Silvino Rodolfo Olaya de la Vega

Expediente 1041/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1041/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Silvino Rodolfo Olaya de la Vega

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. ADMITE RECURSO DE QUEJA. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a esta potestad Federal, que por auto dictado por la presidencia de ese órgano colegiado, el seis de noviembre pasado, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ******************** ********************quien se ostenta como defensor particular de ********************, en contra del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, y lo registró bajo el recurso de queja ******************** del índice del citado Tribunal Colegiado; de lo que este órgano de Control Constitucional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en la circular 28/2023, firmada por el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que ante las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos se declaraban inhábiles los días diecinueve a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y, de manera retroactiva, el dieciséis, diecisiete y dieciocho del mes y año en cita, suspendiéndose los plazos y términos durante las fechas aludidas, con la precisión de que las actuaciones y diligencias que se hubieran celebrado subsistirían en su validez. Asimismo, que mediante avisos de veinticinco y veintiséis del mes y año que transcurren, emitidos por el titular de este Juzgado y por el Coordinador de las Juezas y Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, se declararon inhábiles pero laborables, los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, donde tampoco transcurrirían términos procesales. Y, que en la diversa circular 12/2023, signada por el aludido funcionario, se informó -en lo que interesa- que se declararon inhábiles los días uno, dos y tres de noviembre de dos mil veintitrés, donde igualmente no correrán los términos de ley. En relación con lo anterior, es menester señalar que, de los autos de este controvertido, se aprecia: 1. Que mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por María Lucila Báez Vázquez, agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, con sede en la Ciudad de México. 2. Que ese acuerdo se notificó por lista a las partes el cuatro siguiente y surtió efectos el cinco posterior. 3. Que tomando en consideración las circunstancias apuntadas, a más de los días inhábiles establecidos en el ordinal 19 de la Ley de Amparo, el plazo de ocho días que establece el diverso arábigo 117 de la legislación de marras, transcurrirá del seis de octubre al seis de noviembre de dos mil veintitrés. Consecuentemente al no mediar el plazo establecido por el último de los artículos supracitados, se difiere la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la quejosa y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el seis de octubre de dos mil veintitrés, y remitida el día hábil siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito en San Andrés Cholula, Puebla, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1041/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, otificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En primer término, debe precisarse que la parte quejosa acude a esta contienda constitucional en su carácter de imputado quien reclama del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro, con sede en Puebla (********************): La resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determina la no extinción de la acción penal y el incumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Del contenido de la demanda de amparo se aprecia lo siguiente: Por resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se desahogó audiencia de suspensión condicional del proceso a favor del quejoso, y se le impusieron diversas condiciones, a saber: "Artículo 195 fracción I. Residir en un lugar determinado. Siendo éste el ubicado en Calle Leyes de Reforma, manzana siete, lote nueve, Colonia Benito Juárez, Puebla. Artículo 195 fracción II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Se abstendrá de frecuentar o acercarse a lugares en los que pueda resultar el consumo o distribución de drogas o estupefacientes. Artículo 195 fracción IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de Control. Se propuso que el evaluado realice una firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares el primer martes de cada mes, por todo lo que dure la suspensión. Artículo 195 fracción XII. Abstenerse de país, durante el tiempo que dure la suspensión condicional del proceso. Adicionando la Jueza de control la establecida en el artículo 195 fracción VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de Control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Emplearse a favor de ********************, como vendedor de abarrotes en el domicilio ubicado en ********************Asimismo la Jueza de Control, adicionó la condición prevista en el artículo 195, fracción IV consistente en participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones. Mismas que se llevaran a cabo en la Dirección de la Juventud de Amozoc de Mota, Puebla, a partir del TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Suspensión condicional del proceso por una temporalidad de nueve meses. Para efectos de la reparación del daño, si bien es cierto que se trataba de un delito de riesgo, se ordenó la donación de cubrebocas y gel antibacterial por un importe de por lo menos $1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL)." De lo anterior, se deduce que el promovente se encuentra disfrutando del beneficio de la libertad personal. Bajo ese contexto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud que procede el recurso ordinario de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Reglas generales de la apelación "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De los preceptos legales transcritos, regulan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Por su parte, la aludida fracción VIII, del invocado numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, especifica que procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones del juez de control que se pronuncien sobre la procedencia, negativa o se la suspensión condicional del proceso, lo cual acontece en la especie. En efecto, como anteriormente se expuso, el acto reclamado materia del juicio de amparo que aquí se analiza, se hizo consistir en la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determina la no extinción de la acción penal y el incumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Por tanto, es evidente que la resolución dictada por la autoridad responsable, es apelable, en términos del artículo 467, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, de esta manera, si el recurso de apelación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia penal pueda instarlo y con base en él se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, ello, fundamentalmente porque el quejoso no se encuentra privado de la libertad personal. En otro aspecto, resulta relevante señalar que el juicio de amparo indirecto procede contra la negativa de autorizar la suspensión condicional del proceso, sin necesidad de agotar previamente el recurso de apelación siempre y cuando el quejoso se encuentre privado de su libertad personal, circunstancia que no acontece en la presente instancia, pues como se evidenció de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se le impuso la presentación y firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y el tener un trabajo, empleo u oficio, arte, industria o profesión para la subsistencia de dicha medida, entre otros, con lo cual se obtiene que se encuentra en libertad. De ahí que el quejoso previo a la promoción del juicio de amparo, debe agotar el recurso de definitividad establecido en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (11a.), que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE AUTORIZAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL PROCESO CORRESPONDIENTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si previo a promover juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de Control que niega la suspensión condicional del proceso solicitada debe agotarse o no el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que no debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la resolución del Juez de Control que niega la suspensión condicional del proceso solicitada, si el quejoso está privado de la libertad en el proceso relativo. Justificación: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo por falta de observancia al principio de definitividad, esto es, de interponer el recurso ordinario en contra del acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo; ese mismo precepto prevé los casos de excepción, entre los que se encuentran aquellos actos que afecten la libertad personal del quejoso, en el inciso a), los emitidos fuera del procedimiento penal, y en el inciso b), aquellos emitidos en el procedimiento penal, esto último se deduce de los casos que se enumeran en ese inciso, por ejemplo, la orden de aprehensión, la de reaprehensión, actos que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, la resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, la resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, entre otros, y de manera general se enuncia cualquiera otro acto que afecte la libertad del quejoso, salvo que se trate de la sentencia definitiva en materia penal; todos ellos actos que afectan la libertad de manera directa o indirecta y que se emiten en el procedimiento penal. Por otra parte, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el recurso de apelación en contra de la resolución que conceda, niegue o revoque la suspensión condicional del proceso; dicha solución alterna del procedimiento está prevista en los artículos 184, fracción II, y 192 a 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consiste en el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que refiere ese capítulo, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal; por lo cual, de concederse se suspende el proceso en los plazos determinados, poniéndose en libertad al imputado, para el caso de encontrarse detenido, y de no concederse, el quejoso continuará privado de su libertad como consecuencia positiva del resultado de esa determinación, por lo que debe considerarse que constituye un acto que afecta la libertad del quejoso; de ahí que se actualiza la excepción al principio de definitividad a que se refiere la última parte del inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Bajo esas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud que procede el recurso ordinario de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 160 y la fracción VIII, del artículo 467, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, por tanto, se le tiene señalando estos últimos para oír y recibir notificaciones, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos; ello con independencia de que señale domicilio personal en la residencia de este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación al caso la tesis aislada número XXII.1°.22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Sin que haya lugar a tener por autorizados el correo electrónico que indica, para oír y recibir notificaciones, ni los números telefónicos, pues dichos medios de comunicación no se encuentran previstos en la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó la consulta del presente expediente vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "********************", a nombre de******************** (defensor particular del quejoso), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa (por así haberlo solicitado expresamente); y, por cualquier medio de comunicación interna al oficial judicial "a" adscrito.

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