Simon Bravo Fuentes
Expediente 819/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Simon Bravo Fuentes
Actuaciones
- Principal
^^San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. ...se advierte que el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja... transcurrió... sin que se hubiese hecho valer en ese plazo; en consecuencia... SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO... toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar... ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido... Se estima que este asunto carece de relevancia documental... Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción... se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años... Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION A LA QUEJOSA.-Número de expediente: 819/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve I. Cumplimiento de requerimiento. Agréguese a los autos el escrito del quejoso *****************, en su carácter de Regidor de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Santa María Chilchotla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, visto su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le formuló en proveído de once del mes y año en curso (fojas 9 a 11). II. Desechamiento. Ahora bien, una vez analizada de manera integral la demanda de amparo, así como el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador estima que debe desecharse de plano. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Ahora, los artículos 1°, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De las disposiciones legales transcritas se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. El juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es salvaguardar los derechos fundamentales que puedan verse vulneradas por normas generales o actos de la autoridad. 2. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o cualquier acto de autoridad que se reclame en esta vía; lo que se traduce en el principio rector del juicio de amparo denominado instancia de parte agraviada. 3. Son partes en el juicio constitucional, entre otros, el agraviado y la autoridad responsable; el primero recae en el gobernado quien estima que los derechos fundamentales que le otorga la Constitución Federal, fueron violentados por la norma general o por el acto de autoridad reclamados y, el segundo, recae en aquel ente facultado por la ley para dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar la norma general o el acto reclamado, esto es, que el ente se encuentra investido de imperio, pues actúa en ejercicio de una potestad soberana. 4. Las personas jurídicas oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto u ordenamiento general que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, esto es, cuando esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona jurídica particular o de carácter privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y leyes le encomiendan. De acuerdo con lo anterior, una persona jurídica oficial cuenta con legitimación para promover juicio de amparo contra normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular; como así lo ilustran los criterios siguientes: "Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Acorde con lo anterior, las autoridades públicas pueden ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto o el ordenamiento general que reclamen afecten sus intereses patrimoniales; lo que, en el caso, no acontece, dado que de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son (foja 3): "a). - De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, reclamo, la ORDEN VERBAL O ESCRITA DE DESTITUCIÓN DE MI CARGO QUE OSTENTO COMO REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, TEOTILÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA. b).- De las AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS, reclamo todas las consecuencias de hecho y de derecho, que se deriven de la ejecución material de dicha ORDEN VERBAL O ESCRITA DE DESTITUCIÓN DE MI CARGO QUE OSTENTO COMO REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, TEOTILÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA y que se traducen en la posible privación ilegal de mis derechos." Actos que no afectan derechos patrimoniales de la parte quejosa, quien se ostenta como Regidor de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Santa María Chilchotla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; por ello, jurídicamente, no se encuentra legitimado para ocurrir en demanda de amparo, reclamando un derecho legítimo del que carece, en términos del artículo 5°, fracción I, segundo párrafo, última parte, y 7° de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad . Al respecto se invocan, por identidad jurídica, los criterios que enseguida se transcriben: "Época: Novena Época Registro: 184063 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 45/2003 Página: 254 PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.- Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." (Lo subrayado es de este Juzgado). "Época: Novena Época Registro: 171242 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 203/2007 Página: 210 AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.- Conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de garantías cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación sólo ocurre cuando aquéllas realizan actividades con el carácter de personas de derecho privado, mas no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio. Así, no existe la afectación a intereses patrimoniales de las personas morales oficiales del Estado de Jalisco y sus Municipios y, en consecuencia, carecen de legitimación para promover el juicio de amparo directo, si el acto que reclaman deriva de un procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, en el que tuvieron el carácter de autoridades demandadas con motivo de las sanciones que impusieron a sus servidores públicos por incurrir en responsabilidad administrativa, pues tal actuación proviene del ejercicio de las facultades que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco les otorga, convirtiéndolas en autoridades encargadas de vigilar que sus servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y, en caso de inobservancia, instaurar el procedimiento disciplinario respectivo e imponer la sanción que corresponda; actividad ésta que no puede equipararse a la que realiza el mismo órgano del Estado en su calidad de patrón en las relaciones laborales con sus trabajadores, en las que actúa despojado de imperio, pues la destitución de un servidor público en aquel procedimiento no tiene la misma naturaleza jurídica que el despido del trabajador en materia laboral." Sin embargo, se estima que la parte quejosa, ************, en su carácter de Regidor de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Santa María Chilchotla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; en el caso, no es titular de un derecho subjetivo ni tiene un interés legítimo individual o colectivo, para impugnar, en vía de amparo, la determinación del presidente Municipal de ese municipio, pues se trata de una orden de destitución del promovente, respecto de su cargo de Regidor de Desarrollo Social; de donde se sigue que no existe afectación a su esfera jurídica; como así lo ilustra la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son como sigue: "Época: Novena Época Registro: 176129 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 1/2006 Página: 1120 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.- De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, 6° y 7° (a contrario sensu) de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por *******************, con el carácter de Regidor de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Santa María Chilchotla, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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