Silvia Venegas Peñaranda

Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
522/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Silvia Venegas Peñaranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 522/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de julio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 522/2019-III, promovido por SILVIA VENEGAS PEÑARANDA y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda presentada el quince de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente a este juzgado federal, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Comisión Designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 522/2019-III, se admitió trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable señalada como Jefe del Departamento de Nóminas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (foja 35). La audiencia constitucional fue diferida en una ocasión y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda, residen las autoridades responsables y se ejecuta el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Comisión designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Actuario adscrito a la Comisión designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es: La orden de terminación del cargo como Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, así como su cambio de adscripción. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (fojas 31; 32; 33 y 34, así como 36 a 49). Lo anterior se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión, consistentes fotocopias certificadas del acuerdo emitido en sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que se ordena la conclusión de nombramiento de la hoy quejosa en el cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado y su reincorporación en el puesto de Actuaria Menor adscrita al Juzgado Primero Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, así como con la razón de notificación de once de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Actuaria adscrita a la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos (fojas 52 a 56). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además hayan sido objetadas. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión, aducen que el juicio de amparo deviene improcedente en razón de que los actos emitidos fueron en carácter de patrón, en un plano de coordinación al ser la conclusión de nombramiento una cuestión de índole laboral. Tales aseveraciones, se refieren a la causa de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es procedente el juicio de amparo, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos de éste; teniendo el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, con la salvedad que la propia norma contempla en tratándose de particulares cuando realicen actos equivalentes; lo que en el particular no se alega; siendo que en el caso que nos ocupa, la relación entre los entes del Estado que la impetrante señala con el carácter de autoridades responsables y ésta, no se ubican en este plano, sino una relación laboral, ya que, ostentando el carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en acuerdo emitido en sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, determinó en lo que interesa lo siguiente: "[.] se advierte que dicho servidor tiene el nombramiento de SECRETARIO DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA DE MANERA TEMPORAL E INTERINA, nombramiento que por las funciones que desempeña son consideradas de confianza conforme a lo previsto por el artículo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precepto el cual establece que son considerados de confianza los servidores públicos cuyas actividades impliquen funciones de dirección, de entre los cuales se encuentran los Secretarios de Acuerdos de Juzgado, relacionados con el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual clasifica como trabajador de confianza a los Secretarios de Acuerdos; además conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad de empleo, disfrutando únicamente de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social, disposición que faculta a éste órgano de control para que en cualquier tiempo dejen de surtir efectos los nombramientos que se les hayan otorgado. Bajo ese contexto, con fundamento arábigo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el ordinal 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 4º fracción XX inciso M de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se determina la conclusión de nombramiento de viene desempeñando la Licenciada VENEGAS PEÑARANDA SILVIA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA DE MANERA TEMPORAL E INTERINA ACTUALMENTE ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS, determinación que no implica el deber de escuchar a la servidor público, pues se toma con base en la relación laboral que la une a este Órgano Colegiado, es decir, no se actúa en un plano de supra a subordinación, por tanto, no existe obligación de otorgue la garantía de audiencia al afectado[.] [.]se le REINCORPORA COMO ACTUARIA MENOR ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO MENOR CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO [.] " (Sic) Así, del texto antes trascrito se advierte que el acto que emitió la autoridad responsable, no lo formula en su carácter de autoridad, sino como patrón en la relación laboral que la vincula que la hoy quejosa, lo cual fundamentó en términos del artículo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como en el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Artículos del texto siguiente: "ARTÍCULO *58.- El personal de la administración de justicia del Estado será de confianza o de base, de acuerdo con la naturaleza de la función que desempeñe. Son empleados de confianza, aquéllos cuya actividad implique funciones de dirección, administración, inspección o vigilancia. En su caso, es de aplicación supletoria de la presente ley, la del Servicio Civil del Estado de Morelos, teniendo las siguientes categorías: [.] II.- Secretarios de acuerdos de los juzgados, independientemente de las funciones que desempeñen, ya sea civiles, penales, y actuarios de los propios juzgados; [.]" Artículo *5.- Se consideran trabajadores de base aquellos que no sean eventuales y los que no se incluyan las funciones dentro del artículo 4 y en la siguiente clasificación de trabajadores de confianza: [.] III.- En el Poder Judicial: Los Jueces de Primera Instancia y Menores; el Oficial Mayor y el Secretario General de Acuerdos de cada uno de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos; los Secretarios de Acuerdos; los Secretarios de Estudio y Cuenta; los Actuarios y Notificadores de los Juzgados de Primera Instancia y Menores; los Administradores de Oficina; el Magistrado Visitador General; los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador General; el Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Estatal, Secretarios Particulares, Asesores; Coordinadores y el Director General de Administración. [.]" En tal sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, toda vez que manifiestamente carece de las notas distintivas de acto autoritario, las cuales son, con independencia de que en la realización del mismo intervenga una autoridad, que se emita ordene o disponga por esta en ejercicio de las facultades y competencia que le están legalmente reconocidas en su condición de autoridad; en términos del artículo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como en el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que los mismos impacten o afecten la esfera jurídica de los particulares al imponerse sobre los mismos, por encima de su voluntad, por tratarse de una determinación basada en el imperio de que goza la propia autoridad; y, finalmente, que dicho impacto se traduzca en una afectación manifiesta patente actual o inminente en dicha esfera jurídica del particular de que se trata. En otras palabras es menester, para que se repute como autoritario con todas sus características, que el acto que provenga de una entidad gubernamental del Estado, se caracterice por materializar una relación jurídica de supra a subordinación, que correlativamente al poder de que ordena o dispone, suponga el sometimiento inexorable de quien es el objeto de la orden o disposición, en definitiva, el sometimiento total del gobernado. Lo que en el particular no acontece, ya que se observa se trata de un acuerdo por el cual se ordena la conclusión anticipada de un encargo temporal y la consecuente readscripción a un diverso cargo, lo cual fue efectivamente emitido en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación, por lo tanto, dicho acto en el caso de ser realizado debe ser sometido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a efecto de defender o demandar el derecho que ostenta la hoy quejosa ante la conclusión del encargo temporal de Secretaria de Acuerdos. Se dice lo anterior puesto que los artículos 55, 117, fracción XX y 119, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 55.- El personal del Poder Judicial está integrado por todos los trabajadores que conforme a la presente ley colaboran con dicho carácter en la administración de justicia. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura Estatal, los Juzgados y demás oficinas administrativas que dependan de ellos contarán con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y dependerán del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura Estatal, según corresponda. ARTÍCULO *117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal: [.] XX.- Conceder licencia, por el término legal, al Presidente del Consejo, Consejeros, Jueces y demás personal con excepción de los señalados en la fracción XIV del artículo 29; [.] "ARTÍCULO *119.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal: [.] V.- Atender y controlar el funcionamiento administrativo del Poder Judicial y el buen desempeño de las labores de funcionarios y empleados, adoptando para ello los acuerdos y medidas que fueren necesarios; [.]" De los preceptos legales citados se advierte que, tratándose de la actuación del entonces Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, así como del Presidente de ese Órgano Estatal, relacionados con los aspectos laborales como el cese, baja o remoción de los servidores públicos judiciales, así como la atención y control del funcionamiento del Poder Judicial y el buen desempeño de las labores de funcionarios y empleados, la actuación que despliegan será con el carácter de patrón de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos y no como autoridad dotada de imperio. Así, la afectada tiene a su disposición el procedimiento burocrático instituido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo fundamento surge del artículo 40, fracción XX, de la Constitución Local, el cual establece que es facultad del Congreso expedir leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de los mismos. Asimismo, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 1, precisa que dicha ley es de observancia general y obligatoria y que tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos. El numeral 2 de la ley citada en el párrafo precedente, expone que el trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud del nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal; asimismo, el artículo 8 del mismo ordenamiento legal, señala que dicha ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado con sus trabajadores. A su vez, el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer los conflictos que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. De lo expuesto se advierte que en dicha ley se regula todo lo referente al vínculo que existe entre las instituciones públicas estatales y sus trabajadores, para los cual se establece la competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para conocer entre otros conflictos, los que se susciten con motivo del desempeño de las labores de los funcionarios, así como las medidas y acuerdos necesarios para el funcionamiento administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo tanto, resulta inconcuso que los actos reclamados a las autoridades responsables, no tienen el carácter de actos de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, al derivar del vínculo jurídico laboral que existe entre la quejosa y el Poder Judicial del Estado de Morelos como patrón. A más que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, no derivan de procedimiento de responsabilidades alguno, sino como ya quedó establecido, son actos emitidos por las autoridades señaladas como responsables en su carácter de patrón. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 111/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página: 444, rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." No obsta a lo anterior que la jurisprudencia transcrita aluda a una legislación de diversa entidad federativa, pues se trata de supuestos jurídicos semejantes, pues tanto en San Luis Potosí como en Morelos, con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, especializados para dirimir controversias de índole laboral que se susciten entre las dependencias públicas de las entidades federativas y sus trabajadores, el criterio sostenido en esta resolución fue confirmado en el recurso de queja 130/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo de este Circuito. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo tanto, se debe de sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades ya precisados en el considerando segundo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por cuanto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de julio de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  3. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de julio del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 522/2019-III, promovido por SILVIA VENEGAS PEÑARANDA y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por demanda presentada el quince de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada al día siguiente a este juzgado federal, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Comisión Designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 2 a 8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 522/2019-III, se admitió trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable señalada como Jefe del Departamento de Nóminas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (foja 35). La audiencia constitucional fue diferida en una ocasión y dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda, residen las autoridades responsables y se ejecuta el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Comisión designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Actuario adscrito a la Comisión designada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es: La orden de terminación del cargo como Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, así como su cambio de adscripción. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (fojas 31; 32; 33 y 34, así como 36 a 49). Lo anterior se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión, consistentes fotocopias certificadas del acuerdo emitido en sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que se ordena la conclusión de nombramiento de la hoy quejosa en el cargo de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado y su reincorporación en el puesto de Actuaria Menor adscrita al Juzgado Primero Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, así como con la razón de notificación de once de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Actuaria adscrita a la Comisión del Poder Judicial del Estado de Morelos (fojas 52 a 56). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además hayan sido objetadas. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión, aducen que el juicio de amparo deviene improcedente en razón de que los actos emitidos fueron en carácter de patrón, en un plano de coordinación al ser la conclusión de nombramiento una cuestión de índole laboral. Tales aseveraciones, se refieren a la causa de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que no es procedente el juicio de amparo, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos de éste; teniendo el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, con la salvedad que la propia norma contempla en tratándose de particulares cuando realicen actos equivalentes; lo que en el particular no se alega; siendo que en el caso que nos ocupa, la relación entre los entes del Estado que la impetrante señala con el carácter de autoridades responsables y ésta, no se ubican en este plano, sino una relación laboral, ya que, ostentando el carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en acuerdo emitido en sesión de ocho de abril de dos mil diecinueve, determinó en lo que interesa lo siguiente: "[.] se advierte que dicho servidor tiene el nombramiento de SECRETARIO DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA DE MANERA TEMPORAL E INTERINA, nombramiento que por las funciones que desempeña son consideradas de confianza conforme a lo previsto por el artículo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precepto el cual establece que son considerados de confianza los servidores públicos cuyas actividades impliquen funciones de dirección, de entre los cuales se encuentran los Secretarios de Acuerdos de Juzgado, relacionados con el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual clasifica como trabajador de confianza a los Secretarios de Acuerdos; además conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad de empleo, disfrutando únicamente de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social, disposición que faculta a éste órgano de control para que en cualquier tiempo dejen de surtir efectos los nombramientos que se les hayan otorgado. Bajo ese contexto, con fundamento arábigo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el ordinal 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 4º fracción XX inciso M de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos se determina la conclusión de nombramiento de viene desempeñando la Licenciada VENEGAS PEÑARANDA SILVIA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE PRIMERA INSTANCIA DE MANERA TEMPORAL E INTERINA ACTUALMENTE ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN JOJUTLA, MORELOS, determinación que no implica el deber de escuchar a la servidor público, pues se toma con base en la relación laboral que la une a este Órgano Colegiado, es decir, no se actúa en un plano de supra a subordinación, por tanto, no existe obligación de otorgue la garantía de audiencia al afectado[.] [.]se le REINCORPORA COMO ACTUARIA MENOR ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO MENOR CIVIL Y MERCANTIL DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO [.] " (Sic) Así, del texto antes trascrito se advierte que el acto que emitió la autoridad responsable, no lo formula en su carácter de autoridad, sino como patrón en la relación laboral que la vincula que la hoy quejosa, lo cual fundamentó en términos del artículo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como en el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Artículos del texto siguiente: "ARTÍCULO *58.- El personal de la administración de justicia del Estado será de confianza o de base, de acuerdo con la naturaleza de la función que desempeñe. Son empleados de confianza, aquéllos cuya actividad implique funciones de dirección, administración, inspección o vigilancia. En su caso, es de aplicación supletoria de la presente ley, la del Servicio Civil del Estado de Morelos, teniendo las siguientes categorías: [.] II.- Secretarios de acuerdos de los juzgados, independientemente de las funciones que desempeñen, ya sea civiles, penales, y actuarios de los propios juzgados; [.]" Artículo *5.- Se consideran trabajadores de base aquellos que no sean eventuales y los que no se incluyan las funciones dentro del artículo 4 y en la siguiente clasificación de trabajadores de confianza: [.] III.- En el Poder Judicial: Los Jueces de Primera Instancia y Menores; el Oficial Mayor y el Secretario General de Acuerdos de cada uno de los Tribunales que integran el Poder Judicial del Estado de Morelos; los Secretarios de Acuerdos; los Secretarios de Estudio y Cuenta; los Actuarios y Notificadores de los Juzgados de Primera Instancia y Menores; los Administradores de Oficina; el Magistrado Visitador General; los Jueces Auxiliares del Magistrado Visitador General; el Secretario General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Estatal, Secretarios Particulares, Asesores; Coordinadores y el Director General de Administración. [.]" En tal sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, toda vez que manifiestamente carece de las notas distintivas de acto autoritario, las cuales son, con independencia de que en la realización del mismo intervenga una autoridad, que se emita ordene o disponga por esta en ejercicio de las facultades y competencia que le están legalmente reconocidas en su condición de autoridad; en términos del artículo 58 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, así como en el artículo 5 fracción III de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que los mismos impacten o afecten la esfera jurídica de los particulares al imponerse sobre los mismos, por encima de su voluntad, por tratarse de una determinación basada en el imperio de que goza la propia autoridad; y, finalmente, que dicho impacto se traduzca en una afectación manifiesta patente actual o inminente en dicha esfera jurídica del particular de que se trata. En otras palabras es menester, para que se repute como autoritario con todas sus características, que el acto que provenga de una entidad gubernamental del Estado, se caracterice por materializar una relación jurídica de supra a subordinación, que correlativamente al poder de que ordena o dispone, suponga el sometimiento inexorable de quien es el objeto de la orden o disposición, en definitiva, el sometimiento total del gobernado. Lo que en el particular no acontece, ya que se observa se trata de un acuerdo por el cual se ordena la conclusión anticipada de un encargo temporal y la consecuente readscripción a un diverso cargo, lo cual fue efectivamente emitido en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación, por lo tanto, dicho acto en el caso de ser realizado debe ser sometido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a efecto de defender o demandar el derecho que ostenta la hoy quejosa ante la conclusión del encargo temporal de Secretaria de Acuerdos. Se dice lo anterior puesto que los artículos 55, 117, fracción XX y 119, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 55.- El personal del Poder Judicial está integrado por todos los trabajadores que conforme a la presente ley colaboran con dicho carácter en la administración de justicia. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura Estatal, los Juzgados y demás oficinas administrativas que dependan de ellos contarán con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y dependerán del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura Estatal, según corresponda. ARTÍCULO *117.- Corresponde al Consejo de la Judicatura Estatal: [.] XX.- Conceder licencia, por el término legal, al Presidente del Consejo, Consejeros, Jueces y demás personal con excepción de los señalados en la fracción XIV del artículo 29; [.] "ARTÍCULO *119.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura Estatal: [.] V.- Atender y controlar el funcionamiento administrativo del Poder Judicial y el buen desempeño de las labores de funcionarios y empleados, adoptando para ello los acuerdos y medidas que fueren necesarios; [.]" De los preceptos legales citados se advierte que, tratándose de la actuación del entonces Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, así como del Presidente de ese Órgano Estatal, relacionados con los aspectos laborales como el cese, baja o remoción de los servidores públicos judiciales, así como la atención y control del funcionamiento del Poder Judicial y el buen desempeño de las labores de funcionarios y empleados, la actuación que despliegan será con el carácter de patrón de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos y no como autoridad dotada de imperio. Así, la afectada tiene a su disposición el procedimiento burocrático instituido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuyo fundamento surge del artículo 40, fracción XX, de la Constitución Local, el cual establece que es facultad del Congreso expedir leyes relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores y la seguridad social de los mismos. Asimismo, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 1, precisa que dicha ley es de observancia general y obligatoria y que tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos. El numeral 2 de la ley citada en el párrafo precedente, expone que el trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud del nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal; asimismo, el artículo 8 del mismo ordenamiento legal, señala que dicha ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado con sus trabajadores. A su vez, el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer los conflictos que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. De lo expuesto se advierte que en dicha ley se regula todo lo referente al vínculo que existe entre las instituciones públicas estatales y sus trabajadores, para los cual se establece la competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para conocer entre otros conflictos, los que se susciten con motivo del desempeño de las labores de los funcionarios, así como las medidas y acuerdos necesarios para el funcionamiento administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, por lo tanto, resulta inconcuso que los actos reclamados a las autoridades responsables, no tienen el carácter de actos de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, al derivar del vínculo jurídico laboral que existe entre la quejosa y el Poder Judicial del Estado de Morelos como patrón. A más que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, no derivan de procedimiento de responsabilidades alguno, sino como ya quedó establecido, son actos emitidos por las autoridades señaladas como responsables en su carácter de patrón. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 111/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página: 444, rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." No obsta a lo anterior que la jurisprudencia transcrita aluda a una legislación de diversa entidad federativa, pues se trata de supuestos jurídicos semejantes, pues tanto en San Luis Potosí como en Morelos, con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, especializados para dirimir controversias de índole laboral que se susciten entre las dependencias públicas de las entidades federativas y sus trabajadores, el criterio sostenido en esta resolución fue confirmado en el recurso de queja 130/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo de este Circuito. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo tanto, se debe de sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades ya precisados en el considerando segundo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ...por cuanto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de julio de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de dieciséis de mayo del año en curso, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

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