Silvia Juarez Torres

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Silvia Juarez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio III-2868/2021 proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el ocho de julio pasado, en el recurso de queja 84/2021, relativo al recurso de queja interpuesto en el presente sumario constitucional por la parte quejosa, en contra del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja hecho valer por Silvia Juárez Torres, contra del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 409/2021." En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente; efectúense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa... y mediante oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a esta potestad Federal, que por auto dictado por la presidencia de ese órgano colegiado, el veintisiete de mayo pasado, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Silvia Juárez Torres, en contra del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda planteada por la citada quejosa y lo registró bajo la queja 84/2021 del índice del citado Tribunal Colegiado; de lo que este órgano de Control Constitucional queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por Silvia Juárez Torres, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo 409/2021, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-, y mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 409/2021, así como el escrito original de demanda y los anexos que se acompañaron; además, hace del conocimiento la determinación que adoptó dicho órgano colegiado el diez de mayo de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo directo D-48/2021 de su estadística, atinente a no aceptar la competencia legal planteada por este Juzgado. En consecuencia, este órgano de amparo se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Ahora bien, el Tribunal Colegiado medularmente señaló que la determinación reclamada por la quejosa Silvia Juárez Torres, consistente en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el proceso 400/2012, en el cual se declaró la extinción de la acción penal por muerte de la procesada María del Carmen Cristina Merino Muñoz y, en consecuencia, se ordenó archivar la causa penal de origen como asunto concluido; no es una resolución que ponga fin al juicio, ya que no se advierte información alguna relativa a que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal de origen. En ese sentido y de acuerdo a las consideraciones expuestas por el Tribunal Colegiado, se provee la demanda planteada por Silvia Juárez Torres, en los siguientes términos. DESECHAMIENTO. Este juzgado considera que, respecto del acto reclamado antes precisado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Luego, como ya se dijo, la parte promovente acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la determinación dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en el proceso 400/2012, en el cual se declaró la extinción de la acción penal por muerte de la procesada María del Carmen Cristina Merino Muñoz y, en consecuencia, se ordenó archivar la causa penal de origen como asunto concluido. De lo antes indicado, es claro que la actuación reclamada constituye un proveído de trámite, como lo señala el numeral 38, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues -como ya lo determinó el tribunal de alzada- no resuelve la cuestión controvertida ni termina la instancia en la que se dictó, por no haberse decretado el sobreseimiento de la causa penal de origen. Ahora bien, el artículo 267 del mencionado código adjetivo, establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, contra la determinación que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues si aun cuando declaró la extinción de la acción penal y el archivo de la causa, lo cierto es que no decretó su sobreseimiento. Por tanto, la accionante de amparo está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama, ya que le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser víctima u ofendida, lo que implica que se encuentra facultada para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Bajo ese contexto, resulta evidente que si el auto reclamado no resuelve la controversia en definitiva, y en su contra no procede el recurso de apelación, en tanto que no se ubica en alguna de las hipótesis que señalan el transcrito artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla; por ende, es revocable, conforme al numeral 267 de la misma codificación. De esta manera, si el recurso de revocación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia penal pueda instarlo y con base en él se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Bajo esas consideraciones, la quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; de modo que, respecto de los actos sometidos a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia VI.1o.P. J/47 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." Sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b), c) y d) del mencionado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado por la quejosa no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, órdenes de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual la quejosa quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales, en relación con el acto analizado. Notifíquese personalmente a la parte promovente y mediante oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en vía de acuse de recibo.

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