Simón Narváez Martínez

Expediente 649/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
649/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2017

Partes del expediente

  • Simón Narváez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Menor Mixto de Villagrán, Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 337/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar a la parte quejosa el proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete; en ese sentido, dese de baja la comunicación oficial de referencia, háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad oficiante se advierte que no fue posible llevar a cabo la notificación encomendada; en consecuencia, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 649/2017-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Pues bien, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la transcripción anterior se desprenden dos supuestos de improcedencia en el amparo, a saber: - Contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, - Tratándose de actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En términos de la primera parte de la transcrita fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, la fracción alude a la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de garantías, englobándose en el supuesto de improcedencia que nos ocupa tanto decretos, como autos y sentencias, ya sea que se hubieren dictado en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión, dado que sólo pueden ser atacados a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. La segunda hipótesis plateada por esta fracción, para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional mismo y aun del cuaderno incidental, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo os siguientes: I. Que en dos de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil ******************** y su acumulado ********************de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, se le condenó al pago de todas las prestaciones reclamadas por la parte actora. II. Inconforme con la determinación anterior interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, radicándose bajo el número de toca ********************y el dieciocho de abril pasado, declaró inoperantes sus agravios. III. En contra de la referida determinación interpuso demanda de amparo directo. IV. En razón de lo anterior, el doce de mayo pasado, el ad quem le concedió la suspensión provisional del acto reclamado, fijando una garantía por la cantidad de veinticuatro mil setenta pesos cuarenta y tres centavos, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionarle al tercero interesado. V. Mediante escrito de veintitrés del mismo, adujó garantizar la suspensión otorgada, con el inmueble de su propiedad. VI. En virtud de lo anterior, el veinticuatro siguiente, la responsable determinó que no era factible señalar como garantía la casa habitación. VII. Inconforme con ello el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual mediante resolución de treinta y uno de mayo del año en curso, el magistrado responsable lo desestimó. -Lo que en esta instancia constituye el acto reclamado- Como se observa de la narrativa anterior, el quejoso reclama la resolución de ********************, emitida por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residente en la ciudad del mismo nombre, dentro del toca ********************de su índice, mediante la cual desestimó el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de vainticuatro de mayo pasado, en el que el ad quem determinó que no era factible garantizar, con su bien inmueble, la suspensión del acto reclamado con motivo del juicio de amparo que promovió. Por ello, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable el primer supuesto de improcedencia de la fracción en comento, ya que el acto reclamado emana del juicio de amparo directo que promovió el quejoso en contra de la resolución de dieciocho de abril pasado, emitida por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, dentro del toca ********************de su índice y, como se dijo, esta determinación únicamente pueden ser atacadas a través de alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al promovente autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, por así haberlo solicitado. Tomando en consideración que el impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************; de conformidad con los numerales 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Único Menor Mixto de aquella ciudad, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído al quejoso, en el indicado domicilio, y lo requiera para que dentro de los tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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