Simón Balderas Peña

Expediente 767/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Simón Balderas Peña

Actuaciones

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de noviembre de dos mil veinte; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese, mediante lista electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 767/2020-II, promovido por ***********************, por derecho propio, el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bertha Carrillo Romero, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio: la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable al rendir su informe de ley. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 767/2020-II; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, remitido por razón de turno el veintisiete siguiente a este Juzgado de Distrito, ***********************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. II. Por acuerdo del treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, admitió a trámite la demanda de amparo que quedó registrada con el número 767/2020-II; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la que se verificó conforme al acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, puesto que el acto reclamado fue realizado por una autoridad residente dentro de la demarcación territorial donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación y reclama, en esencia, la falta de emplazamiento al juicio y como consecuencia de ello, la omisión del llamado a la lectura del testamento y todo lo actuado en el expediente ********** relativo a la Sucesión Testamentaria a Bienes de ***********************, incluyendo la sentencia de adjudicación, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. TERCERO. El Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente ********** relativo a la Sucesión Testamentaria a Bienes de ***********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; documentales a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de dicho ordenamiento legal. CUARTO. Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Es importante destacar el concepto de la figura jurídica de "tercero extraño" para los efectos del proceso constitucional, así como quiénes revisten ese carácter. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conceptúa a la institución en comento como la persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. También expone que en este concepto quedan incluidos, por equiparación, la parte que no fue emplazada o que fue llamada a juicio de manera incorrecta. En relación a lo anterior, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de este país refiere que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio no necesariamente proviene del mismo acto dentro de la secuela procesal que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que se reclame -que de suyo debe quedar plenamente demostrado-, sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga, o bien, con aquellos que se afecten en la ejecución. Como es factible apreciar la figura del tercero extraño puede configurarse de dos formas: en estricto sentido y por equiparación. El primer supuesto acontece cuando el gobernado sin adquirir el carácter de parte procesal en el conflicto de origen advierte la vulneración de su esfera jurídica por el acto de autoridad, sin que haya tenido oportunidad de ejercer su derecho de audiencia en aquel conflicto. En el segundo caso, el justiciable sí tiene una participación activa material en el litigio; empero, su emplazamiento a la controversia de origen no acontece, o bien, ocurre en contravención a las normas procesales que regulan ese procedimiento, circunstancias que le impiden el conocimiento del asunto y, a su vez, el libre ejercicio de la prerrogativa suprema citada. En esta tesitura, cualquier justiciable que se ubique en las referidas hipótesis está en aptitud de denunciar la probable afectación de sus derechos humanos que le produzca la actuación de los entes gubernamentales a través de la instauración del juicio de amparo biinstancial. En el particular, el quejoso acude a esta instancia constitucional con el propósito de denunciar la probable afectación a su derecho de audiencia con motivo de que no ha sido oído y vencida en el expediente ********** relativo a la Sucesión Testamentaria a Bienes de ***********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Sin embargo, de las constancias que remite el juez responsable en apoyo a su informe justificado, es palpable apreciar que el quejoso no es tercero extraño, toda vez que al ser legatario de la sucesión testamentaria a bienes de *********************** es parte en el juicio y compareció a él; de ahí que al ser parte en el juicio de origen no le reviste el carácter de tercero extraño. De ahí que. como ya se dijo anteriormente en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del plazo de quince días, lapso que se contabilizará conforme a lo siguiente: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; y, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Se destacan las tres formas para computar el plazo de quince días dentro de los cuales ha de instarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. Es aplicable el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XIV/99, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que dice: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado". La segunda manera para computar el plazo, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable - distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; lo que debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral. En la tercera forma para realizar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, se establece que ese plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará: ".desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos.", que implica una expresión exclusiva de la parte quejosa, a través de la que se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse, entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la ley de la materia, debe señalarse también que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. De la interpretación anterior, se desprende que la demanda de amparo resultará notoriamente improcedente, cuando el acto reclamado no se impugne dentro del término establecido por la ley que rige el juicio constitucional. Así, en el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso a) citado, dado que el promovente del amparo tuvo conocimiento del juicio seguido en su contra, a virtud de la notificación que se le practicó por instructivo en el proceso natural, el quince de febrero de dos mil diecisiete, en que se le emplazó al juicio relativo a la Sucesión Testamentaria a Bienes de ***********************, fecha en que se le corrió traslado con copia simple de la demanda, así como del auto admisorio de la misma, de cuyo instructivo de notificación se aprecia que se citó el número de expediente (**********, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México), y que el juicio fue denunciado por ***********************. Luego, de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación (legatario), pues manifiesta que no tuvo conocimiento del juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de ***********************, al no haber sido legalmente emplazado, ni llamado a la lectura del testamento sino que tuvo conocimiento hasta el veinte de octubre del año en curso, cuando se presentó a su domicilio un abogado quien le dijo que era el asesor jurídico de su hermana ***********************, manifestándole que se tenía que salir del inmueble materia de la litis, porque su hermana es la dueña, con base en la sentencia de adjudicación dictada en el juicio Sucesorio Testamentario **********. Sin embargo, contrario a lo afirmado por el quejoso, de las constancias remitidas por la responsable, particularmente del instructivo del quince de febrero de dos mil diecisiete, relativo al emplazamiento del quejoso al juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de ***********************, revela que éste tuvo conocimiento desde esa fecha del referido juicio tramitado en su contra. Diligencia de la que se advierte evidentemente, el número de expediente, el juzgado ante la cual se radicó, y las partes en ese juicio; lo anterior, porque en esa diligencia la fedataria que la practicó constató que se entrevistó con ***********************, quien le dijo ser nieto del quejoso, afirmándole que en ese domicilio sí vivía el legatario *********************** y le firmó al calce de dicha diligencia. Por lo que resulta inconcuso que con la actuación realizada por la notificadora adscrita al Juzgado Primero Familiar de Cuautitlán, Estado de México, el quince de febrero de dos mil diecisiete, que realizó el emplazamiento al quejoso por instructivo del emplazamiento al juicio sucesorio testamentario **********, del que se advierte los datos del juicio, las partes y autoridad ante quien se tramita; por lo que puede válidamente establecerse que desde esa data, de manera fehaciente, conoció plenamente del juicio mencionado en el que a él le recae el carácter de legatario, sin que de autos obre algún medio de prueba que desvirtúe la fe judicial de que está investida la funcionaria judicial que la practicó. De tal suerte que dicha diligencia, al no estar perjudicada en su valor, vincula al quejoso al procedimiento. Desde esa perspectiva, la aludida notificación, constituye una base objetiva para establecer qué a virtud de la misma, el agraviado, hoy quejoso, estuvo en posibilidad de defender sus intereses, pues a partir de ahí conoció de la existencia del juicio al que se ostenta persona extraña por equiparación. Máxime que en la audiencia de cinco de abril de dos mil diecisiete relativa a la apertura del testamento, se advierte la comparecencia del aquí quejoso, en su carácter de legatario, quien se identificó con la credencial para votar con clave ***********************, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. Además, el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar el contenido de las diligencias aludidas. Es aplicable al caso, por las razones que informa la jurisprudencia P./. 6/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 95, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". También es aplicable al caso, la jurisprudencia 1ª./.J. 9/2012 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 681, del Libro VII, abril de 2012, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tanto, si el quejoso ***********************, a quien le recae el carácter de legatario, tuvo conocimiento del juicio denunciado por *********************** desde el quince de febrero de dos mil diecisiete; y el escrito constitucional se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, hasta el veintiséis de octubre de dos mil veinte, como se advierte del sello de recibido que obra al margen superior izquierdo de dicho escrito inicial de demanda y la boleta de turno respectiva, es evidente que la acción constitucional se promovió después de concluido en exceso el plazo legal de quince días que estatuye el precepto 17 de la ley de la materia. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bertha Carrillo Romero, Secretaria adscrita a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la notificación personal que antecede, se tiene por emplazada a este sumario constitucional a la tercero interesada ************************. Ahora, en atención a la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la citada tercero interesada para que designara domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que al efecto desahogara el requerimiento en cuestión; se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del treinta de octubre del año actual, y se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la lista electrónica. Por otra parte, téngase al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las constancias que adjuntó a su informe de cuenta. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bertha Carrillo Romero, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por , por derecho propio, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 767/2020-II. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a esa autoridad que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado de Distrito, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Infórmese a dicha responsable que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se señalan las nueve horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesada a . Al respecto, se comisiona a alguno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que se constituya en el domicilio señalado en el escrito de demanda y realice el emplazamiento de la citada tercero interesada, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y de este acuerdo. Además, la requiera para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado Federal, apercibida que de no hacerlo en el término concedido, se procederá en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de la materia, y se le realizarán las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica. Se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. Es preciso destacar que, para la práctica de la notificación personal ordenada en esta determinación, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones la lista electrónica por así haberlo solicitado expresamente. Ténganse por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. Conforme a los artículos 2 del Acuerdo General 21/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea, a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; mediante lista electrónica al quejoso y personalmente a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bertha Carrillo Romero, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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