Simón Pérez Huerta

Expediente 522/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
522/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
01/07/2015

Partes del expediente

  • Simón Pérez Huerta

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS LA COPIA CERTIFICADA DE LA EJECUTORIA DE DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, POR EL CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS QUE ORIGINO EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EN TAL VIRTUD DICHO ACUERDO HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AGRARIO 1064/2012-14 Y SU ACUMULADO A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de mayo de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo indirecto 238/2015-III; así como el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, de los autos que conforman el juicio de amparo indirecto 238/2015-III, se advierte que mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el resolutivo TERCERO determinó lo siguiente: "TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia constitucional, remítase el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en Turno, con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para el efecto de que tenga a bien confirmar o revocar la presente determinación de incompetencia.". Así las cosas, el diecinueve de mayo del año actual, dicha ejecutoria causó estado, motivo por el cual se remitieron los autos del juicio de garantías subyacente al Tribunal Colegiado en Turno, con residencia en esta ciudad capital, a fin de resolver lo concerniente al acto reclamado que hizo consistir el quejoso Simón Pérez Huerta, relativo a la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, en el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14; consecuentemente, tocó su conocimiento por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se confirma la resolución del juez constitucional y este tribunal federal se avoca al conocimiento de dicho asunto. Cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Simón Pérez Huerta, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- C. LICENCIADA MARÍA EUGENIA CAMACHO ARANDA MAGISTRADA DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE CUAUHTEMOC NÚMERO 606 LETRA B EN ESTA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO.__ IV. ACTO RECLAMADO.- LO CONSTITUYE LO ACTUADO Y RESULETO EN EL EXPEDIENTE 1064/2012-14 Y SU ACUMULADO 297/2013-14, EN EL QUE SE DICTÓ RESOLUCIÓN EN FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2014, YA QUE EXISTIÓ UN INDEBIDO EMPLAZAMIENTO Y UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS AL MOMENTO DE RESOLVER EL PRESENTE JUICIO, EL CUAL REALIZÓ EN FORMA INDEBIDA EL 16 DE MAYO DEL AÑO 2013 Y EN VIRTUD DE NO HABERME EMPLAZADO LEGALMENTE EN MI DOMICILIO PARTICULAR, Y LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS ES LA RAZÓN LEGAL POR LA CUAL DEMANDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL AL HABERME VIOLADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, Y DE QUE EL TERCERO INTERESADO PRETENDE ARROGARSE DERECHOS QUE LEGALMENTE NO LE CORRESPONDEN.". Luego, de los autos que integran el expediente 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, mismos que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que Adriana Catalina Carrasco Ortega, demandó de Simón Pérez Huerta y otros, la nulidad de diversos contratos. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en los autos del expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, emitió la correspondiente resolución que hoy se combate, en la cual se determinó: "(.) SEXTO.- Este Tribunal Agrario estima que resultan fundadas las acciones de nulidad ejercitadas por la actora ADRIANA CATALINA CARRASCO ORTEGA, respecto de los contratos de compraventa fechados el veinte de julio de dos mil once y diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, celebrados entre los codemandados FILEMÓN CARRASCO PÉREZ y SIMÓN PÉREZ HUERTA, solo por lo que hace a las parcelas identificadas en el poblado de "Tepetates", Municipio de Apan, Hidalgo, con los números 95 y 127 Z-1 P1/2, no así respecto a los derechos sobre las tierras de uso común, por no estar estos contemplados en la hipótesis del artículo 80 de la Ley Agraria. Lo anterior en virtud de que la actora acreditó con su acta de nacimiento glosada a folio 11 del sumario, ser hija del enajenante FILEMÓN CARRASCO PÉREZ, y que nació el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta. Por lo tanto, los contratos de referencia violentaron en su perjuicio el derecho del tanto, por la falta de notificación previa del propósito del titular de enajenar sus parcelas, requisito de validez previsto en el artículo 80 de la Ley Agraria, toda vez que al tener la mayoría de edad al momento de que los mismos adquirieron fecha cierta debido a su ratificación ante notario público, veintinueve de septiembre de dos mil once y diecinueve de mayo de dos mil cuatro, según certificaciones en copia autorizada y original a folios 52 y 76 del expediente 1064/2012-14, estuvo en aptitud legal, previa notificación, de ejercitar el referido derecho.". En mérito de lo anterior, se resolvió en los siguientes términos: "(.) PRIMERO: En el expediente 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, se declaran fundadas las acciones de nulidad ejercitadas por ADRIANA CATALINA CARRASCO ORTEGA, al haber acreditado parcialmente sus extremos y el codemandado SIMÓN PÉREZ HUERTA, no demostró sus excepciones y defensas, atento a lo razonado en las considerandos quinto y sexto de esta resolución.". Inconforme con dicha resolución, Simón Pérez Huerta, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En ese tenor, de lo anteriormente relatado, se evidencia que el acto reclamado lo constituye la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en la que resolvió declarar fundadas las prestaciones reclamadas consistentes en las acciones de nulidad de contratos de compraventa de derechos parcelarios; en mérito de lo anterior, dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio, pues en contra del fallo en comento, procede el recurso de revisión en términos del numeral 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9º, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por la cual puede ser modificada, revocada o confirmada; medio de impugnación que no fue interpuesto por el hoy quejoso Juan Alberto Salinas Ramírez, como se advierte de los autos que conforman el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 170/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1138, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. CASOS EN QUE PROCEDE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE UNA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y DE UN ACTO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL QUE ES CONSECUENCIA DE LO DECIDIDO POR AQUÉLLA.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que: 1) El recurso de revisión previsto en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios es un medio de defensa extraordinario, pues normalmente las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios son definitivas; 2) Si en la sentencia de primera instancia se resuelve sobre dos o más acciones procede el recurso de revisión cuando al menos una de ellas encuadre en alguno de los supuestos de las fracciones I, II o III del mencionado artículo 198; 3) Las asambleas ejidales no son autoridades agrarias; y, 4) El Registro Agrario Nacional sí lo es. Conforme a estas premisas, si en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se resuelve, por un lado, sobre la nulidad de una asamblea general de ejidatarios y, por otro, sobre la nulidad de un acto del Registro Agrario Nacional que es consecuencia de lo decidido por la asamblea, es improcedente el recurso de revisión por lo que toca al acto de ésta. En cambio, con fundamento en los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede ese medio de defensa contra el acto del Registro siempre y cuando se impugne por vicios propios, es decir, cuando se refiera al incumplimiento, por parte del Registro, de las obligaciones que la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional imponen al propio órgano y a sus funcionarios. De esta forma, es improcedente el recurso si el acto del Registro se reclama sólo como una mera consecuencia de la determinación de la asamblea.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en los autos del expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, promovida por Adriana Catalina Carrasco Ortega, se concluye que en contra de dicha sentencia procede el recurso de revisión en términos del numeral 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9º, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por la cual puede ser modificada, revocada o confirmada; medio de impugnación que no fue interpuesto por el hoy quejoso Simón Pérez Huerta, como se advierte de los autos que conforman el expediente agrario 153/2012-14; y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Simón Pérez Huerta, en contra de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En el momento procesal oportuno, devuélvanse los autos remitidos a su lugar de origen y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo indirecto 238/2015-III; así como el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, de los autos que conforman el juicio de amparo indirecto 238/2015-III, se advierte que mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el resolutivo TERCERO determinó lo siguiente: "TERCERO. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia constitucional, remítase el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en Turno, con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para el efecto de que tenga a bien confirmar o revocar la presente determinación de incompetencia.". Así las cosas, el diecinueve de mayo del año actual, dicha ejecutoria causó estado, motivo por el cual se remitieron los autos del juicio de garantías subyacente al Tribunal Colegiado en Turno, con residencia en esta ciudad capital, a fin de resolver lo concerniente al acto reclamado que hizo consistir el quejoso Simón Pérez Huerta, relativo a la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, en el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14; consecuentemente, tocó su conocimiento por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se confirma la resolución del juez constitucional y este tribunal federal se avoca al conocimiento de dicho asunto. Cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Simón Pérez Huerta, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- C. LICENCIADA MARÍA EUGENIA CAMACHO ARANDA MAGISTRADA DEL H. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, CON DOMICILIO EN LA CALLE DE CUAUHTEMOC NÚMERO 606 LETRA B EN ESTA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO.__ IV. ACTO RECLAMADO.- LO CONSTITUYE LO ACTUADO Y RESULETO EN EL EXPEDIENTE 1064/2012-14 Y SU ACUMULADO 297/2013-14, EN EL QUE SE DICTÓ RESOLUCIÓN EN FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2014, YA QUE EXISTIÓ UN INDEBIDO EMPLAZAMIENTO Y UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS AL MOMENTO DE RESOLVER EL PRESENTE JUICIO, EL CUAL REALIZÓ EN FORMA INDEBIDA EL 16 DE MAYO DEL AÑO 2013 Y EN VIRTUD DE NO HABERME EMPLAZADO LEGALMENTE EN MI DOMICILIO PARTICULAR, Y LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS ES LA RAZÓN LEGAL POR LA CUAL DEMANDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL AL HABERME VIOLADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, Y DE QUE EL TERCERO INTERESADO PRETENDE ARROGARSE DERECHOS QUE LEGALMENTE NO LE CORRESPONDEN.". Luego, de los autos que integran el expediente 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, mismos que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que Adriana Catalina Carrasco Ortega, demandó de Simón Pérez Huerta y otros, la nulidad de diversos contratos. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en los autos del expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, emitió la correspondiente resolución que hoy se combate, en la cual se determinó: "(.) SEXTO.- Este Tribunal Agrario estima que resultan fundadas las acciones de nulidad ejercitadas por la actora ADRIANA CATALINA CARRASCO ORTEGA, respecto de los contratos de compraventa fechados el veinte de julio de dos mil once y diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, celebrados entre los codemandados FILEMÓN CARRASCO PÉREZ y SIMÓN PÉREZ HUERTA, solo por lo que hace a las parcelas identificadas en el poblado de "Tepetates", Municipio de Apan, Hidalgo, con los números 95 y 127 Z-1 P1/2, no así respecto a los derechos sobre las tierras de uso común, por no estar estos contemplados en la hipótesis del artículo 80 de la Ley Agraria. Lo anterior en virtud de que la actora acreditó con su acta de nacimiento glosada a folio 11 del sumario, ser hija del enajenante FILEMÓN CARRASCO PÉREZ, y que nació el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta. Por lo tanto, los contratos de referencia violentaron en su perjuicio el derecho del tanto, por la falta de notificación previa del propósito del titular de enajenar sus parcelas, requisito de validez previsto en el artículo 80 de la Ley Agraria, toda vez que al tener la mayoría de edad al momento de que los mismos adquirieron fecha cierta debido a su ratificación ante notario público, veintinueve de septiembre de dos mil once y diecinueve de mayo de dos mil cuatro, según certificaciones en copia autorizada y original a folios 52 y 76 del expediente 1064/2012-14, estuvo en aptitud legal, previa notificación, de ejercitar el referido derecho.". En mérito de lo anterior, se resolvió en los siguientes términos: "(.) PRIMERO: En el expediente 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, se declaran fundadas las acciones de nulidad ejercitadas por ADRIANA CATALINA CARRASCO ORTEGA, al haber acreditado parcialmente sus extremos y el codemandado SIMÓN PÉREZ HUERTA, no demostró sus excepciones y defensas, atento a lo razonado en las considerandos quinto y sexto de esta resolución.". Inconforme con dicha resolución, Simón Pérez Huerta, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En ese tenor, de lo anteriormente relatado, se evidencia que el acto reclamado lo constituye la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en la que resolvió declarar fundadas las prestaciones reclamadas consistentes en las acciones de nulidad de contratos de compraventa de derechos parcelarios; en mérito de lo anterior, dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio, pues en contra del fallo en comento, procede el recurso de revisión en términos del numeral 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9º, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por la cual puede ser modificada, revocada o confirmada; medio de impugnación que no fue interpuesto por el hoy quejoso Juan Alberto Salinas Ramírez, como se advierte de los autos que conforman el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 170/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1138, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. CASOS EN QUE PROCEDE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE UNA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y DE UN ACTO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL QUE ES CONSECUENCIA DE LO DECIDIDO POR AQUÉLLA.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que: 1) El recurso de revisión previsto en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios es un medio de defensa extraordinario, pues normalmente las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios son definitivas; 2) Si en la sentencia de primera instancia se resuelve sobre dos o más acciones procede el recurso de revisión cuando al menos una de ellas encuadre en alguno de los supuestos de las fracciones I, II o III del mencionado artículo 198; 3) Las asambleas ejidales no son autoridades agrarias; y, 4) El Registro Agrario Nacional sí lo es. Conforme a estas premisas, si en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se resuelve, por un lado, sobre la nulidad de una asamblea general de ejidatarios y, por otro, sobre la nulidad de un acto del Registro Agrario Nacional que es consecuencia de lo decidido por la asamblea, es improcedente el recurso de revisión por lo que toca al acto de ésta. En cambio, con fundamento en los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede ese medio de defensa contra el acto del Registro siempre y cuando se impugne por vicios propios, es decir, cuando se refiera al incumplimiento, por parte del Registro, de las obligaciones que la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional imponen al propio órgano y a sus funcionarios. De esta forma, es improcedente el recurso si el acto del Registro se reclama sólo como una mera consecuencia de la determinación de la asamblea.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en los autos del expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14, promovida por Adriana Catalina Carrasco Ortega, se concluye que en contra de dicha sentencia procede el recurso de revisión en términos del numeral 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9º, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por la cual puede ser modificada, revocada o confirmada; medio de impugnación que no fue interpuesto por el hoy quejoso Simón Pérez Huerta, como se advierte de los autos que conforman el expediente agrario 153/2012-14; y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Simón Pérez Huerta, en contra de la sentencia de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, con residencia en esta ciudad capital, en el expediente agrario 1064/2012-14 y su acumulado 297/2013-14. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En el momento procesal oportuno, devuélvanse los autos remitidos a su lugar de origen y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local. NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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