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil ocho, dictó auto de ejecución del laudo, por la cantidad de $1,848,692.97 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 97/100 Moneda Nacional) comisionando al actuario para que en compañía de la parte actora se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera del pago de dicha cantidad, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al embargo de su propiedad. 2) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, procedió a exhibir diversos cheques a nombre de los actores, por la cantidad de $564,911.01 y $320,945.49 a nombre de los actores, el primero por $564,911.01, y los cuatro restantes por la suma de $320,945.49 de la Institución Bancaria Santander, cantidades que sumadas dieron un total de $1'848,692.97, cantidad líquida a la que fue condenada la parte demandada; y mediante comparecencia de veintiocho de abril de dos mil nueve, los actores solicitaron la entrega de dichos títulos valor, así como que se continuara con el incidente de liquidación planteado, haciéndose entrega de los cheques antes mencionados. 3) Por sentencia interlocutoria de tres de junio de dos mil nueve, se procedió a resolver el incidente de liquidación promovido por la parte actora, el cual se declaró procedente y se condenó al pago total de $621,582.32. 4. En diligencia practicada el veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, se requirió al ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $621,582.32, y debido a su negativa, el actor procedió al embargo de las cantidades correspondientes y se giró oficio a la Comisión Federal de Electricidad, requiriéndole procediera a retener el monto de la cantidad mencionada y las pusiera a disposición de los actores del juicio de origen. 5).- En acuerdos de dieciocho de septiembre, diecisiete de mayo y ocho de julio de dos mil dieciséis, hizo efectivas en contra del ayuntamiento demandado una multa por la cantidad de mil pesos cada una, debido a su incumplimiento, ordenando girar el oficio respectivo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para hacer efectivas las medidas de apremio mencionadas; requiriendo nuevamente al ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $621,582.32, concediéndole para ello un término de cinco días hábiles para que realizara las gestiones correspondientes, a fin de lograr la liberación del pago requerido, con el apercibimiento que en caso de no cumplir se le aplicaría una nueva multa de doscientos días de salario mínimo vigente en el Estado, como lo establece el artículo 95 de la Ley 51 del Estado reformada 6) La autoridad responsable mediante oficio 5322/2017, remitió copia certificada del auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, por el cual declaró la prescripción para ejercitar la ejecución total del laudo de seis de junio de dos mil ocho, por haber transcurrido más de dos años, sin que la parte actora o sus apoderados hayan promovido la continuación o prosecución del juicio, dentro del expediente laboral 608/2007. Luego, confrontado con los efectos y alcances del amparo concedido a la parte quejosa, muestra que la sentencia de amparo está cumplida, dado que el tribunal responsable no paralizó la ejecución del laudo, combatiendo el estado de inactividad en que se encontraba cuando se promovió el juicio de amparo. Por tanto, es factible que la sentencia está cumplida. Lo anterior es así, porque al momento de dictarse la sentencia de amparo, aún no se habían cumplido los puntos a que se hizo mención en la narrativa del presente acuerdo, lo que evidenciaba la dilación en la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen. 4.- Conclusión. La sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el numeral 105, de la Ley de Amparo abrogada, dese vista a la parte quejosa por el término de CINCO DÍAS, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento dado; de no existir inconformidad se ordenará el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de junio de dos mil diecisiete. Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, por el cual declaró prescrita la ejecución del laudo de seis de junio de dos mil ocho, dentro del juicio laboral 608/2007, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con el oficio de cuenta y constancias anexas al mismo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia del oficio y las constancias adjuntas al mismo; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano