Silvia Téllez González
Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Silvia Téllez González
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta y uno de marzo de esta anualidad, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En tales condiciones, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Ahora, toda vez que se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este juzgado a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 456/2021-V, promovido por **********, en su carácter de apoderado de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas que fueron ofrecidas por la parte quejosa en la demanda de amparo; así como las documentales que la autoridad responsable remitió en alcance a su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ************, en su carácter de apoderado de la moral quejosa Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y la tercero interesada ********** realizaron diversas manifestaciones, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que en vía de alegatos hacen valer, mismas que serán tomadas en consideración. El Juez acuerda: Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 456/2021-V, promovido por ************, en su carácter de apoderado de la moral quejosa ***********, perteneciente a la Secretaría de Salud, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado al día siguiente, ***********, en su carácter de apoderado de **********, perteneciente a la Secretaría de Salud, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. Por auto del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, misma que registró bajo el expediente 456/2021-V; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a la tercero interesada Jazmín Yáñez Villaseñor; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y se dictó la sentencia correspondiente el once de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y la protección constitucional solicitada. III. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, José Eduardo Reyes Delgadillo, en su carácter de apoderado de la moral quejosa Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del once de octubre de esa anualidad. IV. De dicho recurso conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante resolución del tres de febrero de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 298/2021, en el cual resolvió revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento en este juicio de amparo, para efecto de que se firmase la sentencia electrónicamente, en los términos que precisó. Finalmente, se ordenó notificar a las partes y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional la cual previos diferimientos se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el auto reclamado se atribuye a autoridades con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: El acuerdo del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el juicio especial de divorcio 1029/2020, en el cual determinó hacer efectiva la medida de apremio imponiéndole una multa de treinta Unidades de Medida de Actualización, así como su ejecución. TERCERO. El Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes; toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley aplicable. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. La parte quejosa en esencia señala: - Que la autoridad viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Juez Primero de lo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México al dictar el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el primero de ellos señala que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; asimismo, el artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; además del derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, hecho que fue debidamente llevado a cabo por el quejoso, al tratarse de una solicitud no apegada a derecho ni a las normas esenciales que rigen el procedimiento. -Que al acto reclamado ninguna forma cumple con los requisitos que claramente establece el artículo 1.141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que el juez responsable no llevó a cabo una fundamentación legal que efectivamente lo legitime, simplemente se extralimita al señalar que el Juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar los intereses de los menores y que por ende, éste podrá ordenar la vía más rápida que considere y cuya orden de descuento de alimentos debe de ser atendida de inmediato por el responsable de la fuente laboral o del área de recurso humanos. Argumentos que el suscrito estima infundados en parte e inoperantes en otra. En efecto, lo anterior se considera así, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Ello, por no contraponerse a la Ley de Amparo lo que encuentra sustento en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 46, correspondiente a la Séptima Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Formalidades que en el caso, como se advierte del auto del cual se duele el quejoso, fueron observadas en su emisión por la autoridad responsable, pues los artículos en que se fundamentó para dictarlo, entre otros, son 1.134, 1.138, 5.8, 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispositivos normativos que establecen: "Artículo 1.134.- En la substanciación de todas las instancias, los Jueces guardarán y harán guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley, cualesquiera que sean las disposiciones anteriores, doctrinas, prácticas y opiniones en contrario". "Artículo 1.138.- La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código; deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias". "Artículo 5.8.- En el conocimiento y decisión de las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja". "Artículo 5.16.- El interés superior de los menores y su derecho a ser escuchado, son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento. Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior del menor, entre otras, ordenar terapia médica psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo familiar". "Artículo 5.43.- En el auto admisorio de demanda, si el juez considera acreditada la obligación alimentaria, de oficio determinará el monto de la pensión alimenticia provisional y ordenará se realicen los descuentos correspondientes por la vía que considere más rápida". Como se advierte, el artículo 1.134 refiere que en la substanciación de las instancias, los juzgadores deben guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos previstos por la ley. Por su parte, el artículo 1.138 expone que en todo momento la directriz del proceso será llevada a cabo por el juez, quien está obligado a tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias. En tanto que el diverso 5.8 en las controversias relacionadas con el derecho familiar y del estado civil de las personas, el juez podrá suplir la deficiencia de la queja. Asimismo, el articulo 5.16 refiere que el interés superior de los menores y su derecho a ser escuchado, son principios rectores que el juez que conozca de asuntos que involucren derechos de menores, debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto. Además al resolver una controversia, podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior del menor. Por su parte el artículo 5.43, prevé que el auto admisorio de demanda, si el juez considera que está acreditada la obligación alimentaria, de oficio determinará el monto de la pensión alimenticia provisional y ordenará se realicen los descuentos correspondientes por la vía que considere más rápida. En razón de lo expuesto, es infundado lo aducido por el quejoso, tocante a que el acuerdo reclamado no está fundado, ni motivado, toda vez que los 1.134, 1.138, 5.8, 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que citó el juez responsable para fundamentar concretamente la multa impuesta, establecen que el juez tiene la facultad de tomar las medidas necesarias para que prevalezca la protección del interés superior del menor, es decir, de oficio puede determinar el monto de la pensión alimenticia provisional, así como ordenar se realicen los descuentos correspondientes por la vía que considere más pertinente, y si al requerir a la fuente de trabajo del deudor alimentario podrá imponer un apercibimiento de multa cuantas veces sea necesario una multa hasta por la cantidad equivalente de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente, a efecto de lograr el cumplimiento de la determinación donde requiere el descuento para la pensión alimenticia a favor del menor. Porque de no cumplir con dicho requerimiento la autoridad o fuente de trabajo aquí quejosa, le recaería el carácter de responsable solidario con el deudor alimentario y de su inscripción en el registro de deudores morosos alimentarios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 4o. constitucional, en relación con los diversos 1.134, 1.138, 5.8, 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Cabe destacar que el artículo 4o. constitucional dice: "Artículo 4o: (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez". Así, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado al haber atendido la autoridad responsable al contenido de los artículos 1.134, 1.138, 5.8, 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Máxime que, el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, motivó la imposición de la multa, pues consideró que las actitudes renuentes de la autoridad demanda, ante el cumplimiento a la determinación o proveído de que se trata, obstaculizó la impartición de justicia, que se incurrió reiteradamente en incumplimiento al requerimiento; consideró además que esa conducta y de renuencia a cumplir con la determinación, es grave por obstaculizar que se lleve a cabo un procedimiento en donde están de por medio los derechos alimenticios de un menos, y que no se debe anteponer nada ante el interés superior del menor, por ello, debía imponerse una sanción para conminar a su cumplimiento a la autoridad que debe hacerlo. Lo anterior, en forma alguna amerita la concesión del amparo por violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente". Asimismo, resulta infundado el argumento que se hace valer relativo a que ha intentado dar cumplimiento a la determinación. También el juez responsable en el acuerdo del que se duele el quejoso, es decir el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el juicio especial de divorcio 1029/2020, en el cual determinó hacer efectiva la medida de apremio imponiéndole una multa de treinta Unidades de Medida de Actualización, toda vez que se requirió en diversas ocasiones a la parte quejosa Centro de Salud Domingo Orvañanos, perteneciente a la Secretaría de Salud, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México quien es una autoridad, para que informara las gestiones realizadas para acatar el descuento para la pensión alimenticia a Christian López Piedras, pues desde febrero a abril había transcurrido un tiempo excesivo y se estaban afectando los derechos de un menor, por lo que motivó la imposición de la multa, pues consideró que las actitudes renuentes de la autoridad, ante el cumplimiento a la determinación obstaculizó la impartición de justicia, que se incurrió reiteradamente en incumplimiento al requerimiento; consideró además que esa conducta y de renuencia a cumplir con la determinación, es grave por obstaculizar que se lleve a cabo un procedimiento en donde están de por medio los derechos alimenticios de un menor, y que no se debe anteponer nada ante el interés superior del menor, por ello, debía imponerse una sanción para conminar a su cumplimiento, determinación fundamentada en los artículos 1.134, 1.138, 5.8, 5.16 y 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Sin que a la fecha de la emisión del acto reclamado (veintiocho de abril de dos mil veintiuno), se haya desahogado el requerimiento efectuado. Tampoco asiste la razón a la parte quejosa cuando señala que la autoridad viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que la imposición de la multa causa agravio a su patrimonio en razón de que es de naturaleza coercitiva sin darle oportunidad de criterio la responsable, además de que la responsable atenta en su contra de nueva cuenta con una sanción consistente en de treinta Unidades de Medida de Actualización, dado que ha dado cumplimiento al requerimiento hecho. Se dice lo anterior, porque previo a imponerle la multa, se hizo sabedor de las consecuencias para el caso de no cumplir con el mandato jurisdiccional al que fue vinculado, es decir, el apercibimiento es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. Además, estimar que el apercibimiento no es un requisito que deba mediar antes de imponer una medida de apremio, implicaría equipararlas a infracciones por incumplimiento a disposiciones legales, lo cual no es admisible si se considera que participan de una naturaleza distinta, pues éstas son consecuencias jurídicas específicas que establece el órgano legislativo frente a conductas determinadas y que son del conocimiento de las personas desde la entrada en vigor del ordenamiento respectivo, en tanto que las medidas de apremio son herramientas de la autoridad judicial para que sus órdenes concretas se cumplan, ante cuyo desacato tiene la facultad para elegir discrecionalmente e imponer una sanción de entre las previstas limitativamente en la ley; y es precisamente esta discrecionalidad para determinar la medida de apremio aplicable a cada caso, lo que propicia inseguridad jurídica en los justiciables, que sólo se corrige con el apercibimiento previo. Ello es así, toda vez que no combaten o desvirtúan los razonamientos de la determinación reclamada, además de que dichos motivos resultan insuficientes para justificar el incumplimiento a la determinación del veintiocho de abril de dos mil veintiuno dictada en el juicio especial de divorcio 1029/2020. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, en su carácter de apoderado de la moral quejosa ***********, perteneciente a la Secretaría de Salud, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa; por lista a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe. Doy fe
- Principal
III. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa, el proveído del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por derecho propio, contra actos del Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 382/2021-III. La quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio 643/2019 del índice del juzgado responsable y la orden de desalojo del inmueble casa dúplex, número ciento treinta y tres B, ubicada en la calle circuito Hacienda de las Petunias manzana ochenta romano, lote número cuarenta y seis, en el Fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec, Municipio de Tultepec, Estado de México. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Para que se actualice la hipótesis de improcedencia anunciada, se requiere que: 1. Exista identidad de partes. 2. Sea el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así se ha reiterado en la tesis VII.P. 83 K, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 260 del Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Como se observa, la causal de improcedencia en estudio prevé el caso de litispendencia en el juicio de amparo. Cabe señalar que por litispendencia se debe entender que un conflicto de intereses jurídicamente regulado se encuentra pendiente de resolver, esto es, que aún no es cosa juzgada. Sus principios procesales son los de unidad del proceso del conocimiento, economía procesal y la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias. Para ello, debe existir identidad de: 1. Sujetos. 2. Objeto. 3. Pretensión. De manera que, a efecto de constatar la actualización de la causal de improcedencia aducida, importa mencionar que ante este órgano jurisdiccional la quejosa promovió el diverso juicio de amparo 256/2022-III (el cual se encuentra pendiente de quedar firme el auto que se tuvo por no presentada la demanda por no dar cumplimiento a lo solicitado en el mismo); donde reclamó los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables; lo que constituye un hecho notorio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XXI.3o. J/7 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, Materia(s): Común, Página: 804, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". En suma, se debe destacar que las autoridades y actos que se reclaman en ambos juicios de amparo son los mismos, y por ende, se hace patente la actualización de la causal de improcedencia anunciada. Lo que pretende evitar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, consiste en que se divida el conocimiento del proceso, para que, por economía procesal, no se realice un doble estudio de la misma situación, lo cual sería ocioso; ni que se emitan sentencias contradictorias, ya que ello redundaría en inseguridad jurídica. Aunado que también, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18, de la misma ley, que establecen que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; el segundo, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones señaladas en ese numeral; y el último, que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ello es así dado que resulta como hecho notorio, que en el capítulo correspondiente a los hechos narrados en su escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 256/2022-III, tuvo conocimiento de los actos aquí reclamados desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, si la demanda de amparo se recibió el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, claramente resulta extemporánea. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene la lista electrónica para oír y recibir notificaciones, ya que el domicilio señalado para tales efectos se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. Sin embargo por única ocasión notifíquesele personalmente. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones encomendadas. Se tienen por autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda, en los términos que refiere, para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 2 del Acuerdo General 8/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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