Simón Narváez Martínez

Expediente 919/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
919/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Simón Narváez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 19704/2016 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de veinticuatro de octubre pasado y se le enviaron dos tomos de pruebas que contenían copia certificada expediente M75/2015 de su estadística.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de once de octubre de la anualidad en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil M0075/2015 del índice de la Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en dos tomos, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente de las citadas constancias. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de octubre del año en curso, donde el Presidente de dicho órgano jurisdiccional, determinó que corresponde a un Juez de Distrito conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad y remite el escrito original de demanda en el que obra la certificación de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, copia certificada del oficio 2449, constancias del emplazamiento hecho al tercero interesado e informe justificado rendido por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, al que adjunta como sustento copia certificada del expediente M0075/2015 de su estadística en dos tomos; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 919/2016-IV; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de: La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, al resolver el incidente de falta de personalidad y legitimación formulado por el promovente del amparo, dentro del juicio ejecutivo mercantil M-75/2015 de la estadística de la citada autoridad y su acumulado M-63/2016 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en la cual en su resolutivo único estimó improcedente dicha excepción. La determinación de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental de seis de junio de la misma anualidad; determinación en la cual el tribunal de apelación desechó dicho medio de defensa por improcedente atendiendo a la cuantía del asunto. Bajo ese contexto, respecto del acto precisado en el inciso a), se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Como se puede observar, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si obtiene sentencia favorable en el juicio. En otro orden de ideas, por lo que respecta al acto descrito en el inciso b) se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclama la determinación de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental de seis de junio de la misma anualidad; determinación en la cual el órgano que conoció del asunto desechó dicho medio de defensa por improcedente atendiendo a la cuantía del asunto. Ahora, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio respectó de dicho acto reclamado resulta extemporánea, toda vez que afirmó que el cinco de agosto de dos mil dieciséis, le fue notificada la determinación que resolvió el recurso de apelación planteado. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del nueve al veintinueve de agosto del presente año, dado que: I. De conformidad con el numeral 1075 del Código de Comercio, el aludido plazo se computó a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, esto es el ocho de agosto del presente año. II. Como se dijo el plazo para presentar la demanda comenzó a trascurrir el nueve de agosto pasado; y, III. Fueron inhábiles los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos. Entonces, como el acto que reclama no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, a taques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y si el impetrante presentó la demanda que se estudia hasta el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, es inconcuso que lo hizo con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el mismo orden, cabe destacar que respecto del acto en estudio la parte quejosa en el capítulo de conceptos de violación, hizo alusión a la inconstitucional de diversos artículos del Código de Comercio, aduciendo que dichos preceptos son violatorios de sus derechos fundamentales; sin embargo, el desechamiento decretado se hace extensivo por cuanto se refiere a las disposiciones legales que señaló, en virtud de que atendiendo a la técnica que impera en el juicio constitucional, tratándose del ejercicio de la acción de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, en principio debe analizarse si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, que no se actualice alguna causa de improcedencia por lo que a éste se refiere, pues de acontecer así, debe desecharse la demanda respecto del acto de aplicación y hacerse extensivo a las normas legales impugnadas. En otro sentido, de resultar procedente el juicio de amparo en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente; y, únicamente en el caso que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en contra del acto de aplicación. Ello, porque no es posible desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la norma considerada en abstracto, pues la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracciones XIV y XXIII del artículo 61, esta última en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, dado lo voluminoso de las constancias que remitió la superioridad y para el mejor manejo del expediente, se ordena formar dos tomos de pruebas, los cuales contendrán copia certificadas del juicio ejecutivo mercantil M0075/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Se tiene al promovente señalando como domicilio la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta a los solicitantes de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que el gestionante del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Tribunal con domicilio en la ciudad de Guanajuato, capital, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Quijano Aguilar y Esteban Narváez Vargas, al no contar con cédula profesional, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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