Simón Pacheco Velasco representante común de los quejosos

Expediente 811/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
811/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Simón Pacheco Velasco representante común de los quejosos

Actuaciones

  1. Principal

    (notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la primera certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental y destino. Este asunto es considerado de relevancia documental y se conservará en este Juzgado en su integridad en original, pues se ubica en el supuesto previsto en la fracción X del artículo 15 del Acuerdo General en comento. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General citado, se determina que este juicio de amparo es conservable íntegramente; y en su oportunidad, una vez transcurrido el plazo de tres años, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la judicatura Federal. Devolución anexos Por otra parte, del inciso III) de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obran documentales originales, mismos que se acompañaron al escrito inicial de demanda. Por ello, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger las aludidas documentales, previa foja de sustitución que se deje en autos. Apercibida que de hacer caso omiso dentro del término concedido, una vez transcurrido el plazo de tres años de haberse ordenado el archivo del expediente como asunto concluido, sin ulterior acuerdo, será transferido íntegramente al depósito documental que sea designado por la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    (notificación por medio de lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés y turnada físicamente a este órgano jurisdiccional, el mismo día, que promovió: No. Quejosos * * * * * * * * * * Contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 811/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En el caso, el escrito de demanda, carece de firma autógrafa, huella digital o firma electrónica, de las personas de nombre * * * * * * * * y * * * * * * * * * por lo que es indudable que no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese sentido, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En ese contexto, se destaca que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; entonces, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Esto es así, pues se reitera, el escrito de demanda que se presentó mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, carece de firma de los promoventes * * * * * * * y * * * * * * * * ya que únicamente se observa las firmas de los diversos quejosos ahí enlistados. Bajo ese tenor, es de precisar que la firma es el signo gráfico, material, eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, esto es, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido; de ahí, que la falta de ese signo gráfico tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6o. de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular, a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente; y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional es presentando la demanda de amparo externando su voluntad, signando y respaldando lo ahí contenido. Bajo tal premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. En ese sentido, cobra aplicación el contenido de la jurisprudencia 2 a . / J . 32 / 2011 ( 10 a .), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3632, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA», pues es claro que dicha circunstancia fue constatada y asentada tanto por la oficina de correspondencia común como por la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en el caso, también se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que los restantes quejosos carecen de interés jurídico y legítimo para promover este juicio de amparo y acumulados. Para demostrar lo anterior, es pertinente hacer un breve relato de los siguientes antecedentes del acto reclamado. 1. Juicio agrario. El dos de febrero de dos mil dieciséis, el Comisariado de Bienes Comunales de * * * * * * * * * demandó del poblado de * * * * * * * * * las siguientes prestaciones: a) El reconocimiento y respeto a la línea limítrofe entre la Comunidad de * * * * * * * * * y * * * * * * * * * * * misma que se encuentra señalada en nuestro plano definitivo y el derivado del programa FANAR (Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar) y que va de la mojonera * * * * * * * * * pasando por la mojonera * * * * * * * * hasta la mojonera * * * * * * * * b) Como consecuencia de la procedencia de la pretensión anterior condenar a la demanda (sic) comunidad de * * * * * * * * a la entrega real y material de las tierras comunales que indebidamente están invadiendo a nuestra representada comunidad de * * * * * * * en una superficie aproximada de * * * * * * * hectáreas; superficie que se encuentra de la línea limítrofe antes descrita hacia adentro de nuestras tierras, como se aprecia del plano ilustrativo que se agrega a la presente, medidas que serán perfeccionadas con la prueba pericial en topografía, o trabajos técnicos topográficos que en su caso ordene este tribunal." Dicha demanda fue radicada ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, bajo el número de expediente ********************. En audiencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, desahogada en el juicio agrario de origen, la comunidad actora ratificó su escrito inicial de demanda; y, por su parte, la comunidad demandada de * * * * * * * * dio contestación a la demanda por conducto de su Comisariado de Bienes Comunales y reconvino a la parte actora. Seguidas las secuelas procesales, en sentencia de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio agrario ********************, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, resolvió: "PRIMERO. En el juicio principal la comunidad de * * * * * * * * probó los hechos constitutivos de su acción, y la demanda no justificó las defensas y excepciones que opuso; en consecuencia se condena a la comunidad de * * * * * * a: 1. Que respete los límites establecidos en el plano definitivo de * * * * * * * que comprende las mojoneras: * * * * * * * * 2. Que restituya a la comunidad de * * * * * * * la superficie de * * * * * * * * hectáreas, que fue materia del litigio en el presente juicio, misma que quedó identificada en el plano visible a foja 705 de autos. SEGUNDO. En el Juicio reconvencional, la comunidad de * * * * * * * * * no probó los hechos constitutivos de su acción, en consecuencia se absuelva a la comunidad de * * * * * * * * * * al Delegado del Registro Agrario Nacional en el estado de Oaxaca; y al Residente de la Residencia Centro de la Procuraduría Federal Agraria, Delegación Oaxaca, de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas en esta vía. [.]" 2. Juicio de amparo indirecto. Este juzgado de Distrito invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que ante este propio órgano jurisdiccional, la referida comunidad promovió el diverso juicio de amparo * * * * * * * en el cual reclamó: "En su carácter de ORDENADORA: 1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Y, como EJECUTORA: 2. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito veintiuno, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Los siguientes actos: "IV. ACTO RECLAMADO O ACTOS RECLAMADOS. De la Autoridad ordenadora reclamo: A) Todos los acuerdos CITACIONES Y RESOLUCIONES dictadas en el juicio agrario ********************, relativo a la acción sobre conflicto por límite, que promovió la Comunidad de * * * * * * * * * * * * en contra de nuestro núcleo comunal de * * * * * * * * y QUE SE CONTINÚO SIN QUE HAYAMOS SIDO OIDOS NI VENCIDOS en juicio, por tanto, se siguió en franca contravención de las formalidades esenciales del procedimiento, A PARTIR DE LA FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, pues en esta fecha los suscritos entramos en funciones como nuevos integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de * * * * * * * * B) También señalo, como acto reclamado la resolución dictada el cinco de febrero de dos mil diecinueve en el expediente número ********************, mediante la cual se resuelve el conflicto por límite que promovió la comunidad de * * * * * * * * * por conducto de su comisariado de bienes comunales, en contra de nuestro núcleo comunal de * * * * * * * * * Y QUE NO NOS FUE NOTIFICADA EN TÉRMINOS DE LEY, AL ACTUAL COMISARIADO EN FUNCIONES. C) La violación al derecho de propiedad y posesión de las tierras que tienen los pueblos indígenas y que tradicionalmente hemos venido ocupado. D) La violación a nuestros derechos procesales, relativo al derecho de intervenir en la secuela procesal con el objeto de aportar pruebas, presentar alegatos y en términos generales a ser oídos y vencidos en juicio." De la autoridad ejecutora reclamo: A) La falta de notificaciones requerimientos y citaciones que se hayan realizado con posterioridad A PARTIR DE LA FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, dentro del juicio agrario aludido, MISMO QUE SE SIGUIÓ SIN QUE HAYAMOS SIDO OÍDOS NI VENCIDOS, pues en esta fecha los suscritos entramos en funciones como nuevos integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de * * * * * * * * * * * * B) Desde luego, que de la autoridad ejecutora, Actuario Adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, Oaxaca, llevador y encargado de efectuar las diligencias del expediente ********************, relativo a la acción sobre conflicto por límite, que promovió la comunidad de * * * * * * * * por conducto de su Comisariado de Bienes Comunales, en contra de nuestro núcleo comunal de * * * * * * * * reclamo LA ILEGAL NOTIFICACIÓN, REALIZADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, en el expediente ******************** del juicio antes precisado y que supuestamente realizó al abogado de la parte demandada (comisariado de bienes comunales de * * * * * * * * * *). C) La violación a nuestros derechos procesales, relativos al derecho a ser notificados." En dicho juicio de amparo * * * * * * * * el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la cual, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto en relación a los actos competencia de este juzgado de Distrito, entre otros actos, la notificación de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. La razón de sobreseer en el juicio, consistió en que la comunidad quejosa ya había promovido ante la responsable un incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue resuelto el veinticinco de abril de dos mil diecinueve; con lo cual sobrevino un cambio de situación jurídica. Asimismo, en la propia sentencia se declaró la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto en la vía indirecta, por lo que respecta a la sentencia dictada en el juicio agrario ********************. Asunto del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, donde se registró con el número * * * * * * * * y por acuerdo de Presidencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó desechar la demanda de amparo directo por no haberse agotado el recurso de revisión en materia agraria. 3. Nuevo juicio de amparo. De igual manera, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo * * * * * * * * del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, promovido por * * * * * * * * * presidente, secretaria y tesorero, respectivamente del Comisionado de Bienes Comunales de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, contra la sentencia de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente agrario ********************; juicio que, en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, fue desechado. Ahora bien, en el escrito inicial de demanda, los quejosos manifiestan que: ".PRIMERO. Los hoy quejosos somos ciudadanas y ciudadanos indígenas campesinos pertenecientes al municipio y comunidad indígena de * * * * * * * * y a la vez somos legítimos poseedores de fracciones de terrenos comunales de cultivo y de conservación ubicados en diversos parajes denominados * * * * * * * * * los cuales tenemos el conocimiento están ubicados dentro de los terrenos comunales de la * * * * * * * * *, lo anterior lo comprobamos con las copias de nuestras credenciales de elector y las constancias de posesión originales que fueron emitidas por el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales y el Presidente del Consejo de Vigilancia. SEGUNDO. Teníamos conocimiento de que existía un juicio agrario que había promovido la comunidad de * * * * * * * * *, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pero nunca tuvimos conocimiento de la finalización de dicho juicio o de alguna Sentencia que hubiera ya terminado el juicio. TERCERCO (SIC). Con fecha domingo seis de agosto en una Asamblea General de Comuneros nuestros representantes agrarios nos informaron que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 ya había ejecutado una sentencia de fecha cinco de febrero de 2019, que favoreció a la Comunidad de San Pedro Cholula y que estaba afectando nuestros terrenos ya que la ejecución de la Sentencia, dictada dentro del expediente con el número ******************** del índice de dicho Tribunal Agrario del Distrito 21, había sido ejecutada sin citación de la parte afectada y sin haber tenido los hoy quesos la ejecución de la misma y que el plano topográfico adjunto al acta de ejecución PRETENDE UBICAR E IDENTIFICAR LA SUPERFICIE QUE RECLAMA LA comunidad de san pedro cholula COMO DE SU PROPIEDAD, pero dicha ejecución y el plano topográfico, Abarcaron los parajes denominados* * * * * * * * * en donde TENEMOS, LOS HOY QUEJOSOS, terrenos de cultivo en LEGITIMA POSESIÓN, con lo cual la ejecución de dicha sentencia está AFECTANDO NUESTROS DERECHOS sobre nuestros terrenos, ya que los suscritos quejosos no abandonaremos ni dejaremos dichos terrenos en favor de la comunidad de San Pedro Cholula, por lo que puede haber enfrentamientos con el tercer perjudicado." Luego, en cuanto a los antecedentes señalados por los quejosos y quejosas, son coincidentes en señalar que son legítimos poseedores de fracciones de terrenos comunales de cultivo y de conservación ubicados en diversos parajes denominados * * * * * * * * * *, los cuales están ubicados dentro de los terrenos comunales de la Comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, municipio de su mismo nombre, Estado de Oaxaca. Los quejosos refieren que en Asamblea General de Comuneros de seis de agosto pasado, fueron informados que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 ya había ejecutado una sentencia de fecha cinco de febrero de 2019, que favoreció a la Comunidad de San Pedro Cholula y que estaba afectando los terrenos que dicen tener en legítima posesión. Precisado lo anterior, como se adelantó, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del artículo transcrito se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la ley. A su vez, el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo solo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. También de los artículos transcritos se infiere que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: 1) La que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y 2) La que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo. En ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), es requisito indispensable que quien promueva el juicio de amparo sea la parte que resienta el agravio causado por el acto de autoridad, es decir, que la lesión de la autoridad sea personal y directa, o en el caso del interés legítimo, contar un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados; por tanto, en el primer caso es indispensable demostrar que tal afectación es directa en los derechos del quejoso y en la segunda, es indefectible para acreditar la titularidad del interés legítimo que se acredita la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, conforme a su "especial situación frente al orden jurídico" cuya materialización exige que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le reconozca un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Pues de no ser así, no se evidenciaría el modo en que la reclamación le beneficia ni cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado, derivando en un control de legalidad abstracto sobre un acto, sin lograr un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Encuentra sustento lo anterior, la jurisprudencia número P . / J . 50 / 2014 ( 10 a .), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007921, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Además, conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5 de la ley de la materia, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. En otras palabras, el promovente debe demostrar al juez constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en sus derechos, en caso contrario, el juicio sería improcedente por aplicación de la condición prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, lo que daría lugar a su sobreseimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII . 1 o . ( VIII Región) J / 4 ( 10 a .), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página mil ochocientos siete, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2003293, que establece: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En el caso, los quejosos carecen de interés jurídico y legítimo para acudir a este juicio de amparo, por las razones que se exponen a continuación: En primer término, desde el ámbito del derecho agrario, los quejosos no cuentan con legitimación para promover juicio de amparo a favor del núcleo agrario al que pertenecen. Los quejosos refieren que son posesionarios de terrenos que se encuentran inmersos en las tierras pertenecientes a la Comunidad de * * * * * * * * * y que dicha calidad la acreditan con las constancias de posesión expedidas a su favor por los Presidentes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de dicha Comunidad Agraria. Ahora bien, es así ya que el artículo 27, fracción VII, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Art. 27. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En tanto que los artículos 32, 33 y 99, de la Ley Agraria, establecen "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios: III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido; Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." Como puede advertirse, el legislador fue puntual al prever que la representación de los ejidos y comunidades, incluso con facultades propias de un apoderado general para pleitos y cobranzas, recae única y exclusivamente en el comisariado ejidal o en el comisariado de bienes comunales, según el caso, no así en algún otro órgano del ejido ni en los integrantes del núcleo agrario en lo particular. Pues estimar lo contrario, implicaría restarle al comisariado ejidal sus funciones y facultades, y tratar a las tierras comunales, sobre las que ejerce el dominio, con lo que se podría fragmentar la institución de la comunidad. De modo que si los artículos 31, 32, y 99, de la Ley Agraria disponen que la representación del ejido recae en el comisariado ejidal, que es el que ostenta el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del ejido, resulta inconcuso que dicho órgano del núcleo agrario es genuinamente el ente legitimado para promover el juicio de derechos fundamentales. Sin que en el caso sea válido considerar que los promoventes acuden al juicio de derechos fundamentales ostentando la representación sustituta de la comunidad, pues la Ley de Amparo que se encuentra en vigor desde hace casi diez años dejó de considerar la figura de la representación sustituta y, por ende, cuando se reclamen actos que afecten al ejido de manera colectiva, el juicio de amparo deberá ser instado por su comisariado, no por los ejidatarios en particular. Por tanto, desde el ámbito del derecho agrario no corresponde a los quejosos la representación de la comunidad, pues como se dijo, la representación del núcleo agrario no recae en sus integrantes en lo individual, sino en el comisariado de bienes comunales conforme a lo establecido en los artículos 32, 33 y 99, de la Ley Agraria. Además, tomando en consideración que los ahora quejosos acuden a este juicio de amparo a reclamar la ejecución de la resolución de cinco de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio agrario ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, sin haber tenido intervención alguna en el procedimiento, quienes no tienen a su cargo la representación de ese núcleo agrario, resulta innegable que no tienen legitimación y por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo, por su contenido la tesis VII . 1 o . A . T . 24 A, consultable en la página 535, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, Materias Administrativa, registro digital 194346, bajo el rubro y texto siguientes: "EJIDATARIOS. EN LO PARTICULAR CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR UN DECRETO EXPROPIATORIO DE TIERRAS EJIDALES, ASÍ RECAIGA ÉSTE O SU EJECUCIÓN SOBRE DERECHOS PARCELARIOS. De conformidad con los artículos 14, 33, 43, 44, 56, 62, 76, 81 y 83 de la Ley Agraria, los derechos que el ejidatario tiene sobre su parcela se restringen exclusivamente al uso, usufructo, aprovechamiento y disfrute de la misma, no así el dominio sobre aquélla, el cual sólo lo adquiere cuando finalmente se cancela la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, dejando esa tierra de ser ejidal y quedando sujeta a las disposiciones del derecho común; aunado a lo anterior, con independencia de su destino, son tierras ejidales sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. Luego, tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso común, conforman el núcleo de población, cuya representación corresponde al comisariado, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas. De consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los quejosos y de los que se derivan derechos de uso, usufructo y disfrute, mas no de dominio, no legitiman a éstos en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, para ejercitar la acción constitucional cuando es precisamente el dominio sobre tierras parceladas el que se aduce transgredido a virtud de la expropiación reclamada, toda vez que al corresponder aquel derecho (de dominio) al núcleo y no a los ejidatarios en lo particular, el único facultado legalmente para representar a aquél en defensa de ese derecho, es el comisariado del núcleo de población." También se invoca en apoyo a lo antes expuesto la Jurisprudencia 2a. LII / 2020 ( 10 a .) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECEN DE ELLA LOS COMUNEROS QUE ACUDEN AL JUICIO ANTE LA OMISIÓN DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Diversas personas que se ostentaron comuneros de una comunidad indígena promovieron juicio de amparo en defensa de la comunidad ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales de hacerlo, a pesar de que no fueron parte en la controversia en materia agraria entre comuneros y sus órganos de representación, y tampoco en el juicio agrario respectivo cuya sentencia reclaman. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a que la Ley de Amparo vigente ya no establece la posibilidad de que los ejidatarios o comuneros promuevan juicio de amparo en lo individual cuando el comisariado no lo hace, ello implica que ya no existe la representación sustituta y, en esa medida, los promoventes del juicio, en su calidad de comuneros que acuden a él manifestando que lo hacen precisamente ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales, carecen de legitimación. Justificación: En efecto, de un análisis de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, 6o. y 10 de la Ley de Amparo vigente, con relación a los diversos 27, fracción VII, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 99 de la Ley Agraria, estos últimos que reconocen al Comisariado de Bienes Comunales como el órgano de representación de la asamblea de comuneros, se advierte la intención del legislador de acotar la legitimación para promover el juicio de amparo eliminando la figura de la representación sustituta prevista en la Ley de Amparo abrogada. Con base en ello, los comuneros que no tuvieron intervención en el juicio agrario cuya sentencia constituye el acto reclamado y la impugnan por considerar que en ella fueron violadas las leyes del procedimiento argumentando que se afectan las defensas de la comunidad trascendiendo al resultado del fallo, al acudir en lo individual ante la omisión del Comisariado de Bienes Comunales a promover el juicio de amparo, no obstante que no fueron parte demandada en ese asunto carecen de legitimación y, por esa razón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo." Énfasis añadido Asimismo, aun cuando los quejosos se ostentan como terceros extraños a juicio, argumentado ser poseedores de las tierras de uso común respecto de las cuales exhiben sus certificados de posesión y por ende, debió habérseles llamado al juicio agrario de origen; ello no actualiza su interés jurídico, pues en términos de los artículos 73 y 74 de la Ley Agraria, aun cuando los quejosos sean poseedores o posesionarios, la propiedad de las tierras de uso común corresponde a la comunidad o ejido, la cual es inalienable, imprescriptible e inembargable, de ahí que, en caso de que en un juicio se controvierta la propiedad de este tipo de tierras por conflicto de límites, es inconcuso que a quien corresponde la defensa, es precisamente al órgano de representación de la comunidad, lo cual, en el caso aconteció, pues como se dijo, la comunidad de * * * * * * * * fue legalmente representada en el juicio agrario ********************, por medio de su comisariado de bienes comunales. Sin que la calidad de posesionarios con la que se ostentan los quejosos, los coloque en una situación distinta a la de los comuneros, tal que les otorgue legitimación para acudir al juicio de amparo a defender por si mismos la posesión que dicen tener; ya que la calidad de posesionarios solamente es otra categoría de las reconocidas por el legislador al interior de los núcleos agrarios, al lado de los comuneros y avecindados. De tal manera que la defensa colectiva de sus derechos, corresponde ejercerlo a través del Comisariado de Bienes Comunales de dicha población. Se invoca como ilustrativa la tesis 2 a . XCVIII / 99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Administrativa, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 365, registro digital: 193614, de rubro y texto: "EJIDOS. LOS AVECINDADOS EN ÉL, SON SUJETOS RECONOCIDOS DE DERECHO AGRARIO Y DE LA CLASE CAMPESINA, AL LADO DE LOS EJIDATARIOS Y COMUNEROS, DE ACUERDO CON LA LEY AGRARIA. Del artículo 13 de la Ley Agraria se desprende que el carácter de avecindado de un núcleo ejidal o comunal, se encuentra determinado por la concurrencia de ciertos requisitos equivalentes a la capacidad agraria individual, como son: a) Ser mexicano; b) Mayor de edad; c) Con residencia mínima de un año en las tierras del núcleo de población; y d) Contar con el reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario. Satisfechos estos requisitos, por disposición del mismo artículo 13, el avecindado goza de diversos derechos, entre otros, el de adquirir la calidad de ejidatario (artículo 15, fracción II); el de adquirir los derechos parcelarios de ejidatarios del mismo núcleo de población (artículo 80) y parcelas comunitarias (artículo 101); el de ser preferido para comprar derechos agrarios provenientes de un titular fallecido sin que existan sucesores (artículo 19) y para recibir tierras de uso común del núcleo de población (artículo 57, fracciones II y III); además, el de gozar del derecho del tanto respecto de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno (artículo 84) y ser sujeto de derechos y obligaciones conforme al reglamento interno del ejido (artículo 74). Con relación a la defensa de sus intereses goza a su vez del derecho de que los tribunales agrarios unitarios conozcan y resuelvan las controversias que tenga con otros avecindados o con ejidatarios, comuneros y posesionarios, y de las omisiones de la Procuraduría Agraria que le causen perjuicio, ejercitando la acción agraria genérica (artículos 163 de la citada ley y 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios), así como el de ser asistido y defendido por la Procuraduría Agraria (artículo 135). Es significativo que la propia Ley Agraria propicia la existencia de los avecindados en tanto que, por una parte, en su artículo 68, establece que los aspirantes a recibir la calidad de avecindados tienen el derecho de adquirir un solar de los excedentes en la zona de urbanización del poblado y, por otra, en el artículo 13 engendra la acción de reconocimiento del carácter de avecindado ante el tribunal agrario, al señalar "... que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente ...". En ese orden de ideas, resulta inconcuso que los avecindados son aspirantes a ejidatarios o comuneros, pues satisfechos los requisitos que les dan el carácter de avecindados, que son equivalentes a los de capacidad agraria individual, tienen un derecho preferente para convertirse en tales, de surtirse alguno de los supuestos establecidos al respecto en la ley de la materia. Lo anterior demuestra que la Ley Agraria no sólo reconoce la existencia de los avecindados, como la abrogada Ley de Reforma Agraria, sino que va más allá, pues reglamenta su condición sujetándola al reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario competente, además de otorgarles un lugar dentro del núcleo de población y la correspondiente protección mediante la precisión de derechos y obligaciones propios, acordes con el nuevo sistema agrario, convirtiéndolos en sujetos reconocidos de derecho agrario y de la clase campesina, al lado de los ejidatarios y comuneros. Por otra parte, analizado el asunto desde un enfoque del derecho indígena, se arriba a la misma conclusión, porque en el caso concreto los quejosos no cuentan con legitimación para promover el juicio de amparo. En efecto, no se desconoce que tratándose de la defensa de territorios indígenas, cualquiera de sus integrantes podría estar facultado para promover en defensa de la comunidad indígena (artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes). Sin embargo, esa prerrogativa debe ser evaluada en cada caso concreto, de acuerdo al contexto de la aducida violación a derechos humanos. Al respecto, existen diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales ha analizado casos en los cuales las comunidades fueron despojadas de sus territorios y/o de sus recursos naturales, por parte del Estado para favorecer a empresas o particulares a efecto de explotar tales recursos u obtener algún beneficio económico; asimismo, ha estudiado casos de invasión por parte de personas no indígenas en los territorios de las comunidades. No obstante, en el presente caso estamos ante una resolución emitida en un juicio agrario que favoreció con el reconocimiento de tierras a otra comunidad (también indígena), debido a un problema de límites territoriales entre dos comunidades. De modo que no se advierte que el caso concreto tenga una connotación de invasión por parte de personas no indígenas; o bien, de despojo territorial y de recursos naturales para favorecer a particulares o empresas, para su explotación y aprovechamiento comercial; sino que, como quedó precisado, se trata de una sentencia de un asunto meramente agrario respecto de un conflicto por la línea limítrofe entre dos comunidades agrarias. Asunto agrario en el cual ya tuvo intervención el Comisariado de Bienes Comunales * * * * * * * * * * * * * * * de modo que la comunidad ya fue oída y vencida, inclusive, promovió juicio de amparo directo sin obtener resultados favorables a sus intereses. De ahí que no se materializa un supuesto para que personas de una comunidad indígena acudan a defender el territorio de aquélla. Es ilustrativa la tesis aislada 1 a . XVII / 2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice "EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS. AL CONSTITUIR FORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA ESTABLECIDAS CONSTITUCIONALMENTE, EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL, ASÍ COMO LA ELECCIÓN DEL COMISARIADO, SON ACTIVIDADES QUE NO FORMAN PARTE DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. El artículo 27, fracción VII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, destinando la protección de la propiedad de la tierra, no sólo para actividades productivas sino también para el asentamiento humano; de ahí que acorde con sus funciones, esos núcleos de población constituyen formas de organización interna establecidas por la Constitución. Por otra parte, si bien es cierto que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de organización, entre otras, social y económica, también lo es que al decidir por el ejido o por la comunidad de bienes comunales, deben atender a lo que la Ley Fundamental señala en cuanto a su organización y funcionamiento. Así, el penúltimo párrafo de la fracción VII del artículo constitucional citado, señala que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley disponga, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En esa virtud, se concluye que tanto la organización y funcionamiento de la asamblea general, como la elección del comisariado, son actividades que no forman parte del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ya que el referido precepto constitucional establece respecto de aquéllas una reserva legal, la cual debe atenderse, pues de lo contrario se correría el riesgo de quebrantar la unidad nacional, límite de aquel derecho." En las relatadas condiciones, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Respecto de lo anterior, resta decir que si bien los quejosos ofrecieron diversas pruebas documentales, como lo son las constancias de posesión, suscritas por el Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de * * * * * * * * éstas únicamente tienden a acreditar la posesión que en su comunidad se les reconoció sobre las tierras respectivas; sin embargo, como se expuso, aun con dicha calidad, no cuentan con interés jurídico para reclamar la sentencia emitida en el juicio agrario de origen. Como consecuencia de ello, aunque las documentales anexos a su demanda, pudieran demostrar los hechos mencionados por los solicitantes del amparo; lo cierto es que en nada cambia el sentido de este fallo, pues se reitera, los quejosos carecen de interés jurídico y legítimo para promover el juicio de amparo. Máxime que el interés legítimo no es oponible a actos derivados de procedimientos jurisdiccionales, tal como dispone el artículo 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de manera que dicho interés (legítimo) no puede ser invocado para oponerse a un acto derivado de un juicio agrario. Similar criterio se tomó al resolver los juicios de amparo indirecto ********************, con sus acumulados ******************** y ********************, así como el ********************, todos del índice de éste órgano jurisdiccional. Debe destacarse que se llega a la presente convicción, porque al haber tenido conocimiento de los diversos juicios de amparo, así como en atención a los antecedentes narrados al inicio de esta resolución, es posible advertir que solamente se pretende evitar o entorpecer la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, al advertirse de manera manifiesta e indudable que se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los numerales 5 y 6 del mismo ordenamiento. Representante común. Ahora, como lo solicita expresamente la parte quejosa, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como su representante común a ********************, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de cuenta; y por autorizados para tal efecto a las personas que señalan. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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